Nueve años después de los hechos, el caso Roger Español llega a juicio. El independentista que perdió un ojo durante el Primero de Octubre cerca del instituto Ramon Llull ha necesitado mucho esfuerzo para sentar en el banquillo de los acusados a los cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía acusados de dispararle una bala de goma. Las acusaciones –Irídia y Òmnium Cultural– piden entre 12 y 13 años de prisión contra los efectivos de las unidades antidisturbios. En cambio, el ministerio fiscal se niega a acusarlos porque entiende que la conducta de los uniformados estaba sujeta al cumplimiento del deber, es decir, cree que hay una circunstancia eximente.
La instrucción permitió formular indicios para las acusaciones por un delito de tortura –un detalle importante porque podría establecer un precedente jurídico internacional– y un delito de lesiones con pérdida de órgano principal, un delito de lesiones a título imprudente. Los cuatro acusados, el escopetero que disparó hasta tres veces y los tres mandos de quienes recibía la orden, se enfrentan a una prueba que apunta que una de las balas de goma se disparó a 14,12 metros de la víctima, una distancia contraria al reglamento. El juicio se inicia este miércoles, continúa el jueves y se aplazará hasta el 30 de septiembre y, casualmente, el primero de octubre.
Un caso internacional
El caso no ha pasado desapercibido ante las entidades de defensa de los derechos humanos o de carácter independentista, que incluso impulsaron un movimiento de apoyo para convertir el caso en un «triple símbolo» de la represión del Primero de Octubre. Así, Español supone la representación de «las personas heridas por foam o balas de goma, las que denuncian violencia policial y se encuentran ante un muro, y las del 1-O, con justificaciones judiciales”. De hecho, es el único caso que llega a juicio a pesar de las aplicaciones de la amnistía o los intentos continuos de archivo de la causa.
Español ha tenido el apoyo de entidades como Irídia –que le llevan la acusación particular–, Òmnium Cultural –acusación popular– y la ANC, así como del colectivo Stop Bales de Goma, Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (INCLO), REDRESS, ICHRP-España y Defender a Quien Defiende (DqD). Todas aprovechan el caso para denunciar la violencia policial ejercida durante la jornada del 1 de octubre del 2017, que provocó 1.066 personas heridas, y reivindican la necesidad de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
En este sentido, cabe resaltar la participación en el juicio oral de una misión internacional que reunirá representantes y personas expertas de seis organizaciones que harán una “atención especial” a aspectos como si el procedimiento ofrece garantías procesales propias de un juicio justo e imparcial, la valoración de la prueba sobre el uso de la fuerza y las circunstancias en que se efectuó el disparo, la aplicación de los estándares internacionales sobre la responsabilidad del mando y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, entre otros.
