En Tàdgh -nombre artístico- ha conseguido salvar su primer intento de desalojo. Una concentración de una veintena de personas logró detener el lanzamiento del único gaitero que toca en las plazas y avenidas de Barcelona, que estaba programado para este martes por la mañana. El proceso ha quedado aplazado por veinte días, de manera que la próxima fecha fijada por los juzgados es el próximo lunes 18 de mayo. Hasta la parcela donde el músico de calle reside desde 2011 en la urbanización de Mas Alba de Sant Pere de Ribes (Garraf), se personó la comitiva judicial acompañada de Jaume Masclans, presidente de PIMEC en el Baix Llobregat y propietario desde hace casi un año del terreno. El titular de la finca insistió en seguir adelante con el desalojo, alegando que llevaba tiempo detrás del espacio y que lo quiere para vivir, dado que ahora está de alquiler.
La presión popular consiguió posponer este primer lanzamiento, dando unas semanas de margen al músico para intentar evitar el lanzamiento. Durante las semanas previas a este 28 de abril, Tàdgh ha protagonizado varias movilizaciones y protestas en diferentes sedes de PIMEC para dar a conocer su caso y forzar a Masclans a negociar. La última acción tuvo lugar el miércoles de la semana pasada, cuando se encadenó a las puertas de la sede de la patronal en Sant Feliu de Llobregat. Los Mossos d’Esquadra acudieron hasta el lugar de los hechos y terminaron arrestando al hombre por un presunto delito de resistencia y desobediencia grave a la autoridad. El gaitero resultó herido durante la detención y se acogió al habeas corpus, alegando que se trataba de una retención ilegal. Tras que los agentes declararan ante los juzgados, este fue denegado y el músico fue puesto en libertad.
Es importante recordar que este caso se remonta quince años atrás, cuando el músico de calle encontró una caseta de autoconstrucción abandonada de no más de 30 metros cuadrados en la urbanización de Mas Alba. Ante la necesidad y la imposibilidad de encontrar una alternativa, accedió y la reformó él mismo. Su periplo judicial se inició en 2018, cuando ya llevaba siete años viviendo allí y recibió una carta informándole que el domicilio era objeto de un proceso de desalojo por ejecución hipotecaria. La parcela donde se alza la caseta terminó en manos del BBVA, que a su vez la entregó por aportación al fondo de inversión Divarian (creado junto con el gigante Cerberus, vinculado al sector del armamento).
Mientras la demanda de desalojo seguía su curso, se presentó una segunda compañía al proceso alegando que era la legítima propietaria. Se trataba de Saticem, una entidad que forma parte del grupo inmobiliario del BBVA y que había obtenido un decreto de adjudicación judicial para reclamar la titularidad de la parcela hasta entonces del banco. Así pues, dos empresas de la misma matriz se presentaron ante la justicia como legítimas titulares de los terrenos. Saticem renunció finalmente a la propiedad y Divarian la terminó vendiendo a Masclans, que ha continuado con el lanzamiento por sucesión procesal.
Archivada la denuncia por gestión ilegal contra el BBVA
Tras verse forzado a renunciar a la vía legal en su desalojo, ya que se le retiró el derecho a la justicia gratuita y no pudo presentar recurso de casación ante el TSJC, el gaitero presentó hace unas semanas una denuncia contra el BBVA por la gestión ilegal del terreno ante los juzgados de Vilanova i la Geltrú. La demanda argumentaba que la entidad bancaria había permitido que la parcela tuviera al mismo tiempo dos propietarios al 100%, incurriendo en una duplicidad de la propiedad y solicitaba la paralización cautelar del desalojo.
Sin embargo, los juzgados han decidido finalmente el sobreseimiento y archivo de la denuncia, al considerar que «no aparece suficientemente justificada la perpetración de los hechos«. Esta posición la han tomado a pesar de que el músico adjuntó a la demanda como documentación una copia de la nota simple presentada en su momento por Divarian y otra del reclamo que hizo Saticen en el procedimiento de ejecución hipotecaria alegando a través de su abogado y procurador que contaba con un decreto de adjudicación judicial.
