El desalojo de Olalla tiene un simbolismo especial. No solo porque el piso donde ha vivido los últimos nueve años se encuentra a escasos metros de la avenida Diagonal, una barrera física que -al menos en su tramo central- parece impedir que los efectos de la crisis de la vivienda trasciendan hacia la parte alta de la ciudad. También porque en el edificio del número 60 de la calle de Buenos Aires donde reside tiene su sede central el entramado empresarial New Amsterdam Developers (NAD), un fondo inversor holandés con decenas de activos inmobiliarios en la ciudad, entre los cuales el domicilio de esta mujer de 40 años con tres hijos menores a cargo. Este gigante inmobiliario es el propietario de todo el edificio, donde ha puesto en práctica su modus operandi habitual: dejar vencer los contratos para expulsar a los inquilinos y así poder fragmentar los pisos en habitaciones y alquilarlas por separado a precios mucho más altos.
El caso de Olalla es particular porque el proceso de desalojo se inició por el impago de unas mensualidades, de las cuales ha sido condonada a través de la Ley de la segunda oportunidad. Dado que la mujer tiene el certificado de vulnerabilidad social, emocional y económica agravada, NAD podría avenirse a renovarle el contrato con un alquiler social, pero se ha negado en todo momento a sentarse a la mesa para negociar. Esto hizo que medio centenar de personas se concentraran hace apenas una semana en las puertas del inmueble para evitar el lanzamiento de la mujer. La presión ciudadana y la falta de efectivos disponibles de los Mossos d’Esquadra, que estaban desplegados siguiendo la huelga del sector educativo, lograron aplazar la fecha hasta este miércoles, 20 de mayo. Una semana que ha sido un pequeño balón de oxígeno, pero del todo insuficiente para poder encontrar una solución pactada o una alternativa de vivienda para la familia.
A pesar del poco margen conseguido, la mujer se abrazaba emocionada a todas las personas que se habían presentado para apoyarla. Entre los concentrados había rostros conocidos como el de Josep Torrent, vecino y cara visible de la lucha de la Casa Orsola, un edificio ubicado en la intersección entre las calles de Calàbria y el Consell de Cent que se convirtió en un verdadero símbolo de la revuelta arrendataria contra la especulación. También un estandarte de la ofensiva del movimiento pro-vivienda contra la actividad de los colivings como la Rosario Castillo, la última vecina de toda la vida que resiste en el número 69 de la calle Entença. El resto de los once pisos de su edificio se han convertido progresivamente en un coliving desde que Vandor compró todo el edificio en 2021. Esta inmobiliaria es propiedad del gigante inversor británico Patron Capital y, desde su fundación en 2019, ha adquirido solo en Barcelona 193 pisos que tenían contratos de alquiler vigentes.
Ahora bien, quizá el apoyo que puede tener un papel más decisivo es el de los vecinos del bloque Sant Agustí y del bloque Papallona, ambos también propiedad de NAD. En representación del primero, acudió Txema Escorsa, el primero de los vecinos del número 14 de la calle de Sant Agustí de Gràcia que afrontó una demanda por desalojo. En su edificio, solo resisten cinco familias. El resto de los pisos se alquilan por habitaciones a precios de entre 820 y 980 euros y dirigidos a un público internacional. Un caso similar al de la Casa Fajol, ubicada en la calle de Llança de la Esquerra de l’Eixample y rebautizada popularmente con el nombre del insecto que preside su fachada principal. En el último año y medio, cinco inquilinos han abandonado el edificio modernista, dejando solo seis familias. Dos de las viviendas vacías ya han sido remodeladas y la tercera está en proceso, unas obras que han causado daños preocupantes en varios elementos de este inmueble protegido como Bien Cultural de Interés Local (BCIL).
Conjura a tres bandas por el bloque Papallona
A la espera de ver el desenlace del proceso abierto con Olalla, el movimiento pro-vivienda prevé una gran movilización para el próximo 29 de mayo. Esta es la fecha que tiene fijada para su desalojo Marga Aguilar, una de las caras visibles de la lucha del bloque Papallona, donde vive desde 1992. Accedió con un contrato de cinco años y pagando 45.000 pesetas mensuales. «Pensé por error que mi contrato se había reconducido a uno indefinido. Nunca firmamos ninguna renovación con la antigua propiedad, pero tampoco dijeron nada más», explicaba el pasado febrero en una conversación con el TOT Barcelona. El Sindicato de Inquilinos, la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña (COSHAC) y el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña (SHSC) han vuelto a unir fuerzas una vez más para hacer un llamado a la movilización ciudadana para tratar de detener el lanzamiento, como ya hicieron con el primer desalojo previsto en el bloque Sant Agustí.
«La Generalitat debe dejar claro a NAD que su modelo de negocio se ha terminado. Es urgente aprobar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para tapar todos los agujeros del alquiler de temporada y de habitaciones […] No se debe permitir que continúen echando a la gente, queremos que nos dejen vivir tranquilos en nuestra ciudad», señalaba este martes Escorsa, que actuaba como portavoz del Sindicato de Inquilinos. Cabe recordar que la reforma de la LAU pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados es -junto con la prohibición de las compras especulativas– una medida clave porque blinda la regulación catalana de este tipo de contratos ante cualquier recurso al Tribunal Constitucional y garantiza una prórroga de tres años a todos los inquilinos ubicados en zonas tensionadas. Según la previsión de la entidad pro-vivienda, durante 2026 vencen 119.000 contratos de alquiler en Cataluña, 32.500 de los cuales en Barcelona, que podrían acogerse a la regulación.
Por su parte, Anna Olesti, también vecina de la Casa Fajol, abogada especialista en vivienda y portavoz del SHSC, se muestra muy crítica con el papel tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat, ambas administraciones bajo gobiernos del PSC, por no haber actuado con contundencia para detener prácticas especulativas como las que se dan en los edificios propiedad de este fondo holandés. «El coliving es una consecuencia más de un modelo económico que convierte la vivienda en una mercancía, que sirve para hacer negocio y se vende al mejor postor […] El caso de Olalla quiere ser una primera demostración de fuerza para dejarles claro que no lo pondremos fácil el próximo 29 de mayo», apunta Olesti.
