La tarde del 11 de julio de 2017 se ocuparon medio centenar de pisos públicos en la Mina. Jéssica Blázquez fue una de las vecinas de este barrio a caballo entre Sant Adrià de Besòs y Barcelona que entonces decidió acceder a una de las viviendas, que llevaban cerca de siete años vacías y se repartían en seis bloques propiedad del Consorci de la Mina. «Si entramos fue porque necesitábamos un techo», asegura. Lo mismo hizo David, que en el momento de los hechos vivía en casa de su abuela con dos personas con discapacidad. «Los pisos se habían edificado en 2010 y, siete años después, no estaban adjudicados ni figuraban en ninguna lista. Me quedé sin trabajo y me uní a la ocupación por necesidad«, admite.
Este fue uno de los daños colaterales de la nefasta gestión que las administraciones hicieron con el bloque Venus, un edificio muy degradado que ya a principios de los 2000 se determinó que debía ser derribado. Las viviendas ocupadas debían servir para realojar a estos vecinos, pero las diferencias entre las tasaciones de los viejos pisos y el precio de las nuevas viviendas -que tenían más metros cuadrados y, por tanto, eran más caras- resultaron un obstáculo insalvable para la mayoría de las familias afectadas.
Como los afectados no tenían los recursos económicos para acceder al realojamiento, los pisos que se habían construido para ellos quedaron vacíos y sin adjudicar. Oficialmente, se mantenía que los domicilios se guardaban para los vecinos del Venus, pero el fracaso del primer proceso de expropiación paralizó el esperado realojamiento, dejando las viviendas en tierra de nadie. Si no se llegaron a ocupar hasta siete años después, fue porque estaban vigilados las 24 horas. Justo un mes antes de la ocupación, se destapó una trama de desvío de fondos públicos a clanes de la zona precisamente para llevar a cabo esta vigilancia, que costaba mensualmente más de 300.000 euros.
En esta investigación, se vio salpicado un concejal y ex teniente de alcaldía de Sant Adrià, Juan Carlos Ramos, que fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. También fueron imputados el líder del clan de Los Manolos, el Tío Cristina, y otro patriarca, el Trompeta, que lograron a través de una maniobra administrativa que se les adjudicara de manera indirecta la seguridad de estos bloques de pisos. Con la caída de la trama y los inmuebles sin vigilancia, los obstáculos que habían evitado la ocupación quedaban sin efecto.
La promesa de un alquiler social y punto final al bloqueo de Venus
Casi nueve años después de aquella tarde de julio, las personas que ocuparon entonces las viviendas se enfrentan a un proceso de desalojo que amenaza con dejar a unas sesenta familias -la mayoría vulnerables y sin alternativa- en la calle. «Aquí todos somos hijos de la Mina. Hay niños que han nacido en los pisos… Con esta inquietud no podemos dormir», lamenta Tamara Heredia, una de las afectadas. Uno de los primeros vecinos con fecha de lanzamiento fijada es Jonathan, que podría tener que abandonar la casa donde han nacido sus dos hijos de cuatro y dos años el próximo mes de junio. El joven es uno de los inquilinos que este lunes por la mañana participaba en una concentración en las puertas del Ayuntamiento de Sant Adrià para pedir la paralización de los desalojos. Lo hacía de la mano del Sindicat d’Habitatge de la Verneda – El Besòs, que está asesorando a los afectados en todo este proceso.
Más allá de la vulnerabilidad acreditada de buena parte de los residentes, el principal argumento al que se aferran los vecinos es el hecho de que se prometió a algunas de las familias que se regularizaría su situación a través de un alquiler social en torno a los 220 euros. Según explican, el compromiso se manifestó en varios momentos a lo largo de estos años y mientras se iba haciendo un seguimiento mensual de los casos tanto desde servicios sociales como desde el Consorci. «Nos fueron pidiendo documentación y la entregamos… Primero nos prometes un alquiler social y ahora nos quieres echar?«, se cuestiona Blázquez, que no entiende este cambio de criterio de las administraciones implicadas desde hace un año.
Tampoco lo hacen desde el Sindicato, que denuncian “opacidad” con toda la gestión de estos pisos. “Estos desalojos no son un hecho aislado. Desde principio de año, se ha desplazado a personas que vivían en los asentamientos de la Zona Franca, también en la Sagrera… Todo responde a una dinámica de expulsar y esconder bajo la alfombra la pobreza, que es precisamente lo que se quiso hacer cuando se construyó la Mina”, señala uno de los portavoces de la entidad, dirigiendo la mirada a la Generalitat y a los gobiernos municipales del PSC en Barcelona y Sant Adrià, que tienen representación en el Consorci.
Todo esto coincide en el tiempo con los primeros realojamientos y pagos de indemnizaciones a los vecinos del bloque Venus, un proceso que se reactivó en febrero de 2021 después de una década de bloqueo y que ahora comienza a ver los primeros frutos. Cabe recordar que los afectados han tenido que vivir cerca de dos décadas en unas condiciones muy precarias a la espera de la prometida demolición. En este sentido, desde las administraciones argumentan que el objetivo de los desalojos es poder destinar las viviendas liberadas a los inquilinos del degradado edificio adrianense. «Si en 25 años no se ha podido solucionar el problema de Venus, no es porque haya bloques ocupados«, defienden desde el Sindicato, que considera que el Consorci solo busca una excusa para poder ejecutar estos lanzamientos. No acaba de esclarecerse si los mismos vecinos de Venus estarían interesados en un realojamiento en estos bloques, dado que en su momento ya los dieron por perdidos y que muchos están optando por compensaciones económicas y reubicaciones en otras zonas o edificios.
En todo caso, las sesenta familias en riesgo de desalojo avisan que, si las administraciones no acceden a reunirse con ellos, habrá movilizaciones que podrían traducirse en cortes de tráfico en grandes arterias barcelonesas. «Nosotros no queremos vivir gratis, solo que se nos escuche, se verifique la documentación y se otorgue el alquiler social a quien lo requiera. Queremos respuestas y, si no nos las dan, empezaremos a mover cosas», afirman.
La versión del Consorci de la Mina
Fuentes del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat consultadas por el TOT Barcelona precisan que actualmente hay 58 viviendas ocupadas ilegalmente, 39 de las cuales con una notificación de desalojo. Apuntan que los inquilinos de estos pisos hace años que recibieron notificaciones donde se les informaba que debían abandonarlos y aseguran que el proceso se ha retrasado porque era necesario aprobar previamente el plan de expropiaciones del edificio Venus y desplegar sus medidas. Las mismas voces indican que todas aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad serán atendidas por la mesa de emergencia de Sant Adrià y mantienen que la intención sigue siendo que las viviendas se destinen completamente a realojar vecinos del bloque Venus.
