El desalojo de unos 300 vecinos por el socavón de la L9, el 7 de julio, ya lleva más de tres semanas prolongándose. De las ocho fincas que fueron evacuadas (93 viviendas), por ahora solo han podido regresar los residentes y comerciantes de tres inmuebles, los de las calles Sant Gervasi de Cassoles, 56 y 58, y el de Rubinstein, 6. Justo enfrente del mercado de Sant Gervasi, la actividad ya no es tan frenética como los primeros días después del accidente, pero aún se prolongará varias semanas. El agujero se produjo en el interior de la pizzería Verona, en la calle Teodora Lamadrid, 3, que sigue cerrada. Los esfuerzos se concentran en inyectar hormigón para garantizar la estabilidad y la seguridad en la zona.
Uno de los primeros en reabrir
Miguel, propietario del restaurante Sant Gervasi, fue uno de los primeros en regresar la semana pasada. El establecimiento está situado en los bajos de la calle Sant Gervasi de Cassoles, 56. En conversación con TOT Barcelona, Miguel explica que encontró el local en buen estado. El único desperfecto lo tiene en el patio. El muro, que cayó por el derrumbe que tuvo lugar en la pizzería Verona, “aún no lo han reconstruido”. Él confía en que los indemnizarán con lo que les corresponde por las pérdidas que han tenido, que no concreta, y, de momento, no se plantea poner el tema en manos de abogados como sí han hecho otros afectados. Algunos vecinos denunciaron que semanas antes del derrumbe habían sentido vibraciones y a otros les aparecieron grietas en las viviendas. No es el caso de Miguel, que, a pesar de estar pared con pared con la pizzería, no sintió nada.
Comerciantes «desamparados»
Las obras son responsabilidad de la Generalitat de Catalunya, la administración que construye la L9. Regularmente, se realizan reuniones con los afectados para informarles. La próxima será este viernes, a las 12.00 horas, explica la consejera de ERC en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, Núria Satorra. A juicio de la representante republicana, el gobierno municipal no está proporcionando como es debido las respuestas que el vecindario necesita ni está haciendo el acompañamiento en las diligencias administrativas y burocráticas. Critica, por ejemplo, que en el punto de información que el consistorio ha abierto no han sabido informar a los comerciantes cómo deben solicitar las ayudas de 100.000 euros que el alcalde, Jaume Collboni, dijo que los negocios afectados podrían solicitar. Afirma que hay comerciantes que se sienten “desamparados”. También considera que no se ha atendido como es debido a las personas que están de alquiler. “Son vecinos que están pagando un alquiler por una vivienda en la que no pueden vivir. La Generalitat les planteó que cada uno se entendiera con el propietario en lugar de establecer un marco de acompañamiento como hubiera sido necesario”.
Vecinos, a punto de volver a casa
Este viernes se podría concretar que la semana próxima los vecinos del número 54 de Sant Gervasi de Cassoles podrán volver a casa. De momento, sin embargo, el acceso a la finca está vetado. El Ayuntamiento ha puesto vallas y este jueves por la mañana dos agentes de los Mossos d’Esquadra vigilaban que nadie entrara. Justo al lado, en Rubinstein, 6, vecinos y comerciantes llevan un día que han recuperado la normalidad. No obstante, establecimientos como Moskito Blue, OpticaFontana y Hijos de Nata continuaban con la persiana bajada este jueves por la mañana. La Generalitat estima que entre esta semana y la próxima un 60% de las personas habrán podido regresar a sus viviendas.
Al notario, para acceder a los créditos del Gobierno
Domingo Finez es el administrador de la pizzería Verona en la que se produjo el socavón. El Domingo es el principal damnificado del accidente. “No tengo fecha para reabrir. El local está destrozado, con micropilotes por todas partes, y habrá que hacerlo nuevo”. El Domingo está molesto con los muchos formularios que la Generalitat les hace llenar para acceder a las ayudas para pagar el agua, el gas, la luz, los gastos de personal. “Me han llegado a pedir un presupuesto de cuánto costará la reforma del local”. De hecho, las ayudas son créditos que les otorgará el Instituto Catalán de Finanzas “a coste 0” por los que tendrán que ir al notario. Por otro lado, el Ayuntamiento anunció que ofrecerá bonos de consumo y ayudas, con un valor total de 100.000 euros, para “compensar” la parada de la actividad, dijo Collboni. La iniciativa municipal se ha publicitado poco, ya que el administrador de la Verona desconocía su existencia.
Indemnizaciones y técnicos independientes
El administrador de la pizzería Verona es uno de los afectados que ha recurrido a abogados. Según ha detallado la abogada Carmen Pérez-Pozo, fundadora y CEO del Grupo Pérez-Pozo, se ha constituido una plataforma vecinal de la que forman parte más de 60 viviendas. La letrada exige indemnizaciones para los desalojados y que técnicos independientes puedan inspeccionar pisos, edificios y locales comerciales. “Los afectados deben poder volver con seguridad”, subraya. La plataforma presentará una reclamación por responsabilidad civil contra la Generalitat, como responsable directo, y las empresas que ejecutan la obra. “Se debe presentar por la vía administrativa. Esperamos que en seis meses podamos tener un acuerdo marco y que no sea necesario llegar a presentar un contencioso administrativo”. Pérez-Pozo planteará indemnizaciones por daños materiales, personales y económicos. La abogada tiene experiencia en situaciones de crisis vinculadas a derrumbes en obras públicas, ya que gestionó los casos de un tercio de los vecinos del Carmel. Para ella, las similitudes entre la L9 y el Carmel son evidentes: un socavón provocado por unas obras en el metro, vecinos y comerciantes desalojados, hay personas que habían avisado de vibraciones y grietas, y una altitud y un subsuelo similar.
