Al Ayuntamiento de Barcelona le crecen como la mala hierba los problemas con los palacios de Montjuïc. Después de que los impulsores del Museo del Transporte presentaran a mediados de abril un recurso pidiendo la revisión de oficio de la concesión por 50 años de los recintos en favor de la Fira de Barcelona para declarar su «nulidad de pleno derecho«, esta semana ha llegado una petición formal para suspender el plan urbanístico que afecta el ámbito hasta que no se resuelva esta impugnación de la cesión a la organización ferial. La demanda la ha hecho la misma Asociación Coordinadora Pro Museo del Transporte de Barcelona después de que el consistorio haya rechazado el primer pliego de alegaciones presentadas contra la hoja de ruta que define el futuro de estos terrenos a los pies de la montaña barcelonesa, oficialmente bautizado como Plan especial integral y de mejora urbana para el desarrollo del ámbito de los pabellones feriales (PEliMU). Como el ejecutivo no ha estimado los vicios de procedimiento detectados, la plataforma ciudadana ha presentado una nueva tanda de apelaciones donde incluye esta paralización cautelar del planeamiento, un extremo al que también se podría llegar en caso de presentarse finalmente un recurso contencioso administrativo tanto contra la concesión como el plan.
Cabe recordar que esta cesión de los recintos a la organización ferial se acordó por unanimidad en la Comisión de Economía y Hacienda que se celebró el 19 de marzo de 2025. El punto refrendado por todos los grupos daba luz verde al “pliego de cláusulas reguladoras para la concesión de uso privativo del recinto ferial de Montjuïc a la Fira […] con carácter oneroso y un plazo de 50 años, para destinarlo a la realización de ferias, congresos, convenciones, exposiciones u otros actos de interés cultural y/o ciudadano”. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOP), se daba un máximo de veinte días para presentar reclamaciones o alegaciones antes de darse por aprobado definitivamente. Como no hubo ningún recurso, se dio por adjudicada la concesión de los pabellones el 24 de abril de 2025, bajo un canon anual de 750.000 euros y hasta el 2075. En este sentido, la plataforma denuncia que no se siguió el procedimiento establecido en la adjudicación de los recintos, dado que una medida así debería haber pasado por el Pleno. Aseguran que la comisión que la aprobó es “manifiestamente incompetente” para hacerlo y que de esta manera se «lesionaron derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional«.
Todo esto consideran que invalida de facto el proceso participativo que la misma administración había permitido y que recogía firmas para ubicar el nuevo Museo del Transporte en el antiguo Palacio de Comunicaciones y Transportes, actual sede del palacio número 1 de la Fira. Esta fue la iniciativa ciudadana que acabó llegando al plenario el pasado 30 de enero, consiguiendo el apoyo unánime de los grupos municipales para la creación de una comisión con todos los actores implicados para analizar la viabilidad del proyecto. El pacto no implicaba que el consistorio renunciara a su propuesta de instalar el equipamiento en la llamada losa de la Vall d’Hebron, justo encima de las cocheras de Sant Genís de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), pero sí que al menos garantizaba que habría un debate y un estudio a fondo antes de descartar definitivamente el pabellón ferial.
Uso exclusivo de «desarrollo económico» y acuerdos no vinculantes
Para entender el porqué de esta petición para detener el plan de los pabellones feriales, debemos fijarnos en la respuesta que el Ayuntamiento ha dado a las alegaciones de la plataforma contra la hoja de ruta urbanística. En el documento al que ha tenido acceso TOT Barcelona, la administración rehúsa en primera instancia incorporar los usos del Museo del Transporte al palacio número 1, así como el acuerdo llegado al pleno y las recomendaciones de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, favorables a la iniciativa ciudadana. Lo hace argumentando que «no es objeto de este planeamiento incorporar prescripciones que no estén dentro de los objetivos» que marca el Plan General Metropolitano (PGM), que define para el recinto en disputa el uso de «desarrollo económico«. Por una parte, indican que -el hecho de incluir en el plan la posible actividad de museo- no implicaría «ningún compromiso jurídicamente vinculante«, añadiendo que la valoración de una propuesta «no constituye necesariamente su aceptación, dado que la decisión final responde a criterios de oportunidad y priorización de las actuaciones públicas«. En todo caso, remarcan que no se incluirá porque no se quiere «generar un derecho adquirido ni expectativa jurídicamente exigible».
Sobre el posicionamiento del Síndic, alegan que se trata de recomendaciones que «no son jurídicamente vinculantes» y subrayan que la determinación concreta de los usos y equipamientos en un determinado ámbito responde a una «ponderación global de intereses públicos que forma parte de la potestad discrecional del planeamiento». Consideran que el deber de preservar el patrimonio «no determina un uso concreto ni atribuye un derecho subjetivo a destinar un inmueble protegido a una determinada actividad cultural», sino que se hace valer mediante los instrumentos de protección y la regulación de los usos admisibles. Así pues, insisten en que el palacio número 1 tiene fijado el uso de desarrollo económico, que integra centros de congresos y convenciones, recintos feriales, centros destinados al fomento del empleo, el emprendimiento y la promoción económica y viveros de empresas de titularidad pública. En ningún caso prevé el museístico, que se encontraría dentro del catálogo del uso sociocultural. En cuanto al acuerdo unánime del plenario, se limitan a decir que proposiciones como la que se aprobó a finales del pasado enero «tienen naturaleza de actos políticos«, de manera que «no producen efectos jurídicos vinculantes y hacen referencia a asuntos y materias de no competencia estrictamente local y a cuestiones de trascendencia social y ciudadana».
Desestimaciones «improcedentes» con la amenaza de parálisis
En respuesta a este pronunciamiento municipal, la plataforma ha presentado unas nuevas alegaciones rebatiendo punto por punto los argumentos del consistorio. En el documento al que ha tenido acceso este medio, defienden que es perfectamente viable incluir en el planeamiento la reserva de un espacio determinado a un uso diferente del ferial. Creen que la desestimación genérica y pretendidamente “técnica” que se hace de la actividad museística es inadmisible porque no indica los motivos de la negativa. En cuanto al rechazo a incorporar al PEliMU tanto el acuerdo del pleno como las recomendaciones de la Sindicatura, aseguran que es «absolutamente improcedente» teniendo en cuenta que son dos posicionamientos emitidos por órganos del mismo Ayuntamiento. Afirman que su omisión implicaría que el consistorio oculta ambos veredictos, un supuesto que infringiría el principio por el cual la administración «no puede ir contra sus propios actos declarativos de derechos», así como el derecho fundamental de la ciudadanía a la «participación en los asuntos públicos».
En cuanto a la potestad discrecional del consistorio para determinar los usos de equipamientos, critican que no se detallen cuáles son los intereses públicos que se han ponderado para definir esta actividad de desarrollo económico. Lamentan que en toda la resolución se entrevé un «evidente menosprecio» a las consideraciones del Síndic, supeditando la defensa del derecho de acceso a la cultura de la ciudadanía a los intereses de la Fira. Entrando más en detalle en la «incompatibilidad» de los usos feriales y el museístico, desde la plataforma apuntan que esta directamente «no existe«, ya que el mismo instrumento de planeamiento contempla destinar a uso museístico un palacio del mismo recinto de Montjuïc, el de Victoria Eugenia, que servirá para ampliar el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). «Si este palacio se puede habilitar como museo, el Palacio de Comunicaciones y Transportes, también«, rematan. Y añaden: «No es admisible que se pretenda utilizar el planeamiento urbanístico como una herramienta para frustrar la iniciativa ciudadana que es uno de sus principios fundamentales. Esta utilización podría constituir una desviación de poder«.
En resumen, los impulsores del Museo del Transporte denuncian que su propuesta está siendo objeto de una serie de «maniobras administrativas destinadas a bloquearla» y que la administración ignora la voluntad expresada en el plenario que, aunque no sea vinculante, no da vía libre al ejecutivo para «decidir arbitrariamente si cumple o no la resolución». Por todo esto, insisten en la reserva del palacio número 1 para el equipamiento y, dadas las numerosas «vulneraciones del ordenamiento jurídico» detectadas, piden detener el plan urbanístico hasta que haya una respuesta a la revisión de oficio solicitada. «Mientras no se resuelva este procedimiento, no será posible aprobar definitivamente el Plan especial integral y de mejora urbana de que se trata, ya que la posibilidad de su desarrollo depende de la situación jurídica de esta concesión», precisan.
Fuentes municipales consultadas por TOT Barcelona se remiten a lo ya mencionado anteriormente: que el trámite administrativo con el cual se adjudicó la concesión ha sido “correcto en todo momento” y que su “voluntad de máxima transparencia sobre el tema”. Las mismas voces remarcan que el proyecto se sometió al trámite de información pública después de aprobarse en la Comisión de Economía y Hacienda “sin que se presentara ninguna alegación“.
