La crisis de la vivienda es uno de los temas cruciales en muchas de las grandes ciudades europeas. Es por ello que las autoridades supranacionales sitúan esta problemática en el centro del debate para tratar de encontrar soluciones y estrategias al respecto. En esta búsqueda de respuestas y alternativas, Barcelona ha atraído la atención de la Comisión Europea por su abordaje de la situación y, en concreto, por el trabajo que se está realizando con una promoción de vivienda social ubicada en la capital catalana. Hablamos del proyecto de Ca l’Ordit, en construcción en los números 126 y 128 del paseo de Torras i Bages, en el barrio de Sant Andreu. Esta promoción de vivienda cooperativa en cesión de uso impulsada por Sostre Cívic es la más grande de estas características impulsada nunca en el Estado con 62 pisos.
Coincidiendo con la celebración en la ciudad del Housing World Summit (HOWS), un evento que forma parte del Smart City Expo World Congress que ha tenido lugar estos días en la Fira de Gran Via, una delegación de la Eurocámara visitó Ca l’Ordit para ver cómo avanzan las obras y conocer más sobre esta iniciativa pionera. La comitiva estuvo encabezada por Matthew Baldwin, máximo responsable técnico de vivienda de la Comisión Europea, y por Philipp Voswinkel, uno de los directivos del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB). Esta entidad participa en la financiación del proyecto cooperativo, que también cuenta con una subvención de 2,7 millones de euros de los fondos europeos NextGeneration.
Baldwin se mostró muy interesado en la escala que está alcanzando el modelo cooperativo a través de entidades como Sostre Cívic y también por la capacidad de combinar suelo público, propiedad colectiva y financiación europea bajo un mismo paraguas. A su vez, Voswinkel destacó la contribución de Sostre Cívic a la ampliación del parque de vivienda social y asequible, combinando «inclusión social, sostenibilidad y comunidad». «La financiación a largo plazo en condiciones concesionales permite que proyectos como Ca l’Ordit se hagan realidad y que la vivienda cooperativa llegue a más personas», señaló.
Por su parte, desde Sostre Cívic quisieron trasladar a los representantes europeos su preocupación por el rumbo de las últimas políticas públicas locales y estatales, que reconocen adecuadamente las entidades de la economía social y dificultan su crecimiento, a pesar de su «solvencia y el impacto social y ambiental». Sobre todo, se quejan por la falta de prioridad de las entidades sin ánimo de lucro en el acceso al suelo público y un tratamiento fiscal que no reconoce su finalidad social.
Cinco fincas que quieren ser cooperativas
Es importante recordar que Sostre Cívic trabaja con los vecinos de cinco edificios de la capital catalana que se han acogido al derecho de tanteo y retracto después de que las propiedades intentaran vender los inmuebles a varios fondos de inversión. Este mecanismo legal permite que las administraciones públicas y entidades sociales tengan preferencia en la compra de un inmueble si igualan las condiciones de la operación prevista. En total, hay cerca de 120 vecinos afectados repartidos por las cinco fincas. Tanto los inquilinos como la cooperativa esperan ahora la respuesta del Ayuntamiento de Barcelona, a quien han solicitado que facilite algún tipo de apoyo económico para hacer viables las adquisiciones. Sobre la mesa hay varias fórmulas para hacerlo, desde que el consistorio se quede con un porcentaje de los bloques al otorgamiento de subvenciones o la complementación de préstamos firmados con entidades como el Institut Català de Finances (ICF).
