El gobierno de Jaume Collboni aporta menos pisos que el de Ada Colau, cuando estaba al frente del Ayuntamiento, a la mesa de emergencia social de Barcelona. Según se desprende de los datos del gráfico inferior, desde 2023, el consistorio cede menos viviendas que la Agencia Catalana de la Vivienda (Generalitat) a la mesa, que gestiona el Consorcio de la Vivienda de Barcelona, un organismo constituido por la Generalitat (60%) y Ayuntamiento (40%). Collboni es alcalde desde junio de 2023. Ya en ese año y los posteriores, 2024 y 2025, el ejecutivo socialista ha proporcionado cada año menos pisos a la mesa de emergencia que los ocho años de gobierno de Colau, con Barcelona en Comú gestionando el área de vivienda. En general, las familias que están apuntadas a la mesa de emergencia se enfrentan a una situación de vulnerabilidad o la posibilidad de perder de manera inminente el lugar donde viven.
En junio, 763 familias esperaban una vivienda con el expediente aprobado. «Es el máximo histórico de personas en emergencia habitacional. Nunca antes ha habido tanta gente esperando un piso de urgencia», denuncia la presidenta de Barcelona en Comú, Gemma Tarafa. Fuentes del servicio de prensa municipal aseguran que, en los últimos ejercicios, el Ayuntamiento ha adjudicado decenas de pisos del Fondo de Alquiler Social a familias en riesgo con necesidad de una alternativa residencial por vías complementarias a la mesa de emergencias sociales.
Desde 2023, la Generalitat aporta más viviendas
Según los datos facilitados por Barcelona en Comú al TOT Barcelona, en 2023 (con medio año de Colau y Collboni cada uno como alcalde), el Ayuntamiento puso en la mesa de emergencia social 57 pisos, mientras que la Agencia Catalana de la Vivienda cedió 78. En 2024 y 2025, la tónica se mantuvo. En 2024, el consistorio aportó 78, y la Generalitat, 96. Y el año pasado, si el Ayuntamiento contribuyó con 59 viviendas, el Gobierno catalán lo hizo con 62.
Mientras que los últimos tres años, la Generalitat ha aportado más viviendas a la mesa de emergencia social que el Ayuntamiento, en el conjunto de la década entre 2015 y 2025, de los 2.300 pisos adjudicados, el 69,3% son municipales (1.593 en total). De hecho, entre 2015 y 2022, siempre fue el consistorio quien colaboraba con más pisos. Las diferencias siempre habían sido muy altas a favor del Ayuntamiento, especialmente en 2015 y 2016, con 257 y 300 pisos municipales, y 61 y 62 de la Generalitat, indica el gráfico. Entre 2015 y 2025, la Generalitat ha cedido 705 viviendas.
Colapso de la mesa de emergencia.
De todas maneras, las aportaciones de viviendas que hacen el Ayuntamiento y Generalitat a la mesa de emergencia social son totalmente insuficientes para reducir el colapso que hay desde hace años. A finales de 2025, 741 personas o familias con un expediente favorable esperaban que se les adjudicara una vivienda. Si se analizan las cifras del último año, se puede comprobar que en lugar de reducirse, el número de personas que esperan una vivienda ha aumentado, especialmente a partir de febrero de este año. En julio de 2025 eran 749; en septiembre, 747; en octubre, 751, y en noviembre, 743. En enero de 2026, estaban pendientes de que se les entregara un piso 738 ciudadanos; en febrero, 747; en marzo, 753; en abril, 754; en mayo, 757, y en junio, 763. Con esta situación de sobresaturación, el año pasado solo se adjudicaron 121 viviendas entre Ayuntamiento y Generalitat. De hecho, el número de pisos entregados por la mesa de emergencia de Barcelona ha ido claramente a la baja entre 2015 y 2025. En una década, se han adjudicado cerca de 200 menos. De 319 en 2015 se ha pasado a 121 el año pasado, la cifra más baja.
Desde el gobierno municipal, se insiste en el hecho de que más allá de los pisos de la mesa de emergencia, se aportan viviendas para familias en situación de vulnerabilidad. «El consistorio continúa dedicando los pisos a personas en riesgo o en situación de emergencia, aunque no siempre los adjudique vía mesa de emergencias». Además, la variación en el número de aportaciones anuales de pisos a la mesa de emergencias está condicionada también por la reducción de la rotación de los inquilinos (que cada vez es menor) y, por tanto, no liberan nuevos pisos, subrayan las fuentes consultadas.
Otras actuaciones en el ámbito de la vivienda para personas en situación de emergencia son la rehabilitación de fincas compradas para el realojo de residentes, caso de las promociones de las calles de Lancaster y Hospital; 26 viviendas para realojos temporales en el barrio del Besòs y el Maresme; y realojos internos del IMHAB (Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona) para afrontar incidencias técnicas que requerían una rehabilitación importante y el desalojo de una finca. Además, en 2024 se destinaron 10 pisos a viviendas de inclusión gestionadas por entidades del tercer sector, y en 2026 se ofrecen otras 32 viviendas a viviendas de inclusión, también a entidades del tercer sector (aún no formalizadas).
El acceso a la vivienda, la principal preocupación
El Barómetro municipal, presentado este julio, confirma que el acceso a la vivienda es la principal preocupación de los barceloneses. Es así para el 31% de los encuestados. Fuentes de Barcelona en Comú aseguran que, a pesar de este dato preocupante, el gobierno de Collboni recorta en algunas políticas de vivienda. Citan que entre 2024 y 2025 se redujo el presupuesto para hacer pisos protegidos, pasando de 83 millones hace dos años a 35 el año pasado. En cambio, el gobierno de Collboni dijo en la presentación de los presupuestos municipales para 2026 que se destinarían cerca de 240 millones a políticas de vivienda, un 33% más que en 2025, convirtiéndose en la tercera inversión más importante del consistorio.
Desalojos
El partido que tiene como alcaldable a Gerardo Pisarello apunta que más de 100.000 personas esperan una vivienda de protección oficial en la capital catalana, un 63% más que hace cinco años, y denuncia que en los últimos dos años los desalojos han repuntado en Barcelona. En cualquier caso, las cifras van claramente a la baja desde 2013, cuando hubo 3.289, con fluctuaciones diversas y repuntes algunos años a lo largo de la última década. En 2023, hubo 1.255, mientras que un año antes se habían producido 1.531. En 2024, se desalojaron 1.331 pisos, y en 2025, 1.373.
“Nos sorprende cómo, en un momento en que los desalojos suben en la ciudad después de años a la baja, sean más de 700 las personas que esperan una vivienda de la mesa de emergencia. Es el máximo histórico de personas en emergencia residencial. Nunca ha habido tanta gente esperando un piso de urgencia. Consecuencia de todo esto es que casi 2.000 personas duermen en la calle en la ciudad, un 40% más que hace dos años. El gobierno de Collboni debe enfrentar la grave crisis residencial. De nada nos sirve proyectar una Barcelona de grandes eventos si luego la ciudadanía no puede acceder a un derecho tan básico como es la vivienda. ¿Para Collboni este es el derecho a quedarse en Barcelona?”, se pregunta la presidenta del grupo municipal de Barcelona en Comú.
