Olalla llevaba nueve años viviendo en el número 60 de la calle Buenos Aires, a la altura de Casanova. El piso lo encontró el que entonces era su marido a través de una inmobiliaria ubicada a pocos metros de este edificio esquinero, que da a la avenida Diagonal. La familia se instaló en el domicilio con sus tres hijos menores, uno de 10 años y dos de 8 años. Con el estallido de la pandemia del coronavirus, dejaron de poder pagar puntualmente el alquiler y acumularon una deuda de cinco mensualidades. Poco después, la mujer de 40 años se separó del hombre y logró ir pagando el recibo, reduciendo la deuda hasta solo dos mensualidades. Los 1.500 euros de alquiler seguían siendo demasiado para una madre soltera, pero la situación se hizo totalmente insostenible cuando se quedó en el paro. En paralelo, el proceso de desahucio por impago ya estaba en marcha, culminando con la fijación de la fecha de lanzamiento para este martes por la mañana.
El propietario de la que ha sido su casa durante estos años y de toda la finca es el entramado empresarial New Amsterdam Developers (NAD), un fondo inversor holandés con decenas de activos inmobiliarios en la ciudad. Su modus operandi es siempre el mismo: dejar vencer los contratos para expulsar a los inquilinos y así poder fragmentar los pisos en habitaciones y alquilarlas por separado a precios mucho más altos. NAD había cedido a la empresa Enter Coliving la gestión de cerca de 200 viviendas, entre las cuales había muchos de los domicilios del número 60 de la calle Buenos Aires. De hecho, la compañía puso en el mercado de alquiler cerca de una veintena de pisos en este inmueble comercializándolos por habitaciones. El caso de Olalla es uno de los casos que se ha destapado a raíz de la ofensiva del movimiento pro vivienda contra la actividad de los colivings y, en concreto, contra NAD, que también es propietario del bloque Sant Agustí y del bloque Papallona.
Precisamente como resultado de esta lucha vecinal, hace unos meses supimos que Enter Coliving había decidido romper con el fondo de inversión holandés, de modo que el gigante inmobiliario tuvo que crear con dos nuevos socios una nueva empresa, New Nomads, para comercializar las habitaciones de sus domicilios. Actualmente, esta firma tiene anunciadas en los principales portales inmobiliarios varias de estas estancias con precios que vulneran flagrantemente el tope de alquiler y que llegan hasta los 980 euros mensuales. Las ofertas indican que «no se admiten empadronamientos» y que las habitaciones «no constituyen vivienda habitual, ni de temporada para satisfacer necesidades laborales, profesionales, de estudios, médicas o similares». En lugar de eso, la estancia debe servir para «finalidad recreativa, destinada exclusivamente a estancias temporales por motivos de ocio, culturales o vacacionales», aunque se precisa que la estancia mínima es de 31 días para evitar regirse por la regulación de las viviendas de uso turístico.
Una semana de respiro
Para evitar que NAD pueda hacer lo mismo con el piso de Olalla, medio centenar de personas se han concentrado desde primera hora de la mañana en las puertas de este edificio de la parte alta del Eixample, una zona donde no es nada habitual ver concentraciones del movimiento pro vivienda para evitar desalojos. La movilización ha sido convocada por el Sindicato de Inquilinas, la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña (COSHAC) y el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña (SHSC), que han unido fuerzas una vez más para intentar detener el lanzamiento, como ya hicieron con el primer desalojo previsto en el bloque Sant Agustí.
La protesta ha dado sus frutos y el desalojo se ha podido aplazar una semana, hasta el próximo 20 de mayo. Los Mossos d’Esquadra no tenían este martes suficientes efectivos para poder ejecutar el lanzamiento, ya que muchos de los agentes estaban desplegados sobre el terreno siguiendo la huelga del sector educativo. De nada ha servido que la mujer tuviera el certificado de vulnerabilidad social, emocional y económica agravada, unos menores a cargo en custodia compartida ni que se le haya condonado la deuda adquirida por el impago del alquiler a través de la Ley de la segunda oportunidad.
Aviso para navegantes
La movilización de este martes quiere ser un aviso para navegantes dirigido al fondo inversor, dado que el próximo 29 de mayo está fijado el desalojo de Marga Aguilar, una de las caras visibles de la lucha del bloque Papallona, donde vive desde 1992. Su intento de lanzamiento se prevé multitudinario, sobre todo después de que las últimas semanas se haya hecho público que las obras para diseccionar los pisos en habitaciones han causado daños estructurales en este inmueble protegido como patrimonio.
