El barrio de la Verneda i la Pau podría haber sido estos días el escenario de dos desalojos de familias vulnerables con menores. Ambas llevan al menos seis años residiendo en pisos propiedad de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) y tenían el lanzamiento previsto para el lunes 26 de octubre y el miércoles 4 de noviembre. Ninguna de ellas tenía una alternativa residencial a su alcance y, por tanto, habrían terminado en la calle, excluidas del mercado de vivienda. Sin embargo, los dos procesos se suspendieron in extremis, solo unas horas antes de la fecha fijada para el desalojo en el primer caso y unos días antes en el segundo. Ahora se abre la puerta a la posible negociación de alquileres sociales para los vecinos afectados, que reciben el asesoramiento y el apoyo del Sindicat d’Habitatge de la Verneda – El Besòs. Estos no eran los únicos desalojos de familias vulnerables impulsados por la Generalitat esta misma semana: había al menos dos más programados fuera de Barcelona, en Vic y Manlleu (Osona).
Se da la circunstancia de que los dos casos suspendidos en la capital catalana son de familias del entorno de la Via Trajana, una zona al límite entre la capital catalana y Sant Adrià de Besòs donde históricamente se realojaron muchos barraquistas y que aún mantiene un porcentaje elevado de pisos públicos en régimen de alquiler vitalicio. Este ámbito es uno de los más afectados por los procesos de desalojo que está impulsando recientemente la Generalitat. Una situación que sorprende si tenemos en cuenta que en el barrio hay múltiples viviendas propiedad de la AHC que están vacías desde hace tiempo. Según denuncian las entidades pro vivienda, esta paradoja es bastante habitual y explica por qué muchas veces es el propio vecindario el que suele moverse para conseguir que quien entre a vivir en el domicilio sea una familia del barrio antes de que alguien lo pueda ocupar para destinarlo a actividades fraudulentas.
Forzados a dejar el barrio
El primero de los procesos detenidos fue el de Patricia. Esta mujer lleva quince años viviendo con su pareja y sus dos hijas, de 16 y 22 años, en un domicilio de la Generalitat en el paseo de la Verneda. La estabilidad familiar se truncó hace cinco años. Su marido tuvo que dejar de trabajar por una enfermedad y ella también terminó haciendo lo mismo con el objetivo de dedicarse a los cuidados que él necesitaba. Durante este impasse, las dificultades económicas hicieron que no pudieran pagar el alquiler y acumularan una deuda. Poco después, una de las hijas también sufrió problemas graves de salud mental y pensamientos autolíticos, lo que agravó la situación de vulnerabilidad de la familia. Desde el primer momento que se inició todo el proceso, Patricia manifestó su voluntad de asumir la deuda y pagarla de acuerdo con sus posibilidades económicas actuales.
El segundo caso es el de Carles Aparicio. Este hombre de 53 años lleva seis que volvió a la casa donde creció y que su madre mantiene con un alquiler vitalicio en la calle de Ca N’Oliva. Cuando ella tuvo que ingresar a una residencia, él se quedó en el domicilio con su hija de once años. Aparicio fue drogadicto, pero hace más de siete años que dejó las drogas. La madre de la pequeña no quiso saber nada de ella, así que el hombre la ha criado todos estos años solo. Tiene unos ingresos de unos 1.100 euros mensuales. El procedimiento judicial deriva de un impago del alquiler que se produjo cuando la vivienda aún estaba a cargo de su madre. En este tiempo, el hombre no ha podido personarse en el proceso ni tampoco se le ha permitido asumir la deuda acumulada, tal como ha solicitado en varias ocasiones. «Dicen que no me quieren desalojar, pero tampoco me dejan quedarme ni poner el piso a mi nombre», señalaba Aparicio en un reportaje publicado en TOT Barcelona a mediados de mayo, remarcando que tanto él como su hija tienen la vida montada en el barrio.
Durante este tiempo de disputa judicial, el afectado ha intentado encontrar alternativas en la zona a través del mercado libre y también vía los servicios sociales. No ha habido manera. «Con 1.100 euros y una criatura, ¿dónde quieren que vaya? Que me lo expliquen«, remataba entonces. Su desalojo estaba fijado como comentábamos para el próximo miércoles 4 de noviembre, pero finalmente también ha podido ser suspendido temporalmente.
Una revisión con vacíos y exclusión de la mesa de emergencia
La Agència de l’Habitatge de Catalunya se comprometió el pasado mes de mayo a revisar los casos con fecha de desalojo fijada y suspender cautelarmente los lanzamientos previstos entonces. Eso sí, siempre que las familias afectadas cumplieran los requisitos, se encontraran en situación de vulnerabilidad y acreditaran que no tenían propiedades. Lo hizo después de que diversas entidades pro vivienda protagonizaran una acción conjunta en las puertas de la sede con el apoyo de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC). Como ni Patricia ni Carles tenían entonces la fecha fijada, aunque el segundo sí participó de la movilización, quedaron fuera de este primer acuerdo con la Generalitat.
Sin embargo, desde los sindicatos ya alertaban entonces que este paso no era garantía de la apertura de un proceso de resolución alternativo a los desalojos, como podría ser la regularización de la situación de las familias con otorgamiento de alquileres sociales. De hecho, la misma administración confirma que desde 2022 se ha cerrado esta vía, lo que explicaría el aumento significativo de los lanzamientos impulsados por el Institut Català del Sòl (INCASÒL) detectado en los últimos años. Es importante remarcar que el reglamento permite legalizar a los residentes de pisos públicos si hace al menos dos años que viven en el domicilio. El movimiento pro vivienda también denuncia que casos como el de Aparicio quedan excluidos de la mesa de emergencia porque, como -según la administración- estaría ocupando un piso de propiedad pública en Barcelona, no tiene derecho a optar a otro, un extremo que no se aplica en otros municipios vecinos como, por ejemplo, Sant Adrià de Besòs.
