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Denuncian que la Urbana ha multado un chico que pidió ser atendido en catalán

Plataforma per la Llengua asegura que la Guardia Urbana ha multado con 601 euros un chico por, según la entidad, haberse atrevido a denunciar que los agentes se negaron a hablarle en catalán. Según exponen en un comunicado, la policía municipal lo ha multado por una supuesta infracción de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la conocida ‘Ley Mordaza‘. La Guardia Urbana justifica la sanción por negarse a ser identificado, a pesar de que desde la entidad aseguran que el chico acabó cediendo.

Los hechos se remontan al pasado 27 de diciembre, cuando agentes del cuerpo pararon cuatro personas en el paseo Maragall sin ningún motivo aparente, según el comunicado. La entidad explica que una persona del grupo preguntó por qué se los identificaba y que, cuando un agente le respondió en castellano, este se negó. «Me entiendes perfectamente en castellano, así que no pienso hablarte en catalán«, le comentó, según el que ha explicado el joven.

Represalia por denunciar los hechos

El escrito detalla que, un mes más tarde de estos hechos, el joven recibió una sanción de 300 euros que no correspondía con los hechos ocurridos. Plataforma per la Llengua critica que los hechos denunciados (cantos y gritos en la vía pública) no se correspondían con la infracción de la ordenanza general del medio ambiente que constaba en la sanción. Por todo ello, el afectado decidió recorrer la multa y denunciar la vulneración de los derechos lingüísticos por parte de los agentes. El Ayuntamiento acabó archivando la causa.

El joven recibió una nueva multa un día antes de que el consistorio cerrara la investigación. En este sentido, Plataforma per la Llengua asegura que es «muy revelador» que el cuerpo policial no decidiera aplicar la sensación correspondiente a la ‘Ley Mordaza’ hasta que el afectado elevó la queja al Ayuntamiento, tres meses después de los hechos.

Los trabajadores públicos tienen que hablar catalán

La entidad recuerda que el agente incumplió el Reglamento de uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona, «que fija que los trabajadores tienen que dirigirse en catalán a los administrados, salvo que pidan ser atendidos en castellano». También apuntan que se ha vulnerado el derecho de opción lingüística del ciudadano, «que marca el artículo 6.1 del Estatuto y artículo 3.2 de la Constitución española, en los que se detalla que un ciudadano tiene derecho de habla y de recibir respuesta en catalán de los trabajadores públicos».

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