El pasado mes de julio se alcanzó un hito importante en Vallvidrera. Después de casi seis años, los vecinos de este barrio en las alturas terminaron de pagar los cerca de 65.000 euros de multa impuestos para proteger de la demolición la Casa Buenos Aires en 2020. La sanción provenía de la denuncia presentada por la congregación religiosa de los Padres Paúles -propietarios de este edificio icónico hasta la expropiación materializada en noviembre de 2022- a raíz de la ocupación de la finca, que tuvo lugar en 2019 con el objetivo de evitar que pudiera ser demolida. Esta sanción económica en concepto de «daños» al recinto modernista fue un duro golpe para el colectivo que se organizó en defensa de la joya arquitectónica construida en 1886. Consideraban inverosímil que se les multara por dañar el inmueble cuando la voluntad de los entonces titulares era demolerlo. De hecho, la entrada furtiva del grupo de jóvenes a la finca fue lo único que impidió que los planes de demolición siguieran adelante y permitió abrir la puerta a una adquisición por parte del consistorio.
El sin sentido de todo esto no fue suficiente para levantar la sanción y, desde que se materializó el desalojo polémico de la casa hace ahora seis años, el vecindario se ha organizado para ir sufragando esta importante deuda económica. Durante este tiempo, se han impulsado diversas actividades en el barrio para recaudar fondos y prácticamente una treintena de personas y entidades de la zona han hecho aportaciones. Todos los intentos de negociar con los antiguos propietarios una rebaja del importe de la multa han resultado infructuosos y, finalmente, se ha tenido que pagar hasta el último céntimo estipulado. Un coste financiado íntegramente por la ciudadanía y un precio muy alto por defender el patrimonio de Vallvidrera. «Para nosotros era muy importante que no se perdiera. La sociedad civil hizo el trabajo que debería haber hecho el Ayuntamiento y lo mínimo sería que así lo reconocieran», señala en una conversación con el TOT Barcelona Salva Ferran, uno de los vecinos que forman parte del colectivo en defensa de la Casa Buenos Aires. Desde la agrupación consideran que es una «vergüenza» que se haya terminado de pagar una sanción de este calibre para salvar un edificio centenario justo el año que Barcelona acoge la Capital Mundial de la Arquitectura y en el mismo mes que ha tenido lugar en la ciudad el Congreso Mundial de Arquitectos.
Cabe recordar que este inmueble se ideó originalmente como un gran hotel en las afueras de la trama urbana de la capital catalana. Después de la maravillosa reforma del año 1910 a cargo del arquitecto Jeroni Granell, autor de las vidrieras del Palau de la Música, acogió una residencia de estudiantes de la Universidad de Barcelona (UB) e incluso un hospital de campaña durante la Guerra Civil. Durante décadas, el recinto funcionó como seminario eclesiástico, una actividad que se mantuvo prácticamente hasta los ochenta, cuando se convirtió en una escuela cooperativa antes de consolidarse como residencia de ancianos bajo el nombre de Llar Betània. Con el cierre definitivo del geriátrico, el tiempo se detuvo en el edificio. Todos los intentos de los vecinos por comprar el espacio de la mano de la cooperativa Sostre Cívic -con quienes llegaron a hacer una oferta formal de 2,5 millones de euros- resultaron infructuosos y solo la ocupación ya mencionada evitó que se pudiera demoler para construir un faraónico hotel de lujo. Dos años después del desalojo, el Ayuntamiento cedía ante la presión popular y decidía expropiar la finca inicialmente para hacer vivienda dotacional para jóvenes y ancianos.
Recta final del periplo judicial antes de definir el nuevo equipamiento
Cuatro años han pasado desde el anuncio de la expropiación del edificio. En este tiempo, los recursos judiciales interpuestos por los Padres Paúles han conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anulase hasta en dos ocasiones el proceso de expropiación y la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que lo hacía posible. La situación forzó al consistorio a aprobar una nueva modificación que enmendara los defectos de forma recogidos en las sentencias de la alta cámara catalana y que permitiera blindar el inmueble. Esta recibió la luz verde definitiva a mediados del año pasado, concretando la titularidad pública del edificio para destinarlo a un futuro equipamiento dotacional asistencial que gestionaría el área de Derechos Sociales. Ahora bien, la pugna judicial no terminó ahí. A principios de 2026, el TSJC anulaba el precio fijado para la expropiación al considerar que no era correcto y obligaba al Ayuntamiento a calcular una nueva cifra más elevada para compensar tanto a los antiguos propietarios como a London Private Company, el fondo de inversión que había obtenido la licencia municipal para llevar adelante la demolición y el proyecto hotelero.
Según ha podido saber este medio, la administración barcelonesa está ahora a la espera de que el jurado de expropiación dicte una nueva resolución con el precio definitivo que deben abonar en concepto de compensación. Desde la antigua propiedad y el fondo se solicita una cifra que sería entre dos y tres veces los 3,5 millones de euros que costó en su momento la expropiación, aunque es probable que el precio final sea bastante inferior al solicitado. Mientras tanto, el inmueble continúa inmerso en un estado letárgico, completamente cerrado y con los accesos custodiados las 24 horas por equipos de seguridad a la espera de su transformación en un equipamiento público.
Por su parte, tanto desde el colectivo en defensa de la Casa Buenos Aires como desde la Asociación de Vecinos de Vallvidrera mantienen la voluntad de conseguir que el futuro equipamiento también incluya una parte destinada a vivienda para jóvenes y ancianos. Las últimas conversaciones al respecto con el Ayuntamiento han sido positivas y parece que la función dotacional y asistencial podría ser compatible con la actividad de vivienda y servicios para la zona que reclama el vecindario. «Queremos que la gente que venga al barrio pueda integrarse y que, cuando te hagas mayor, no tengas que marcharte de Vallvidrera o gastarte una fortuna en ambulancias. Mi madre tuvo que ir en 2020 a una residencia en Sarrià con 91 años. Esto implica desarraigar a una persona cuando tiene menos herramientas para afrontarlo… Solo estamos pidiendo cosas que necesita el barrio para seguir siéndolo», concluye Ferran.
