Los pasillos de la Audiencia Provincial de Barcelona tenían a primera hora de este martes una afluencia poco habitual. Cerca de una treintena de personas esperaban desde las nueve y media en el primer piso del recinto el inicio del juicio por el despido colectivo de más de 2.000 trabajadores que moderaban contenido para el gigante tecnológico Meta. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) celebraba finalmente después de tres intentos fallidos la vista por el cierre de la oficina barcelonesa donde se prestaban estos servicios en mayo de 2025, principalmente para las redes sociales Facebook e Instagram. La mayoría de los presentes eran precisamente exempleados que perdieron el trabajo, agrupados bajo el sindicato Fuerza Independiente y Sindical de Trabajadores (FIST). Los demandantes -representados por Enrique Leiva, del bufete de abogados Abógalo- acudían a los juzgados con la intención de demostrar que el expediente de regulación de empleo (ERE) impulsado por Meta y ejecutado por las empresas subcontratadas Telus Digital y CCC fue un movimiento ilegal destinado a desplazar la producción a otros países europeos y eludir así problemas legales. En concreto, hablan de las más de 1.200 reclamaciones presentadas contra las compañías por discriminación salarial por razón del idioma de trabajo -se pagaba más a los empleados de los países nórdicos, por ejemplo- o una demanda por daños personales derivados de deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales y salud mental.
Leiva ha centrado sus intervenciones en demostrar que los vínculos entre Meta y los subcontratados iban más allá de la prestación de servicios externos. El letrado ha defendido que la firma liderada por Mark Zuckerberg tenía el control efectivo sobre la actividad y el día a día de los trabajadores de la sede de la Torre Glòries. Para ello, ha llamado al estrado a varios responsables del organigrama de la compañía CCC en Barcelona, quienes han certificado que había una relación directa y constante con Meta. Sobre la injerencia del gigante norteamericano en la actividad de los moderadores, varios exempleados han confirmado que, coincidiendo con el acercamiento entre Donald Trump y Elon Musk y la liberalización de la red social X, fueron informados por parte de Meta de cambios flagrantes en la política de cancelación de contenidos, que pasó a ser mucho menos restrictiva sobre todo en cuanto a los discursos de odio. Las declaraciones de los diferentes responsables de CCC también han permitido comprobar que la absorción de la empresa por parte de la canadiense Telus había generado sinergias con los otros centros de moderación de contenidos que esta última tiene en Essen (Alemania) y Riga (Letonia), donde los demandantes argumentan que se ha trasladado la producción después del cierre de la oficina en la capital catalana.
Así pues, los demandantes consideran que la sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a los trabajadores en cuanto a los casos de discriminación lingüística, hecha pública dos días antes del anuncio del ERE, motivó este despido colectivo. «Fue un procedimiento de represalia por las demandas. La fuga fue para evitar tener que equiparar al alza los salarios de todos los trabajadores de la sede barcelonesa […] La empresa cierra dos días después de conocer el contenido de la sentencia. Es un cierre ilícito que condiciona a los empleados a aceptar el acuerdo para el despido colectivo», ha asegurado Leiva en sus conclusiones finales. El abogado ha utilizado el informe del perito que auditó este ERE para exponer que el acceso al control de las finanzas y a datos con las horas trabajadas o los objetivos empresariales estaba en manos de directivos de Telus sin una vinculación específica a Barcelona, hecho que reforzaría la tesis de este desplazamiento de la producción. «Cuando se enteran de que tienen que empezar a pagar de forma justa, se van a otro país donde pueden operar durante cuatro o cinco años más […] Este juicio debe servir para ver si el empleador -CCC o Telus Digital- es la persona correcta o si era un títere y todo el entramado lo estaba controlando Meta», ha reflexionado el letrado.
Del sindicato «ilegítimo» a los roles de las multinacionales
Por su parte, las empresas implicadas han centrado sus esfuerzos en demostrar que la decisión tomada por Meta y comunicada en un correo con fecha de primero de abril de 2025 fue meramente «organizativa y productiva» y no económica [para evitar el costo de la compensación a los trabajadores discriminados]. «Meta es el cliente, quien decidió reducir el volumen de servicios y finalizar el contrato para la moderación de contenidos […] CCC o Telus no se han llevado la producción laboral a otro lugar, no se ha reubicado. En todo caso, se la debe haber llevado Meta a otra empresa o a otro país«, ha defendido la primera de las abogadas de las empresas que ha tomado la palabra. La letrada ha recordado que el sindicato FIST no tenía representación en el comité de empresa donde se negoció el ERE y ha puesto en duda la validez de sus afiliaciones, afirmando que hay varios certificados duplicados o triplicados y que más de un centenar se presentaron una vez terminado el período de consulta para el acuerdo para el despido colectivo y no cuando la empresa aún estaba operativa. Todo ello con el objetivo de rebajar el peso relativo que a su juicio tiene la sección sindical. «No tienen legitimación activa ni suficiente representación«, ha concluido, añadiendo que las empresas que representa han actuado en todo momento de forma legal, siguiendo el funcionamiento de muchas multinacionales.
La segunda de las abogadas de las compañías -que defendía también a algunos directivos de estas- ha centrado su alegato en señalar que la ampliación de la demanda que afectó a sus representados no se hizo dentro de los plazos legales establecidos. También ha subrayado que los responsables señalados tanto de CCC como de Telus tienen unos «roles globales» que por el negocio y tipo de clientes «no se pueden quedar en el ámbito local y van más allá de Barcelona», en referencia a sus vínculos con los otros centros de moderación de contenidos. A su vez, la letrada que llevaba la defensa de Meta se ha limitado a indicar que el gigante tecnológico externaliza servicios y que las empresas que operaban en la capital catalana son solo uno de los muchos proveedores que tienen en Europa. Ha negado que la firma de Zuckerberg esté al frente de ningún grupo mercantil que opere a través de CCC y Telus, asegurando que «no hay una caja única ni confusión accionarial«. «Meta indica el volumen de trabajo y las empresas deciden el cómo», ha precisado.
Para finalizar, el abogado de CCOO y la UGT -los dos sindicatos presentes en el comité de empresa que negociaron el ERE- ha aseverado que ambos actuaron siempre con «honestidad y transparencia» a la hora de llegar a un pacto con las compañías. «No hemos sido coaccionados para llegar a ningún acuerdo», ha dicho. La defensa ha insistido en que el FIST no tenía entonces «legitimidad activa» para revocar el comité ni ahora tampoco para llevar adelante la impugnación del despido colectivo y ha pedido que se desestime totalmente la demanda. El caso ha quedado visto para sentencia tras una jornada intensa de más de cuatro horas seguidas y ahora es el turno del TSJC, que deberá emitir su sentencia al respecto. En caso de que la demanda sea estimada, se podría declarar la nulidad de los despidos y acordarse la readmisión de la plantilla afectada. Si esto ocurriera, se calcula que el impacto económico potencial de este escenario es de más de 90 millones de euros que irían a cargo de los demandados.
