Una notaría de Barcelona cobró dos veces a unos usuarios para obtener una escritura de compraventa en catalán. Tras las reclamaciones tramitadas con el apoyo de Plataforma per la Llengua, el Colegio Notarial de Cataluña ha obligado a la oficina a devolver el dinero cobrado por la segunda copia, al tiempo que ha admitido que el notario incumplió la obligación de preguntarles en qué lengua querían la documentación antes de redactarla. La entidad defiende en un comunicado que este caso evidencia la «importancia de denunciar las discriminaciones lingüísticas», pero también lamenta que ninguna administración «haya sancionado a los responsables» de vulnerar los derechos lingüísticos de los afectados.
El caso tiene su origen en diciembre de 2025 durante la compra de una vivienda. En ningún momento de la gestión se preguntó a los afectados cuál era su preferencia lingüística y la escritura se redactó directamente en castellano. Una vez en casa, los clientes detectaron además que el texto incluía una cláusula tipo en la cual se aseguraba falsamente que habían sido informados de sus derechos y que habían elegido el castellano de manera voluntaria. Los afectados contactaron entonces con Plataforma per la Llengua, que les brindó apoyo jurídico para presentar una primera queja ante el Colegio Notarial de Cataluña.
Aunque el organismo decidió archivar la vía disciplinaria, sí reconoció la mala praxis porque la notaría debería haber preguntado a los clientes en qué lengua querían los documentos y requirió formalmente a la oficina notarial que preguntara de oficio la lengua a los clientes en el futuro. La notaría hizo la copia autorizada en catalán, pero la hizo pagar de nuevo, una nueva vulneración de sus derechos porque tuvieron que pagar dos veces. Esto provocó que los afectados, con el asesoramiento de la entidad en defensa de la lengua, presentaran una segunda reclamación con el objetivo de que el Colegio Notarial determinara que los usuarios no debían asumir el costo de un error de la oficina o negligencia. La resolución obligó a la notaría a devolver el dinero que les había cobrado por la copia en catalán, una devolución que se hizo efectiva el pasado 25 de agosto. Los afectados, por su parte, tuvieron que devolver el documento en castellano.
Sin sanciones disciplinarias
Más allá del retorno económico, Plataforma per la Llengua lamenta la falta de consecuencias para el responsable de la vulneración porque «las dos quejas disciplinarias fueron archivadas y no se ha impuesto ninguna sanción». Asimismo, la entidad denuncia que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de la Generalitat no ha resuelto expresamente el recurso de alzada presentado contra el archivamiento de la primera queja, que se ha terminado desestimando por silencio administrativo.
Finalmente, Plataforma per la Llengua recuerda los datos de su último estudio sectorial, donde un 68% de las notarías catalanas no ofrecían de forma activa la elección de lengua, lo que se traduce en solo un 24,6% de la documentación redactada en catalán. Desde la entidad se insiste en que el derecho de opción lingüística es una garantía legal de obligado cumplimiento, y reclama a las administraciones que «garanticen de manera efectiva el derecho de los ciudadanos a relacionarse en catalán con las notarías y que las vulneraciones de estos derechos no queden impunes».
