La Mina no ha sido este lunes el escenario de ningún desalojo. Y esto es noticia, después de casi dos semanas con lanzamientos programados y ejecutados cada tres días en el barrio. Esta mañana había uno programado en el edificio ubicado en el número 1 de la calle de Ernest Lluch, pero el proceso se ha detenido después de que el Consorci de la Mina haya solicitado la suspensión cautelar. Fuentes cercanas al caso han explicado al TOT Barcelona que desde el organismo no se había avisado a los Mossos d’Esquadra de que se trataba de uno de los desalojos de la sesentena de pisos públicos ocupados -la mayoría de los cuales situados en la rambla de la Mina- y que, por tanto, tampoco había suficientes efectivos disponibles para llevarlo a cabo. En caso de haberse ejecutado, este habría sido el undécimo lanzamiento completado desde el pasado 18 de junio. A pesar de la actuación policial, las familias afectadas pudieron volver a ocupar cuatro de los diez domicilios desalojados solo unas horas más tarde forzando la puerta.
Cabe recordar que estas viviendas repartidas entre seis bloques propiedad del Consorci fueron ocupadas la noche del 11 de julio del 2017 después de siete años vacías. Los inmuebles tenían que servir para realojar a los vecinos del bloque Venus, un edificio muy degradado que ya a principios de los 2000 se determinó que debía derribarse. Sin embargo, las diferencias entre las tasaciones de los viejos pisos y el precio de las nuevas viviendas -que tenían más metros cuadrados y, por tanto, eran más caras- resultaron un obstáculo insalvable para la mayoría de las familias afectadas. Como los afectados no tenían los recursos económicos para acceder al realojamiento, los pisos que se habían construido para ellos quedaron vacíos y sin adjudicar. Oficialmente, se mantenía que los domicilios se reservaban para los vecinos del Venus, pero el fracaso del primer proceso de expropiación paralizó el esperado realojamiento, dejando las viviendas en tierra de nadie.
Los tribunales avalan la recuperación de tres de los cuatro pisos
Casi nueve años después de aquella noche de julio, las personas que ocuparon entonces las viviendas se enfrentan a un proceso de desalojo que ya ha dejado seis familias -la mayoría vulnerables y sin alternativa- en la calle. Más allá de la vulnerabilidad acreditada de buena parte de los residentes, el principal argumento al que se aferran los vecinos es el hecho de que se prometió a algunas de las familias que se regularizaría su situación a través de un alquiler social alrededor de los 220 euros. Esta situación es uno de los argumentos que ha impulsado la reocupación de los pisos una vez desalojados. Se da la circunstancia de que los tribunales han avalado tres de estas cuatro reocupaciones, alegando que no hay «motivos de urgencia» para proceder al desalojo exprés, dado que nada hace pensar que el realojamiento de Venus deba ser inminente. También argumentan que la medida no sería «proporcionada», ya que los afectados son familias vulnerables y el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs no les ha ofrecido una alternativa «razonable».
