El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por Acció Cassandra por los incidentes ocurridos en la basílica de la Sagrada Familia, donde cerca de 600 cantantes fueron expulsados y encapsulados en un operativo policial y de seguridad coincidiendo con la visita del Papa para bendecir la torre de Jesucristo. El magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de detención ilegal cometida por funcionario público, prevaricación administrativa, delitos contra los derechos fundamentales y un delito de odio o discriminación ideológica y nacional, con el agravante de afectación a menores de edad.
En su auto, el juez ha acordado la incoación de diligencias previas y ha ordenado las primeras actuaciones para esclarecer si hay responsabilidades penales por la actuación policial contra los cantantes. De esta manera, el tribunal requiere a la Dirección General de la Policía de los Mossos d’Esquadra y al Cuerpo Nacional de Policía que identifiquen al jefe del operativo y toda la cadena de mando que ordenó el encapsulamiento exterior y el confinamiento de los coros.
Además de la identificación de los responsables policiales, la resolución judicial ordena el requerimiento de las grabaciones de seguridad tanto del interior del templo como de la vía pública en el perímetro afectado. Paralelamente, el magistrado toma la decisión de citar a declarar a los testigos y las personas afectadas que han sido aportadas por la entidad querellante.
«Puede haber habido una actuación arbitraria»
El abogado y presidente de Acció Cassandra, Lluís Gibert, ha valorado la resolución como un «paso muy importante» que confirma la gravedad de la situación. «La admisión a trámite confirma que los hechos denunciados no son una exageración política ni una simple polémica organizativa, sino unos hechos lo suficientemente graves como para merecer una investigación penal con todas las garantías», ha afirmado Gibert, remarcando que el requerimiento de pruebas indica que «puede haber habido una actuación arbitraria y lesiva de derechos fundamentales contra ciudadanos catalanes».
Desde la organización sostienen que la actuación contra los coros, especialmente por el trato recibido por los grupos infantiles, supera el ámbito de una incidencia logística y exige responsabilidades sobre la cadena de decisiones y el eventual componente discriminatorio. «Defenderemos esta causa hasta el final no solo por lo que ocurrió con los 600 cantantes, sino porque está en juego si la minoría nacional catalana puede ser objeto de un dispositivo represivo de estas características sin que nadie asuma responsabilidades», ha remarcado el presidente de la entidad, la cual ha garantizado que mantendrá la información sobre el caso bajo una estricta prudencia procesal.
