Cerca de medio centenar de personas se han concentrado este viernes por la mañana a las puertas de la sede de la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC), en el número 92 de la calle de la Diputación. Lo han hecho en protesta por el desalojo de familias vulnerables que está impulsando la Generalitat en varios puntos de la capital catalana. Solo en los próximos dos meses, hay previstos dos lanzamientos de inquilinos que llevan más de cuatro años viviendo en pisos propiedad de la administración. En ambos casos, hay menores residiendo en los domicilios y las familias no tienen una alternativa de vivienda a su alcance. También se da la circunstancia de que se ven excluidas de la mesa de emergencia porque, al estar ocupando un piso de propiedad pública en Barcelona, no tienen derecho a optar a otro, una situación que no se aplica en otros municipios vecinos como por ejemplo Sant Adrià de Besòs.
La convocatoria de la acción la han hecho el Sindicato de Vivienda de la Verneda – El Besòs, el Grupo de Vivienda de Sants, el Sindicato de Barrio del Poble-sec, el Sindicato de Vivienda de les Corts y la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña (COSHAC). Entre las diferentes entidades, tienen una decena de casos de familias vulnerables que residen en viviendas propiedad de la Generalitat en la ciudad y que están amenazadas de desalojo. La mitad de estos se concentran en la Vía Trajana, una zona al límite entre la capital catalana y Sant Adrià donde históricamente se realojaron muchos barraquistas y que aún mantiene muchos pisos públicos en régimen de alquiler vitalicio. Todos los intentos de regularizar la situación de estos inquilinos han resultado infructuosos. La Agencia de la Vivienda de Cataluña ha decidido continuar adelante con los procesos de expulsión sin querer avenirse a negociar alquileres sociales, a pesar de tener un alto porcentaje de pisos vacíos y en desuso y a pesar de que la Ley permite legalizar a los residentes si hace al menos dos años que viven en el domicilio.
Bloqueo a la regularización y colapso de la mesa de emergencia
Desde el movimiento por la vivienda denuncian que casos como estos no son aislados, sino que responden a un cambio de tendencia que han detectado en los últimos años por la cual se ha endurecido la postura de la administración. «Hay un bloqueo de las vías de regularización de casos para firmar alquileres sociales, se expulsan familias sin ofrecer ninguna alternativa y hay una falta de voluntad para sentarse a negociar vías de resolución de los conflictos», afirman. Esta percepción sobre el terreno se sustenta con los datos. Según una información avanzada por La Directa, solo durante el 2025 se ejecutaron 203 lanzamientos en pisos propiedad de la Generalitat, un 24% más que el año anterior. Además, se da la circunstancia de que la mesa de emergencia de Barcelona batió el pasado mes de septiembre su récord particular con un total de 785 solicitantes. Por todo esto, piden la apertura de una mesa de negociación para tratar cada uno de los casos y que se detengan tanto los dos procesos de desalojo con fecha fijada como aquellos que están pendientes de calendario.
