Donald Trump recuperaba la presidencia de los Estados Unidos en noviembre de 2024. El candidato conservador se imponía a Kamala Harris tras una dura campaña electoral marcada, entre otras cosas, por un evidente acercamiento del empresario con Elon Musk, propietario de la red social X (anteriormente conocida como Twitter). La liberalización del contenido de esta plataforma no solo impulsó dos alternativas -Threads y Bluesky- sino que también llevó al gigante tecnológico Meta a hacer lo mismo con las redes que tenía bajo su control, principalmente Facebook e Instagram. Esto se tradujo en la introducción de una serie de cambios flagrantes en la política de cancelación de contenidos, que pasó a ser mucho menos restrictiva, sobre todo en cuanto a los discursos de odio. Este giro permisivo lo vivieron de primera mano los moderadores de la firma liderada por Mark Zuckerberg, encargados de discernir entre lo que es publicable y lo que debe ser censurado. Más de 2.000 trabajadores de las empresas subcontratadas Telus Digital y CCC realizaban estas funciones en Barcelona antes del cierre de la oficina y el despido colectivo de los empleados en mayo de 2025.
El TOT Barcelona ha podido hablar con varios de los moderadores que presenciaron estos cambios en las políticas de Meta. «Nuestro trabajo era lidiar con el vertedero de la humanidad. Veíamos todo lo que puedas imaginar, desde estafas hasta suicidios en directo […] El acercamiento entre Trump y Musk fue un punto de inflexión importante, las reglas hasta entonces muy restrictivas de las redes dejaron de serlo«, explica uno de los trabajadores de la última etapa de la oficina barcelonesa. Uno de los veteranos de la plantilla confirma este giro a partir de los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses. «Los últimos meses que estuvimos allí, las políticas eran mucho menos restrictivas. Se permitía el discurso de odio en pro de la libertad de expresión cuando antes lo bloqueábamos todo«, asegura. Y añade: «Muchos trabajadores estábamos en contra de estos cambios porque chocaban directamente con nuestros principios». Los empleados tenían orden de «no actuar» no solo con el contenido audiovisual -vídeos y fotografías- que podía contener este tipo de discurso, sino también con la edición del texto de las publicaciones. Las modificaciones en el criterio de censura se comunicaron en diversas formaciones impartidas bajo la supervisión de Meta a la plantilla de la capital catalana.
En un documento que data de principios del 2025 al cual ha tenido acceso este medio, se informaba a los trabajadores de la sede barcelonesa sobre estos cambios en la política de cancelación de las redes de la firma de Zuckerberg. En el centro de los criterios de censura se encuentra la protección de lo que llaman «características protegidas» (PC, por sus siglas en inglés), es decir, nacionalidades, razas, etnias, identidad de género, orientación sexual, identidad religiosa, condiciones de nacimiento o enfermedades, entre otras. Las novedades introducidas indicaban que a partir de ahora se permitían comparaciones con ciertos objetos inanimados –hablar de las mujeres como «objetos del hogar» o referirse a las personas no binarias como «eso»– o con organizaciones criminales o grupos de odio, como sería el nazismo. También se podía negar la existencia de cualquiera de los colectivos protegidos (PC), poniendo el siguiente ejemplo: «No existen las mujeres trans«. En este sentido, se explica que tampoco se censurarán ataques contra «enfermedades mentales o anormalidades en función de género u orientación sexual» -como «las mujeres trans están enfermas«- ni insultos en función de la fuerza o debilidad física, así como expresiones de desprecio o menosprecio. También se permiten afirmaciones que describan la intolerancia de un usuario respecto a los colectivos protegidos, sean estas racistas o homofóbicas.
En cuanto a la exclusión social por razón de sexo o género, se podían hacer afirmaciones en referencia a espacios normalmente limitados por sexo o género, como baños o vestuarios, ligas deportivas, salud y grupos de apoyo o escuelas específicas. De la misma manera, se daba vía libre a contenido que atacaba a estos colectivos especiales de acuerdo con limitaciones por la orientación sexual, sea para acceder al ejército o la policía -«No deberíamos tener gays en el ejército«-, en la aplicación de ciertas leyes o la enseñanza. El documento da validez también a declaraciones que indican la inferioridad de un colectivo protegido, siempre que haya una fundamentación o estudio referenciado (aunque no especifica si se comprueba la veracidad de este). Para concluir, se menciona que se puede utilizar la designación despectiva «tranny» para hablar de las personas trans y que se permiten afirmaciones como «Los negros cometen los delitos» o «Los musulmanes cometen ataques terroristas«. A pesar de estar manifiestamente en desacuerdo, los trabajadores de la sede barcelonesa se vieron forzados a aplicar estos cambios de criterio en la moderación de contenidos de Meta de manera inmediata. Lo hicieron mientras entre la plantilla crecía el rumor de que estas tareas solo estaban sirviendo para alimentar una inteligencia artificial que acabaría haciendo ese mismo trabajo.
Discriminaciones de hasta 7.000 euros anuales
Cabe recordar que este martes se celebró en la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio por el despido colectivo de los más de 2.000 trabajadores que moderaban contenido para Meta desde la capital catalana. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) celebraba finalmente después de tres intentos fallidos la vista por el cierre de la oficina barcelonesa, una decisión que las empresas implicadas califican de «productiva y organizativa«. Por su parte, los exempleados – agrupados bajo el sindicato Força Independent i Sindical de Treballadors (FIST)– consideran que fue un movimiento ilegal destinado a desplazar la producción a otros países europeos y eludir así problemas legales.
El caso quedó visto para sentencia, pero tanto Meta como las compañías subcontratadas Telus Digital y CCC aún tendrán que enfrentar varias disputas judiciales. La mayoría son reclamaciones presentadas por discriminación salarial por razón del idioma de trabajo. Según ha podido saber el TOT Barcelona, podía haber hasta 7.000 euros anuales de diferencia entre los sueldos de los trabajadores que moderaban el contenido en sueco, danés o holandés y los que lo hacían en español o portugués. Además, el mismo trabajo que se hacía desde la sede en Barcelona, se pagaba mucho peor –entre diez y veinte euros la hora menos– en las sedes de Telus en Essen (Alemania) y Riga (Letonia), donde los demandantes argumentan que se ha trasladado la producción. De hecho, los exempleados tienen constancia de algunas ofertas internas que llegaron a miembros de la plantilla para trasladarse a estos países.
