Junts per Barcelona, Barcelona en Comú, ERC y PP, cuatro de los cinco grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona, no son partidarios de eliminar el servicio de bicicletas compartidas privadas, tal como ha anunciado Jaume Collboni. Según el alcalde, se hace un mal uso. Actualmente, hay 3.500 bicicletas compartidas privadas, y desde enero de 2025, el Ayuntamiento ha tenido que imponer hasta 5.500 sanciones, por ejemplo, por estacionar mal.
Los cuatro partidos políticos han forzado una comisión extraordinaria de Urbanismo y Movilidad para exigir a Collboni que mantenga las bicicletas compartidas y abra un diálogo con los operadores. Junts, Barcelona en Comú, ERC reclaman al alcalde que deje sin efecto la decisión de no renovar las licencias de bicicleta compartida y abra un proceso de trabajo con los operadores para diseñar un nuevo marco regulador que solucione los problemas de indisciplina y estacionamiento indebido sin eliminar el servicio.
La oposición cree que la decisión de Collboni fue «precipitada», supone un «retroceso en materia de movilidad sostenible», y se ha adoptado «sin evaluar previamente su impacto real sobre la movilidad y sin un proceso de participación adecuado». Los cuatro grupos municipales argumentan que «la bicicleta compartida es una herramienta de movilidad cotidiana también para los residentes, utilizada para desplazamientos de última milla, conexiones intermodales y trayectos entre barrios».
Impulsar el Bicing, dice Collboni
La eliminación del servicio de las bicicletas compartidas privadas anunciada por Collboni va acompañada de la intención de dar un nuevo impulso al Bicing, la bicicleta municipal de uso compartido. Recientemente, el Ayuntamiento anunció la compra de 4.000 vehículos más para llegar a las 12.000 bicicletas. Ahora hay 8.000, de las cuales 5.000 son eléctricas y 3.000 mecánicas.
A juicio de la oposición, el Bicing y la bicicleta compartida privada pueden ser servicios complementarios y responden a necesidades diferentes dentro del sistema de movilidad urbana, ya que en la capital catalana existe una elevada movilidad cotidiana de personas no residentes, que también forma parte de su demanda real de movilidad. También dice que «la tasa de incidencias del sistema de bicicleta compartida, si bien representa un problema que hay que solucionar, es baja en relación con el volumen total de trayectos, y existen alternativas reguladoras que permitirían ordenar y mejorar el servicio sin eliminarlo».
En la comisión, Junts, Barcelona en Comú, ERC y PP propondrán que se deje sin efecto la decisión de no renovación de las licencias de bicicleta compartida y abrir de manera inmediata un proceso de trabajo con los operadores activos en la ciudad para el diseño de un nuevo marco regulador orientado a solucionar los problemas de indisciplina y estacionamiento indebido en el espacio público. También se pedirá garantizar la continuidad del servicio de bicicleta compartida actualmente operativo en la ciudad mientras se define, se aprueba y se pone en marcha un nuevo marco regulador.
La iniciativa de la oposición también pone sobre la mesa la necesidad de encargar a los servicios técnicos municipales la elaboración de un proceso de licitación o nuevo marco competitivo de licencias que permita al Ayuntamiento seleccionar a los operadores según criterios objetivos de cumplimiento, calidad operativa, integración intermodal, estándares técnicos y compromiso con los objetivos de movilidad de la ciudad.
«Obligaciones vinculantes» para los operadores
Además, instan a crear una mesa de seguimiento de la bicicleta compartida, con participación del Ayuntamiento, los operadores, los grupos municipales, los distritos, las entidades vecinales y las asociaciones de usuarios, que se reúna trimestralmente y trabaje con indicadores públicos y homogéneos. Y establecer, en el nuevo marco regulador, «obligaciones vinculantes para los operadores en materia de estacionamiento, retirada de vehículos mal estacionados, intercambio de datos agregados, eliminación de incidencias y planes de residencialización del servicio, con mecanismos de sanción proporcionales al incumplimiento».
