En dos días de juicio ha sido suficiente para que las acusaciones, tanto la particular como la popular, estén hasta el colmo. Después de nueve años esperando el juicio contra los cuatro agentes de policía acusados de vaciar un ojo a Roger Español durante el Primero de Octubre, los abogados del activista han estallado ante el poco interés, a menudo nulo, por garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y por la transparencia de las sesiones.
La falta de traductores que ha generado situaciones oníricas, dificultades para que la prensa pueda seguir la vista oral -a pesar de la presencia de observadores internacionales- y el hecho de que se limite el acceso al público han hecho posicionar de manera oficial a Irídia, Òmnium Cultural y la ANC acusaciones populares en el caso, con el apoyo de la multitud de entidades que impulsan la plataforma #JusticiaParaRoger. A través de un comunicado califican de «intolerable» lo que definen como «la vulneración de los derechos lingüísticos que se está produciendo» y cargan contra la falta de transparencia pública de la vista oral.
Doble denuncia
En esta línea, las acusaciones han firmado un comunicado donde detallan que durante la segunda sesión del juicio, «los abogados se han visto obligados a autotraduirse al castellano, hasta el punto de no poder efectuar preguntas en catalán a algunos de los testigos porque la persona encargada de la traducción no lograba realizar la tarea con solvencia». Un hecho que, según su criterio, vulnera la Carta de derechos lingüísticos de la ciudadanía ante la justicia, y la Ley Orgánica del Poder Judicial. De hecho, algunos de los abogados decidieron pasar al castellano durante un tramo del juicio para evitar más complicaciones al constatar el nulo nivel de los intérpretes.
Por otro lado, también critican el funcionamiento abierto de la vista. «Sorprende la falta de transparencia pública de un juicio que, por su trascendencia en términos de derechos fundamentales, no solo interpela a Roger Español sino también a miles de ciudadanos que el 1 de octubre resultaron heridos por la violencia policial mientras ejercían el derecho a protesta y el derecho al ejercicio de la autodeterminación», señalan. Por otro lado, las entidades también resaltan en su denuncia «las trabas sufridas por parte de acompañantes y personas interesadas en asistir físicamente al juicio como público, las limitaciones de aforo impuestas, y la imposibilidad de la ciudadanía y de los profesionales de comunicación de poder seguir el juicio a distancia de forma abierta y transparente, como sí se ha permitido en otras causas e instancias judiciales».
Una falta de transparencia que las entidades aseguran que «afecta, de manera muy relevante, la tarea que están realizando varios observadores internacionales de derechos humanos». Con el comunicado, las entidades hacen público el posicionamiento de protesta y al mismo tiempo, reclaman que el juicio por la violencia del 1-O se produzca bajo la máxima transparencia y se solvente de manera urgente la opacidad y la vulneración de derechos lingüísticos.
