El gigante tecnológico Meta deberá responder ante la justicia este martes por el cierre de su oficina en Barcelona en mayo de 2025. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acoge la vista por la impugnación del despido colectivo de más de 2.000 trabajadores de esta sede, encargada de la moderación de contenidos en redes sociales como Facebook e Instagram. Figuran en el procedimiento tanto la firma liderada por Mark Zuckerberg como las compañías Telus Digital y CCC, subcontratadas por Meta para prestar este servicio. En concreto, los demandantes -representados por el bufete de abogados Abógalo- consideran que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) fue un movimiento ilegal destinado a desplazar la producción a otros países europeos.
En la demanda, se atribuye la decisión de bajar la persiana de la oficina en la capital catalana a un intento de trasladar unos servicios equivalentes a Austria, Alemania y Eslovaquia, territorios donde también tiene sedes la empresa Telus Digital. La reordenación tendría el objetivo de deshacerse de la plantilla barcelonesa para «eludir la litigiosidad existente en el estado español«. En este sentido, se da la circunstancia de que antes del despido colectivo ya había en marcha más de 1.200 reclamaciones por diversas razones, entre las cuales discriminación salarial por razón del idioma de trabajo -dado que se pagaba más a los empleados de los países nórdicos- o una demanda por daños personales derivados de deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales y salud mental.
Un impacto de más de 90 millones de euros
Con el juicio que se celebrará este martes se pretende esclarecer si el cierre de la sede y el traslado de la actividad fueron una «decisión empresarial legítima» o si se utilizaron las sociedades subcontratadas y su estructura multinacional para «impedir o dificultar la efectividad de los derechos de las personas trabajadoras y de sus reclamaciones judiciales«. En caso de que la demanda sea estimada, se podría declarar la nulidad de los despidos y acordarse la readmisión de la plantilla afectada. Si esto ocurriera, se calcula que el impacto económico potencial de este escenario es de más de 90 millones de euros que correrían a cargo de los demandados.
