Los desahucios se han reducido a la mitad en una década en Barcelona. De los 3.098 de 2015 se pasó el año pasado a 1.373. La nota negativa es que los dos últimos ejercicios, 2024 y 2025, han vuelto a subir, con 1.331 y 1.373 lanzamientos, respectivamente. Entre 2024 y 2025, el aumento es del 3,16%, según datos facilitados por Barcelona en Comú al TOT Barcelona, a partir del balance del Consejo del Poder Judicial.
Los años que Ada Colau fue alcaldesa, los desahucios fueron claramente a la baja, hasta un mínimo de 1.028 el año de la pandemia, en gran parte por la paralización de la actividad judicial. En 2016, fueron 2.691; en 2017, 2.519; en 2018, 2.381, y en 2019, 2.125. Tras la caída de 2020, los lanzamientos volvieron a subir en 2021 por los expedientes acumulados durante la Covid, con 1.755, para volver a descender a 1.531 en 2022.
Los dos últimos años han subido
En 2023, cuando se produjo un cambio en la alcaldía de Barcelona entre Colau y Jaume Collboni, el número de desahucios continuó reduciéndose hasta los 1.255. Los dos últimos años, 2024 y 2025, la cifra ha vuelto a subir, con 1.331 y 1.373 casos, respectivamente.
De 2026, los datos de que se disponen hasta ahora son de Cataluña, con 921 lanzamientos judiciales el primer trimestre del año, frente a los 2.069 durante el mismo periodo de 2025. Esto supone una caída interanual de aproximadamente un 55,5%. Cataluña concentró el 23% de los 4.005 lanzamientos practicados en España, apuntan fuentes de Barcelona en Comú.
Desahuciada en Gràcia una vecina con una discapacidad por salud mental
A pesar de la caída en el número de desahucios, en Barcelona se siguen dando lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad extrema, como el caso de la vecina de Gràcia, con una discapacidad del 36% por problemas de salud mental, que perdió la casa la semana pasada. Durante el desahucio, por parte de los Mossos y la comitiva judicial, Colau recuperó su papel de activista y formó parte del grupo de personas que intentaron detenerlo.
Este lunes, unas 20.000 personas cortaron la Diagonal en protesta por la crisis residencial frente a un acto de Pedro Sánchez en el Palacio de Congresos, según los datos del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Los movimientos pro-vivienda reclaman que el decreto de vivienda que el gobierno español quiere sacar adelante incluya una renovación automática de todos los contratos, para que pasen a ser indefinidos; medidas estructurales para frenar los desahucios, congelación de las actualizaciones del IPC de los precios del alquiler, reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y prórrogas efectivas de los contratos vigentes.
Menos pisos en la Mesa de emergencias sociales
A través del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, la Mesa de emergencias sociales otorgó entre 2015 y 2025 unos 2.300 viviendas para atender situaciones de urgencia, de las cuales el Ayuntamiento aportó 1.593 y la Generalitat menos de la mitad, 705. El 2025 fue el año en el que se entregaron menos pisos, 121 en total entre las dos administraciones. La Mesa vive desde hace años una situación de colapso, con 764 personas o familias pendientes de un piso con el expediente favorable el pasado julio.
