El mercado de la vivienda es una selva. Encontrar un piso a un precio asequible en Barcelona se ha convertido en una misión imposible. La mayoría de los ciudadanos tienen dificultades para acceder a las condiciones impuestas por propietarios e inmobiliarias. Sin embargo, hay familias enteras que quedan directamente excluidas del parque de alquiler. Es el caso de Saray Langarita, una joven de 28 años que había vivido toda su vida en la zona de Polvorí, un barrio a los pies de la cara oeste de Montjuïc. La mujer tuvo que abandonar su barrio porque no encontraba nada que pudiera pagar con su pareja y terminó instalándose en un piso en Sant Roc, en el municipio de Badalona. «Pagábamos 700 euros, un dineral para nosotros. Aguanté un año, pero entre alquiler y suministros no podía más. Estaba embarazada de cinco meses y pensaba en qué le podría dar a mi bebé si ni siquiera tenía yo para comer«, explica en una conversación con TOT Barcelona. Fue entonces cuando recibió el aviso de un familiar: un piso de protección oficial del Polvorí había quedado vacío tras la muerte del último inquilino, que tenía un alquiler vitalicio. Langarita no lo pensó dos veces.
Así fue como la mujer terminó viviendo hace cuatro años en uno de los domicilios del número 23 de la calle del Segura. Se empadronó y desde el primer momento contactó con la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC), propietaria de todo el inmueble. La administración se ha negado en todo momento a hacerle un alquiler social. De hecho, su caso ni siquiera ha sido valorado por los servicios de mediación municipales, de modo que no cuenta con el correspondiente informe de vulnerabilidad, a pesar de cumplir los requisitos para optar a él. En este tiempo residiendo en el piso, la joven ha sido madre de otro bebé y en el año 2023 tuvo que enfrentar un primer intento de desalojo que se pudo aplazar in extremis en los despachos. La siguiente fecha de lanzamiento está fijada para el próximo 29 de mayo. «Ese lo pudimos detener, pero este segundo… Solo me dicen que me quieren fuera, no quieren negociar. Ahora estoy en el paro y no tengo ninguna alternativa», lamenta. Langarita -que está asesorada por el Grupo de Vivienda de Sants– tampoco puede acogerse a la mesa de emergencia porque, al estar ocupando un piso de propiedad pública en Barcelona, no tiene derecho a optar a otro, un extremo que no se aplica en otros municipios vecinos como por ejemplo Sant Adrià de Besòs.
Heredar un piso de alquiler para que no quede vacío
El suyo es uno de los casos de desalojo de familias vulnerables que está impulsando la Generalitat y que el movimiento pro vivienda denunció el pasado viernes en una acción conjunta a las puertas de la sede de la AHC. Solo en la capital catalana, se han detectado al menos una decena de situaciones como la que vive la mujer del Polvorí. La mitad de estas se concentran en la Vía Trajana, una zona al límite entre la capital catalana y Sant Adrià donde históricamente se realojaron muchos barraquistas y que aún mantiene muchos pisos públicos en régimen de alquiler vitalicio. Es el caso de Nerea, otra joven de 28 años que desde hace cuatro años vive en el piso donde sus abuelos habían vivido toda la vida, ahora también propiedad de la AHC. Ellos tenían uno de estos alquileres y, cuando fallecieron, las nietas se quedaron en la vivienda a la espera de poder acceder a una alternativa. La administración ya inició entonces un primer proceso de desalojo contra la hermana de la joven, que finalmente logró que se le ofreciera un alquiler asequible. Sin embargo, su situación económica mejoró y la nieta mayor se fue a vivir a otro domicilio. Nerea se quedó con sus hijos de ocho, seis y tres años en el piso porque no tenía otra opción, pero la Generalitat se negó en todo momento a negociar una solución con ella.
«Los vecinos de la escalera me conocen de toda la vida y quieren que nos quedemos aquí. Incluso me pagaron entre todos un abogado», aseguraba la mujer en un reportaje publicado hace dos meses en este medio. A finales de septiembre se pudo detener un primer lanzamiento y ya hay nueva fecha fijada para principios de junio. Nerea está apuntada a la mesa de emergencia de Sant Adrià, aunque de momento no tiene noticias del consistorio adrianense. También ha intentado acceder al mercado libre, pero su situación económica le hace imposible encontrar algo que pueda pagar, ya que sus únicos ingresos actualmente son una ayuda de unos 1.200 euros. Mientras tanto, en su finca hay una vivienda pública que lleva más de un año vacía y cerrada. Un sinsentido que -según denuncian las entidades pro vivienda- es bastante habitual y explica por qué muchas veces es el mismo vecindario el que suele movilizarse para conseguir que quien entre a vivir en el domicilio sea una familia del barrio antes que alguien lo pueda ocupar para destinarlo a actividades fraudulentas.
No muy lejos del piso de Nerea vive Carles Aparicio. Este hombre de 53 años lleva seis que volvió a la casa donde creció y que su madre mantiene con un alquiler vitalicio. Cuando ella tuvo que ingresar en una residencia, él se quedó en el domicilio con su hija de once años. Aparicio fue drogadicto, pero lleva más de siete años limpio. La madre de la pequeña no quiso saber nada de ella, así que el hombre la ha criado todos estos años solo. Tiene unos ingresos de unos 1.100 euros mensuales. «Dicen que no me quieren desalojar, pero tampoco me dejan quedarme ni poner el piso a mi nombre», señala, remarcando que tanto él como su hija tienen la vida montada en el barrio. El afectado ha intentado encontrar alternativas en la zona a través del mercado libre y también vía los servicios sociales. No ha habido manera. «Con 1.100 euros y un niño, ¿dónde quieren que vaya? Que me lo expliquen», sentencia el inquilino, que aún no tiene fijada una fecha de desalojo. Tanto su caso como el de Nerea los lleva el Sindicato de Vivienda de la Verneda – El Besòs, que les apoya y asesora en todo el proceso.
Una vía de regularización cerrada
La acción de protesta impulsada el viernes pasado por diferentes entidades pro vivienda barcelonesas con el apoyo de la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña (COSHAC) ya ha dado los primeros frutos. Según ha podido saber TOT Barcelona, la Agencia de la Vivienda de Cataluña se ha comprometido a revisar los casos con fecha de desalojo fijada y suspender cautelarmente los lanzamientos si las familias cumplen los requisitos, se encuentran en situación de vulnerabilidad y no tienen propiedades. Sin embargo, desde los sindicatos alertan que este paso no es garantía de la apertura de un proceso de resolución alternativo a los desalojos, como podría ser la regularización de la situación de las familias con otorgamiento de alquileres sociales. De hecho, la misma administración les ha confirmado que desde 2022 se ha cerrado esta vía, lo que explicaría el aumento significativo de los lanzamientos impulsados por Institut Català del Sòl (INCASÒL) detectado en los últimos años. Cabe recordar que el reglamento permite legalizar a los residentes de pisos públicos si hace al menos dos años que viven en el domicilio.
