El socavón que se produjo el 7 de julio en el barrio de Sant Gervasi, durante la construcción del túnel de la L9, obligó a desalojar ocho edificios, con noventa y tres viviendas. Unas 300 personas tuvieron que dejar su hogar y, tres semanas después, solo han podido regresar los vecinos de tres inmuebles, los números 56 y 58 de la calle de Sant Gervasi de Cassoles y, desde este miércoles, el número 6 de la calle de Rubenstein. Dos terceras partes de estos residentes, unos 60 pisos, se han constituido en una plataforma y se han puesto en manos de la abogada Carmen Pérez-Pozo, CEO y fundadora del Grupo Pérez-Pozo. En conversación con TOT Barcelona, Pérez-Pozo exige indemnizaciones y que técnicos independientes puedan inspeccionar las viviendas y los edificios. La abogada ya tiene experiencia en casos como este, ya que asesoró a un tercio de los afectados por el derrumbe del Carmel, hace veintiún años, durante la construcción de la prolongación de la L5.
La necesidad de contar con técnicos independientes responde a la necesidad de que “certifiquen lo que está diciendo la Generalitat”. “Los afectados deben poder regresar con seguridad”, dice. Hasta ahora, según explica la abogada, ningún técnico de los vecinos ha podido entrar a las viviendas e inmuebles. Pérez-Pozo recuerda que los residentes habían avisado de la presencia de grietas y de vibraciones antes del derrumbe. “Hay muchas similitudes con el caso del Carmel”. El socavón se ha producido durante la construcción de un túnel del metro, la altitud entre Sant Gervasi y el Carmel es similar, y el subsuelo también, “con arcilla, arena y agua”, afirma la abogada.
Daños materiales, económicos y personales
Pérez-Pozo añade que presentarán una reclamación por responsabilidad civil contra la Generalitat, como responsable directo, y las empresas que ejecutan la obra. “Se debe presentar por la vía administrativa. Esperamos que en seis meses podamos tener un acuerdo marco y que no sea necesario llegar a presentar un contencioso administrativo”. La letrada asegura que no han calculado qué indemnizaciones plantearán. “No sabemos los daños reales”. No obstante, avanza que las reclamaciones que se presentarán deberán cubrir los daños materiales que haya podido haber en las viviendas o edificios, daños económicos (por ejemplo, los gastos que hayan tenido vecinos y comerciantes) y daños personales o morales. “Hay muchas personas con ansiedad” y muchos de los desalojados son personas mayores.
¿Qué ocurrió en el Carmel?
El 27 de enero de 2005, el socavón del Carmel durante las obras de ampliación de la L5 abrió una crisis social y política en Cataluña. 1.289 vecinos fueron desalojados y algunos estuvieron más de dos años fuera de casa. Las indemnizaciones fueron de unos 100 millones de euros. Del total, unos 42 millones fueron por daños morales; 16, por el pago de hoteles y alquileres de pisos puente; 6,3, para indemnizar a los comerciantes; y 32 se destinaron a la rehabilitación de edificios y la obra civil. El derrumbe del Carmel cambió la ejecución de la obra pública en Cataluña, especialmente en lo que respecta a las medidas de seguridad y control. El 24 de febrero, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, acusó a Convergència del cobro de comisiones ilegales en la obra pública.
