Dos sentencias han condenado al Ayuntamiento de Barcelona por «vulnerar los derechos retributivos» o salariales de dos guardias urbanos. Las dos resoluciones judiciales las ha dado a conocer el sindicato CSIF, mayoritario en la policía local barcelonesa, que ha defendido las causas de los dos policías. Fuentes municipales han declinado valorar las sentencias porque se han presentado recursos de apelación.
En el primero de los casos, el Tribunal de Instancia de Barcelona ha reconocido las reclamaciones de un subinspector para percibir las diferencias salariales por haber ejercido durante dos años, seis meses y siete días las funciones propias de un intendente. Durante este tiempo, el subinspector, con un nivel 22 (escala salarial dentro de la administración pública), realizó el trabajo de un mando (nivel 27), pero no cobró como tal.
Ejerció de mando y no le pagaron
Según el sindicato, el tribunal considera que ha quedado acreditado que el policía “asumió de manera continuada la jefatura de la Unidad de Obras, responsabilizándose de su gestión diaria y ejerciendo funciones de mando”. Ahora, el Ayuntamiento deberá pagar al subinspector las diferencias entre lo que cobró y lo que le correspondía en realidad, además de los correspondientes intereses.
Se denegaron los trienios
La segunda denuncia que llegó a los tribunales fue la de una agente a quien se le negó el abono económico de los trienios durante su año de prácticas, “a pesar de haberle reconocido administrativamente la antigüedad por los servicios prestados anteriormente en el ejército de tierra”. El Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona ha estimado «íntegramente» el recurso presentado por la trabajadora y obliga al Ayuntamiento a abonarle 2.000,64 euros brutos correspondientes al periodo comprendido entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023.
“El Ayuntamiento no puede exigir responsabilidades de una categoría superior y pagar como si el trabajador perteneciera a una inferior, ni reconocer una antigüedad para luego negar sus efectos económicos. Los derechos de los empleados públicos no son opcionales: deben cumplirse y pagarse”, ha valorado el secretario general de CSIF en el Ayuntamiento, Eugenio Zambrano.
Por otro lado, el sindicato afirma que las dos resoluciones judiciales evidencian “la necesidad de revisar los criterios retributivos que aplica el Ayuntamiento de Barcelona y de poner fin a decisiones administrativas que perjudican económicamente a los trabajadores”. Zambrano añade que “no es aceptable que sean los mismos empleados quienes tengan que asumir el coste, el tiempo y el desgaste de acudir a la Justicia para conseguir que se respeten sus derechos”.
