Ali Maassou tiene miedo de regresar a lo que había sido su barrio. Este hombre de 46 años llegó a la zona de Sants-Badal en 2008. Logró alquilar un piso en el número 44 de la calle Ventura Plaja y durante un tiempo vivió allí sin problemas. Su pesadilla particular comenzó cuando se instaló un narcopiso en uno de los domicilios de su edificio. La convivencia se hizo complicada y, con el nacimiento de su hija, insostenible. En este contexto, la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) compró el inmueble entero en 2017 y el hombre aprovechó para trasladar al nuevo responsable sus quejas por la situación que se vivía en la finca.
«Pensaba que esto nos salvaría, pero los problemas continuaron», lamenta Maassou en una conversación con el TOT Barcelona. Durante todo este tiempo, las amenazas por parte de los narcotraficantes fueron una constante. Desde mensajes escritos en la puerta del domicilio a coacciones verbales mientras uno de los individuos blandía un machete de grandes dimensiones. «Si aquel día no hubiera habido vecinos en la escalera, quién sabe…», explica el afectado mientras un escalofrío recorre su cuerpo.
Los criminales fueron eventualmente desalojados del edificio. Lejos de terminar aquí el conflicto, Maassou y su familia continuaron recibiendo amenazas prácticamente cada vez que salían a la calle, ya que los narcotraficantes seguían residiendo en el barrio y los culpaban de su expulsión de la finca. Así lo denunciaron a los Mossos d’Esquadra en varias ocasiones. La situación llegó a tal punto que su esposa incluso decidió regresar una temporada a Marruecos con la hija de la pareja por seguridad. Unos amigos del hombre se instalaron con él temporalmente para apoyarlo. En medio de este clima de tensión, comenzó una reforma estructural del inmueble.
Los vecinos fueron realojados progresivamente y en 2024 le llegó el turno a nuestro protagonista. Fue reubicado en un bloque de pisos de la travesera de les Corts también propiedad de la Generalitat. «Nos dijeron que serían unos cinco o seis meses y ya llevamos casi dos años. Estamos empadronados, hemos cambiado de escuela a la pequeña […] La vida es un poco más fácil aquí», afirma. A pesar de la distancia que ahora lo separa de su anterior domicilio, cada vez que regresa al barrio para hacer gestiones o cuando lo atraviesa para ir a otro lugar, las coacciones continúan.
Ante este escenario, los afectados pidieron a la AHC que les permitiera quedarse en el piso de la travesera de les Corts. Lo hicieron aportando las diferentes denuncias policiales y diversas pruebas que corroboran las amenazas. También añadieron las firmas de los vecinos del nuevo bloque, que los apoyan en esta reclamación, sobre todo teniendo en cuenta que hay viviendas vacías desde hace tiempo en la finca. La respuesta de la administración fue negativa.
Desde la Generalitat se limitaron a decir que la familia es conocedora de que vive realojada de manera «provisional y temporal mientras se ejecutan las obras de rehabilitación del edificio» y que, en el momento de regresar al inmueble, «esas amenazas podrían haber desaparecido». El comunicado de la agencia catalana cayó como un jarro de agua fría sobre Maassou. «No es que me guste más una zona u otra o que me niegue a volver, la cuestión es que hay un riesgo real», defiende el hombre, que ha tenido que recibir tratamiento médico por la ansiedad que le provoca esta situación. No es el único. También su hija de cuatro años arrastra problemas comunicativos que los especialistas consultados atribuyen a un miedo sobrevenido probablemente relacionado con este contexto familiar.
🔥L’Agència Catalana d’Habitatge ignora amenaces de mort🔥
— Sindicat d’Habitatge de les Corts (@sh_lescorts) April 6, 2026
Avui fem públic el cas de l’Ali, un veí del barri a qui l’Agència Catalana d’Habitatge el vol obligar a tornar a un pis on ha rebut durant anys amenaces de mort. pic.twitter.com/pxkCvrxC7l
Sin alternativas a pesar de las coacciones denunciadas
Su caso fue denunciado públicamente por el Sindicat d’Habitatge de les Corts a principios del pasado abril. Un mes y medio después, Maassou no ha conseguido que nadie lo reciba en persona para estudiar su situación. Con el objetivo de reclamar esta audiencia con la AHC, el hombre fue una de las personas que participaron el pasado viernes en una acción de protesta a las puertas de la sede de la agencia catalana, en el número 92 de la calle Diputación. Por ahora, todo han sido negativas por parte de la Generalitat, que ha denegado en varias ocasiones su petición de quedarse en el nuevo domicilio, pero que tampoco le ofrece una alternativa, más allá del regreso a su antiguo edificio, a pesar de ser conocedora de las amenazas. «Regresar al barrio es peligroso, pero, si no lo hago, me querrán desalojar», lamenta el padre de familia.
En paralelo, Maassou ha intentado encontrar alternativas en el mercado libre de alquiler, pero la escalada de precios en la capital catalana complica que pueda acceder a una nueva vivienda. Sin embargo, el hombre no se ha quedado de brazos cruzados ante esta situación. Decidió hace un tiempo dejar su trabajo y tomar el paro que tenía acumulado para preparar el examen para convertirse en conductor de autobús. Ha suspendido la primera convocatoria de la prueba de circulación, pero está practicando con empeño para poder aprobar la segunda fecha. «Voy contra reloj en busca de otro piso de alquiler. Por eso también me estoy sacando el carnet de autobús, para ver si así puedo ganar un poco más y no tengamos que volver al piso. Este es mi objetivo», asegura con convicción.
Tanto Maassou como su familia han pedido explícitamente no aparecer fotografiados en este reportaje por miedo a posibles represalias.
