El Bar-Restaurant Rambla de la Mina se ha convertido, desde el 18 de junio, en base de operaciones improvisada contra la avalancha de desalojos que ha vivido recientemente el barrio. Han sido casi dos semanas con lanzamientos programados y ejecutados cada tres días en esta zona entre Sant Adrià de Besòs y Barcelona. Todos ellos pisos públicos ocupados por unas sesenta familias que en la mayoría de los casos llevaban prácticamente nueve años residiendo allí. En total, hubo once desalojos, todos concentrados en el edificio del número 58 de la rambla de la Mina. Los cuatro primeros procesos de expulsión se pudieron revertir con la reocupación de las viviendas, mientras que los otros siete domicilios quedaron tapiados y los intentos de los vecinos de derribar la puerta fueron frustrados por parte de los Mossos d’Esquadra. La tensión vivida las últimas semanas, con una presencia policial constante en el barrio, parece haberse desvanecido temporalmente después de que el Consorcio de la Mina, propietario del inmueble, pidiera la suspensión de todos los desalojos previstos en el edificio vecino del número 1 de la calle Ernest Lluch.
«Quizás han visto la guerra que les hemos dado con un bloque y no quieren empezar con otro hasta que no terminen aquí», se plantea en Fernando Santiago, hijo de chabolistas del Camp de la Bota. Este joven de 28 años y su esposa fueron dos de las personas que la noche del 11 de julio de 2017 decidieron ocupar uno de los seis inmuebles del Consorcio que llevaba siete años que estaban vacíos, en su caso en el número 5 de la calle Anne Franch. Los pisos debían servir para realojar a los vecinos del bloque Venus, un edificio muy degradado que ya a principios de los 2000 se determinó que debía ir a tierra. Sin embargo, las diferencias entre las tasaciones de las viejas viviendas y el precio de los nuevos inmuebles -que tenían más metros cuadrados y, por tanto, eran más caros- resultaron un obstáculo insalvable para la mayoría de las familias. Como los afectados no tenían los recursos económicos para acceder al realojamiento, los pisos que se habían construido para ellos quedaron vacíos y sin adjudicar. Oficialmente, se mantenía que los domicilios se guardaban para los vecinos del Venus, pero el fracaso del primer proceso de expropiación paralizó el esperado realojamiento, dejando las viviendas en tierra de nadie.
Si no se ocuparon hasta siete años más tarde, fue porque estos estaban vigilados las 24 horas. Justo un mes antes de la ocupación, se destapó una trama de desvío de fondos públicos a clanes de la zona precisamente para llevar a cabo esta vigilancia, que costaba mensualmente más de 300,000 euros. En esta investigación, se vio salpicado un concejal y ex teniente de alcaldía de Sant Adrià, Juan Carlos Ramos, que fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Con la caída de la trama y los inmuebles sin vigilancia, los obstáculos que habían evitado la ocupación quedaban sin efecto. Además, llegó a oídos del vecindario que el Consorcio había cedido a la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) algunos de los domicilios para entregarlos a familias vulnerables de fuera del barrio como viviendas de protección oficial (HPO). «Conseguir un alquiler es muy difícil, prácticamente te pueden pedir como condición que traigas un unicornio, y tampoco tenemos los medios económicos para acceder a una hipoteca. Nosotros somos hijos de la Mina y no podíamos permitir que los pisos fueran a parar a gente de fuera, nos impulsó a ocupar la precariedad. Somos ocupas que no hemos quitado la casa a nadie«, afirma Santiago.
Desde que entró a vivir en el bloque de la calle Anne Frank, el joven ha vivido hasta tres intentos de desalojos, todos detenidos judicialmente. También ha tenido dos hijas y espera el tercero para finales de año. La fecha del próximo lanzamiento está fijada para el otoño. «Cuando nos echen, mi esposa estará embarazada de ocho meses… No será la primera vez que tenga que sacar cosas del piso por si acaso, pero es muy duro verse así, es una situación de vulnerabilidad real«, dice. Y añade: «No nos quedaremos bajo un puente, pero ¿cómo voy a casa de mis padres con tres hijos y la esposa?». Santiago espera pronto recuperarse completamente de la hernia que lo obligó a coger la baja hace un año y poder volver a trabajar como barrendero para una de las empresas que prestan el servicio en Barcelona, tal como ya habían hecho sus padres. «Buscaré trabajo bajo las piedras si es necesario, pero hay mucha inestabilidad porque todo son contratos temporales, no hay nada fijo», subraya.
El Venus no quiere ser moneda de cambio
En José Amaya ha vivido de cerca las dos realidades que confluyen en estos desalojos de pisos del Consorcio de la Mina. Este hombre de 36 años creció con sus seis hermanos en el bloque Venus, donde aún vive su padre, una de las tantas personas que no pudo acceder al primer realojamiento por limitaciones económicas. «Después de veinte años dejándote la piel para poder pagar tu casa, ahora te dicen que tienes que poner no sé cuántos miles más… Fue imposible«, recuerda. El verano de 2017, Amaya se vio en una situación insostenible. «Éramos doce personas en un piso de tres habitaciones y, cada vez que íbamos con mi esposa a preguntar al Consorcio, nos decían que no había pisos, aunque pudiéramos pagar un alquiler de hasta 500 euros», explica. Este escenario lo llevó a entrar en una de las viviendas vacías del edificio ubicado en el número 525 de la calle Ramon Llull. «No teníamos otra opción […] Nuestro salvavidas eran ellos [las administraciones] y nos dejaron tirados», lamenta.
En cuanto a su padre, continúa viviendo en el Venus como tantos otros inquilinos a la espera de poder trasladarse a uno de los 66 pisos repartidos en dos inmuebles de nueva construcción que deberían servir para acoger a los vecinos del degradado edificio. A diferencia de lo que pasó con el primer intento de realojamiento, estos domicilios tienen exactamente los mismos metros cuadrados que los del bloque antiguo, de manera que no debería haber problemas económicos en este sentido. «Si se hubiera hecho piso por piso antes, los otros edificios no habrían estado cerrados tanto tiempo«, dice Amaya, quien reconoce que su progenitor ya dio por perdida la primera promoción de viviendas cuando no fue capaz de pagar la diferencia entre las tasaciones. Oficialmente, desde las diferentes administraciones implicadas mantienen que el objetivo de los desalojos es poder destinar las viviendas liberadas a los inquilinos del degradado edificio adrianense. Así se ha justificado públicamente en diversas ocasiones.
«¿Y los 66 pisos que se aprobó construir en 2024? ¿No vale para nada eso? […] Están jugando con nosotros. No queremos ser moneda de cambio otra vez«, remarca contundente la Paqui Jiménez, vecina del Venus y alma mater del colectivo de afectados. Jiménez se muestra muy crítica con la gestión que está haciendo el Consorcio de la situación y considera que si ellos no fueron «lo suficientemente buenos para la administración» para acceder a las viviendas entonces, tampoco lo son ahora. «Son nueve años durante los cuales la gente ha construido sus familias, han echado raíces… Nosotros no queremos fastidiar a nadie ni entrar en ninguna guerra social en el barrio. No jugaremos, el problema no es nuestro», insiste, asegurando que han sido las autoridades las que han hecho mal las cosas desde el principio. Cabe recordar que, mientras se alarga todo este proceso, los vecinos de Venus arrastran ya dos décadas viviendo en unas condiciones muy precarias a la espera de la prometida demolición.
En busca de verdugos
Por su parte, desde el Sindicato de Vivienda de la Verneda – el Besòs -que acompaña y asesora a los afectados por los desalojos- apuntan que con esta posición el Consorcio quiere generar un enfrentamiento en el barrio con el objetivo de evadir la responsabilidad que tienen sobre una situación que han creado minimizando los recursos destinados a cubrir las necesidades de la Mina. «Has tenido sesenta pisos públicos vacíos durante siete años en plena crisis de vivienda y ahora quieres expulsar a gente que lleva nueve viviendo. Ha habido tiempo para estudiar los casos, pero apenas ahora están comenzando algunos afectados a entrar en la mesa de emergencia cuando podrían llevar al menos cinco años«, critican, señalando que se están recibiendo certificados de vulnerabilidad dos días antes de las fechas de desalojo. También recuerdan que a algunas de las familias se les prometió que se regularizaría su situación a través de un alquiler social alrededor de los 220 euros.
En todo caso, consideran que el escenario actual es el resultado de muchos años de inacción municipal y negligencia hacia la Mina, poniendo como ejemplo paradigmático el caso del Venus: «Como administración, decides demoler un bloque en una de las zonas de renta más baja y no das una respuesta a la altura. Pones condiciones para el realojamiento imposibles y, cuando ves que no las pueden cumplir, dejas a los vecinos en un impasse de años».
