El Ayuntamiento de Barcelona no realiza inspecciones ni impone ningún tipo de sanción a comercios de la capital catalana que incumplen la normativa lingüística vigente. Así lo ha reconocido el mismo consistorio en un informe remitido al Síndic de Greuges de Cataluña a raíz de una queja ciudadana por la falta de respuesta municipal ante las denuncias por la ausencia del catalán en la rotulación y la atención de 76 establecimientos comerciales.
En la resolución, compartida a través de la red social X por el activista lingüístico @miqu3lm0la, el Síndic detalla la respuesta formal que le ha trasladado el consistorio el pasado 4 de agosto. Según el documento, el gobierno socialista argumenta que actualmente «prioriza las actuaciones de sensibilización e información previas a cualquier actuación inspectora». Por este motivo, el ejecutivo de Jaume Collboni admite abiertamente que los comercios denunciados «no han sido incorporados, de momento, a ninguna campaña específica de inspección» y también reconoce que «no se han realizado inspecciones ni se han iniciado procedimientos sancionadores».
Cartas informativas en lugar de inspecciones
Ante las alertas de los consumidores por la desprotección de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes, la actuación municipal se ha limitado al envío de cartas a través de la Oficina Municipal de Información a las Personas Consumidoras (OMIC). En estas misivas, el consistorio recuerda a los comercios denunciados la obligación legal de tener la información dirigida a los consumidores disponible, como mínimo, en catalán —incluyendo la rotulación, los tiques, las facturas y el material contractual— y les ofrece recursos de asesoramiento de la OMIC o del Consorcio para la Normalización Lingüística.
L’Ajuntament de Barcelona (@bcn_ajuntament) reconeix oficialment davant del @sindicdegreuges que NO fa inspeccions ni sanciona els comerços que incompleixen la normativa lingüística. 👇 🧵 #AccióPelCatalà pic.twitter.com/cVwm240Fof
— miqu3l m0la ||*|| (@miqu3lm0la) 25 de agosto de 2026
Sin embargo, como reconoce la misma resolución, estos avisos no van acompañados de ningún seguimiento ni de ningún control posterior para verificar si los comercios adaptan su rotulación a la legalidad. En su respuesta, el Ayuntamiento detalla que han puesto en marcha algunas medidas de carácter general, como la preparación de una «prueba piloto» en el distrito de Gràcia para analizar la presencia del catalán en el comercio o acciones informativas en los establecimientos de la Rambla, pero evita ejercer la facultad inspectora o sancionadora.
Silencio administrativo y recurso a la GAIP por opacidad
A esta falta de control se añade la opacidad en la gestión de la información pública. El mismo ciudadano afectado interpuso una Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) para conocer el estado de los expedientes y las inspecciones. Ante la falta de respuesta y el silencio del Ayuntamiento, el reclamante tuvo que acudir a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP). Este martes, 25 de agosto, el denunciante ha aportado formalmente el documento del Síndic ante la GAIP como prueba de que el Ayuntamiento disponía de los datos y optó por mantener el silencio administrativamente. Es por eso que en el escrito se hace constar que esta actuación es una «vulneración injustificada del derecho de acceso» a la información y solicita que se tenga en cuenta cuando se dicte la resolución de su reclamación.
