Roger Español es un músico. Toca el saxo, estudiaba el último curso en el Conservatorio de Música de Barcelona y daba clases particulares. Pero el primero de octubre de 2017 su vida cambió radicalmente. La ofensiva de los antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía, las Unidades de Intervención Policial (UIP), contra los votantes del referéndum fue especialmente cruel con Roger. Un escopetero disparó una bala de goma que le vació un ojo. El trauma fue evidente. Tuvo que dejar los estudios, y ni física ni psicológicamente podía subirse a un escenario o enfrentarse a un alumno novel de instrumentos de viento.
Casi nueve años después ha comenzado el juicio por el caso. De hecho, la última sesión, casualidades de las agendas judiciales, está prevista para el próximo primero de octubre. También curiosidades del caso: solo cuatro agentes se sientan en el banquillo de los acusados en este caso que nació en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, donde había 46 más procesados por la violencia policial en la ciudad el día del referéndum. Una aplicación exprés de la amnistía exoneró a la mayoría del procedimiento. Pero el caso Español y los rotundos indicios recogidos en una larguísima, accidentada e intensa instrucción dirigida por el magistrado mallorquín Francisco Miralles no permitían aplicar la ley del olvido a cuatro de los agentes: las lesiones y las torturas quedan fuera de la amnistía.
En la vista oral que se ha iniciado este miércoles convergen, guste o no, cuatro símbolos. Por un lado, los 1.066 heridos o damnificados por la represión del Primero de Octubre; en segundo término, representa las personas heridas por el foam o balas de goma; también muestra el muro con el que se encuentran los que denuncian violencia policial y, a la vista de la primera sesión, el caso sería un ejemplo de manual del tratamiento judicial que se aplica a menudo a lo que se considera un Grupo Objetivamente Identificable de Personas (GOIP), según la tesis que diversos juristas desarrollan a raíz de la definición que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) utilizó para hablar de discriminación de los independentistas. En concreto, Español, víctima de la violencia policial, ha visto cómo él mismo y los testigos han tenido que enfrentarse a preguntas «poco habituales» y con una fiscalía que se ha unido a la Abogacía del Estado para defender a los acusados, y no al revés, como correspondería. Roger Español, una consecuencia irreparable del famoso «a por ellos«.
Las acusaciones… sin fiscalía
El juicio ha empezado con las habituales cuestiones previas en las que el tribunal ha aceptado diversas pruebas documentales aportadas por la defensa de los policías, dirigida por Javier Aranda y por la Abogacía del Estado, así como una tacha a una perito psicológica porque había trabajado para Irídia, una de las acusaciones populares. La prueba documental se ha admitido, pero la tacha no ha convencido a los magistrados porque en su informe pericial ya constaba la relación profesional con la entidad de defensa de derechos humanos.
Precisamente, quien acusa ya hace chirriar el inicio de este juicio. Además de la acusación particular, dirigida por Benet Salellas -un abogado con muchísimas horas de vuelo en asuntos represivos-, hay tres acusaciones populares: Òmnium Cultural, con la abogada Laia Serra; Irídia, con el letrado Antoni Mansillas Jacas; y la Assemblea Nacional Catalana, con Esther Palmes Bosch, que piden entre 12 y 13 años de prisión para los agentes acusados. Además, hay que tener presente que, si el tribunal determina que la actuación de los agentes contra Español fue un delito de tortura y de lesiones dolosas agravadas, podría establecer un precedente judicial relevante también en el ámbito internacional. En cambio, el ministerio fiscal ha decidido no acusar, alegando, a la vista de la contundencia de los hechos investigados en la instrucción y en un escrito de calificación de 18 páginas, que los agentes actuaron en «cumplimiento del deber». Por tanto, están eximidos de cualquier responsabilidad penal. Además, según la fiscalía, el escopetero que habría disparado tenía dos agentes delante que le tapaban el campo de visión y «nunca se presentó como probable el resultado lesivo que produjo».
Un relato conciso
El primero en declarar ha sido Español. El abogado Salellas, consciente de que no estaba en terreno amigo, ha calculado muy bien su interrogatorio. De hecho, lo ha hecho con precisión de orfebre aunque, finalmente, no ha podido evitar que el presidente del tribunal, José Carlos Iglesias –que todo el tiempo ha hablado en castellano y, en cambio, la fiscalía, ha hablado en catalán- le haya recortado el campo de juego. Pero Salellas que, en la tribuna sabe más por diablo que por viejo, se ha guardado un as en la manga y ha continuado con un truco de veterano, que es reformular las preguntas para encontrar la respuesta que esperaba.
Y así ha sido. Español ha descrito con toda la concisión qué pasó en los alrededores del Instituto Ramon Llull, que no había ningún tipo de riesgo para los policías y cómo, en definitiva, considera que le dispararon como «represalia» por el hecho de que le habían golpeado antes con tal furia que al agente se le había caído la porra y había tenido que apresurarse para recuperarla. Tanto Español como los siguientes testigos, con un rigor y una serenidad poco habituales, han desmontado la tesis de que él u otros manifestantes lanzaran vallas metálicas hacia las unidades policiales. Ninguno de ellos ha descrito ningún panorama de agresión ni riesgo hacia los agentes y se han preocupado de incidir en el hecho de que las balas de goma en las calles de Cataluña estaban prohibidas por el Parlamento y el CNP las utilizó igualmente.
Un juicio a la víctima
Los interrogatorios por parte de la fiscal del caso han sorprendido por su virulencia de fondo contra Español, algo que choca con los principios del ministerio público, que debe garantizar la legalidad, defender el interés público y proteger a las víctimas. No ha hecho nada de eso, al contrario. Las preguntas iban dirigidas a intentar desvirtuar un relato que la instrucción y las imágenes han dejado bien claro. Pero ha dado un paso más allá pidiendo a Español qué insultos y qué consignas se gritaban a la policía. Un planteamiento de la fiscalía que tenía una intencionalidad: justificar la actuación policial como respuesta a la «violencia ambiental» que se utilizó para la condena, por ejemplo, de los acusados por el asedio al Parlamento y que ahora ha desmontado de arriba a abajo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Al fin y al cabo, la percepción dentro de la sala ha sido que la fiscalía equiparaba los insultos al hecho de que la policía te vacíe un ojo utilizando un arsenal prohibido en Cataluña y, además, utilizándolo de manera antirreglamentaria.
Seguidamente ha sido el turno de la Abogacía del Estado, que ha orientado sus preguntas a intentar demostrar que Español continuaba haciendo de músico y que ha tenido notoriedad y actividad política. En primer término, le ha señalado su participación en cuatro conciertos en diez años, para intentar contrarrestar la alegación de que le era muy difícil ejercer de músico. La sala ha quedado helada como el hielo cuando Español, hastiado de las preguntas sobre su saxo le ha recordado que una de las cuatro actuaciones en las que ha participado era el concierto Stop Bales de Goma. Y, a continuación, le ha hecho memoria de haber participado en cuatro listas electorales en los últimos años. Unas preguntas que no tenían nada que ver con los hechos, ni con la pérdida de un ojo y que el presidente del tribunal ha permitido. Un hecho extraño porque es una información absolutamente ajena a la causa y que otros magistrados habrían vetado como improcedentes. Incluso el mismo Manuel Marchena prohibió a la fiscalía preguntar a los testigos si eran socios de Òmnium durante el juicio a los líderes del Proceso en el Supremo.
¿Un GOIP de manual?
Especialmente interesante ha sido el interrogatorio a uno de los principales testigos, el comisario principal responsable de las UIP durante el Primero de Octubre. Todo un tótem del CNP pero que no ha aguantado muy bien el ataque de Laia Serra, que, con un guion incisivo y perspicaz, lo ha acorralado dejando en evidencia que se ordenó disparar balas de goma a pesar de las órdenes de proporcionalidad. Tanto ha sido así que el presidente del tribunal ha tenido que salir al rescate del mando policial de manera descarada, cortando el interrogatorio en el punto más delicado. Precisamente, cuando Serra estaba a punto de demostrar que podían saber perfectamente quién y cómo había disparado contra Español. La excusa del magistrado, muy poco convincente, es que ya se debería haber aclarado durante la instrucción el sistema interno de control de la munición.
En el turno de la fiscalía, el comisario principal, a petición de la fiscal, ha ido repasando una instrucción que firmaba el mismo responsable de las UIP. Las preguntas del ministerio público eran bastante proselitistas y ha sido entonces cuando Salellas se ha sacado el as de la manga. «Señoría, disculpe, pero tengo la sensación de que está induciendo las respuestas al testigo», ha reprochado socráticamente el abogado gerundense. El presidente del tribunal ha tenido que hacer una paradinha y buscar un argumento para dejar hablar al comisario. «Es que de esta manera el tribunal se entera de cómo son los protocolos», ha argumentado con una maniobra que en una sala solo puede hacer un magistrado.
La primera jornada del juicio deja un sabor entre dulce y amargo. Por un lado, la prueba practicada termina de remachar el clavo de lo que pasó en la instrucción. Pero, por otro lado, se detecta una falta de imparcialidad con tratamiento deficiente de la víctima, en este caso un independentista que perdió un ojo por un disparo antirreglamentario de una bala de goma en un contexto de protesta no violenta. Un ministerio fiscal que se levanta como defensor y un tribunal que permite destacar a las defensas de los acusados las veleidades políticas de la víctima y que recorta el campo de juego de las acusaciones marcando de cerca sus interrogatorios. La pregunta que genera la primera sesión es qué habría pasado si el caso fuera al revés, es decir, que Español fuera acusado de vaciar un ojo a un policía. Es decir, una prueba comparativa. El trato discriminatorio sería evidente, a la vista de la experiencia de los últimos años. Todo ello elementos que, siguiendo el manual, conducen a concluir que, seguramente, Español sea un nuevo miembro del GOIP.
