El Govern se ha inhibido ante la polémica por los hechos ocurridos el 10 de junio durante la bendición de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia, en la que cerca de 600 cantantes fueron expulsados de la basílica después de que la policía española detectara esteladas en algunas partituras y porque querían cantar el himno nacional de Cataluña, Els Segadors. A pesar de que los afectados han pedido a través de una carta explicaciones y disculpas al ejecutivo, ni el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ni la consejera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, han querido pronunciarse sobre el dispositivo policial que implicó la actuación de los Mossos d’Esquadra con el encapsulamiento de los cantantes, y se han limitado a destacar el «éxito» que supuso la visita del Papa León XIV a Cataluña. «Somos capaces de hacer cosas muy excelentes y muy relevantes, y se debe poner el foco en la globalidad de lo que pasó», defiende el ejecutivo, que, además, destaca que Cataluña mostró su «mejor versión» al mundo. Más allá de esconder la cabeza bajo el ala con las explicaciones, consejeros como Albert Dalmau o Ramon Espadaler han justificado que se echara a los cantantes del templo.
Junts per Catalunya ha pedido explicaciones por activa y por pasiva sobre esta cuestión, con peticiones públicas y también por escrito, con una batería de preguntas registradas en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados. La última ocasión fue durante la sesión de control en el Parlamento, cuando la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, volvió a denunciar los hechos y reclamó a Illa si el Govern tenía conocimiento, así como quién lo ordenó y quién asumirá responsabilidades. A pesar de la concreción de las preguntas, Illa evitó dar cualquier explicación y se limitó a decir que Barcelona, la Sagrada Familia y Cataluña «iluminaron el mundo con un mensaje de esperanza, acogida, humanismo, genialidad y arquitectura». También han pedido explicaciones ERC y la CUP, pero han tenido la misma suerte que los de Carles Puigdemont y sus peticiones han caído en saco roto.
Las no explicaciones de Illa llegaron al día siguiente de que Paneque tampoco respondiera ninguna de las preguntas sobre la expulsión de los cantantes que se le formularon durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo. Preguntada por quién decidió expulsarlos, qué sabía el Govern y qué papel tuvo la Consejería de Interior, la portavoz no respondió ninguna de las preguntas y agradeció la tarea de los cuerpos de seguridad protocolo e, incluso, a los cantantes la «excelente labor que permitió trasladar una imagen imponente». Aunque admitió que se podría haber mejorado «alguna cuestión», Sílvia Paneque quiso poner el foco en «el éxito rotundo de la visita y de la proyección que trasladó Cataluña hacia el exterior». «El Govern nunca ha negado el himno de Els Segadors en los actos que organiza, pero valoramos la globalidad y fue un éxito rotundo», añadió.
Dalmau y Espadaler justifican que se expulsara a los cantantes de la Sagrada Familia
Aparte de evitar dar explicaciones sobre el dispositivo policial que permitió expulsar a los cantantes con la colaboración de la Policía de la Generalitat, el conseller de la Presidencia defendió que se les expulsara del templo para «proteger» el acto de bendición de la torre de Jesús. Dalmau expuso en una entrevista en Catalunya Ràdio que hay espacios para protestar «si alguien quiere hacer gritos a favor de la independencia o en contra», pero cuestionó que eso se pueda hacer en actos institucionales como el del Papa. «Algún día nos gustará la protesta y otro día no nos gustará tanto. Te puedes encontrar que alguien cante el himno de otra cosa que no te haga tanta gracia», reflexionó.
Por su parte, Espadaler compartió el posicionamiento de la Sagrada Familia, que justificó la decisión porque tenían la intención de cantar “Els segadors” y mostrar esteladas. Así, en una entrevista en el programa Aquí Parlem de RTVE, compartió que «no hay símbolos de ningún tipo, no hay banderas dentro de un acto litúrgico que es lo que se estaba haciendo». «Lo que se hizo con la decisión policial es garantizar que este acto litúrgico se pudiera desarrollar con toda normalidad», remarcó.
Explicaciones, apoyo a medias y querella contra policía española y Mossos
La polémica actuación policial ha tenido otras derivadas como la carta que 200 cantantes enviaron a la basílica de la Sagrada Familia, el Arzobispado de Barcelona, la Generalitat y la delegación del gobierno español para pedir explicaciones y exigir disculpas porque consideran «especialmente doloroso» que por unos hechos atribuidos a «un número reducido de personas», se adoptara una «medida colectiva que afectó indiscriminadamente a cientos de cantantes». Por otro lado, la Federación Catalana de Entidades Corales, la Federación de Coros de Clavé, las Corales Jóvenes de Cataluña, la Federación Catalana de Pueri Cantores, la Federación Coral de Girona Agrupación Coral Comarques de Girona y el Movimiento Coral Catalán hicieron un comunicado conjunto contra la expulsión de los cantantes, unos hechos que consideran «más propio de otro momento histórico de mal recuerdo». A pesar de la crítica a la actuación policial, las seis agrupaciones también recordaron a los cantantes que representaban una entidad, no «su propia ideología». Y, aunque hablaban de una reivindicación «lícita», subrayan que esta no fue «validada ni conocida por el resto de miembros de su coro y de los otros».
En medio de todo este revuelo, Acció Cassandra ha tirado por el derecho y ha presentado una querella criminal contra los mandos de la policía española y los Mossos d’Esquadra que coordinaron la expulsión de los cantantes. La entidad jurídica liderada por Lluís Gibert y Josep Rosell considera que fue una “actuación coactiva, arbitraria y de una gravedad extraordinaria contra ciudadanos catalanes que participaban legítimamente en un acto religioso y musical de gran relevancia pública” y defiende que los hechos podrían ser constitutivos de diferentes delitos: detención ilegal cometida por funcionario público, prevaricación, discriminación por motivos nacionales e ideológicos y contra los derechos fundamentales.
