Acció Cassandra ha interpuesto una querella criminal contra mandos y agentes de la policía española (CNP) y los Mossos d’Esquadra por la expulsión –y posterior encapsulamiento– de los cantantes de la Sagrada Familia en la misa solemne y la bendición de la torre de Jesucristo. En ejercicio de la acusación popular, la entidad jurídica impulsada por Lluís Gibert y Josep Rosell considera que los hechos podrían constituir detención ilegal, prevaricación, vulneración de derechos fundamentales y discriminación por motivos nacionales e ideológicos. La entidad considera que la actuación policial fue una «actuación coactiva, arbitraria y de una gravedad extraordinaria contra ciudadanos catalanes que participaban legítimamente en un acto religioso y musical de gran relevancia pública». En este sentido, subraya que los hechos son aún más graves porque hay «afectación directa a menores de edad integrados en los coros infantiles». Fuentes de Acció Cassandra han puntualizado que la querella se dirige a los dos cuerpos de seguridad porque desconocen «quién y cómo dieron las órdenes, y si colaboraron».
Gibert ha manifestado que la actuación de los cuerpos policiales en la Sagrada Familia el pasado 10 de junio «no es una anécdota ni un malentendido organizativo, sino un operativo de fuerza que podría encajar en delitos de detención ilegal, abuso de autoridad y odio ideológico contra ciudadanos catalanes que solo hacían lo que se les había encomendado: cantar en un acto religioso». Así, la querella recoge que los hechos se produjeron en el tramo final del evento, durante la interpretación del Virolai, cuando los cantantes adultos fueron desalojados de la basílica mediante «una maniobra de engaño y coacción». Después de interrumpir el canto y apartar al director de los coros, los participantes fueron conducidos hacia una salida que no formaba parte del recorrido previsto, hasta quedar cercados en el exterior en un dispositivo policial que les impedía moverse con libertad.
«La maniobra de encapsulamiento comportó una privación de hecho de la libertad ambulatoria de cientos de personas sin orden judicial, sin delito flagrante y sin justificación legal suficiente», subraya Acció Cassandra en un comunicado difundido este martes. Por otro lado, los menores integrados en los coros infantiles habrían quedado retenidos en la cantoría del templo, bajo presión policial y sin poder contactar inmediatamente con sus padres o tutores, en un contexto que diversos testigos describen como humillante, intimidatorio y psicológicamente devastador.
Deja abierta la puerta a pedir responsabilidades penales al Patronato de la Basílica de la Sagrada Familia
Además de describir los hechos, la querella aporta testimonios directos de cantantes afectados, responsables de coros y personas presentes durante los hechos, y solicita que se practiquen diligencias concretas como la «identificación de los mandos y agentes implicados, aportación de las órdenes de servicio, preservación y análisis de las grabaciones de seguridad, y declaración de los testigos y responsables operativos que intervinieron en el dispositivo». Sin perjuicio de lo que se determine en fase de instrucción, la entidad jurídica deja abierta la puerta a la existencia de posibles responsabilidades penales por parte del Patronato de la Basílica de la Sagrada Familia, «en la medida en que se pueda acreditar su intervención, conocimiento previo o consentimiento en el diseño, la autorización o la ejecución del operativo».
«Estamos normalizando un salto cualitativo en la represión simbólica»
Finalmente, Lluís Gibert expone que «si aceptamos que 600 cantantes pueden ser cercados y humillados en uno de los templos más emblemáticos del país por su condición de catalanes, estamos normalizando un salto cualitativo en la represión simbólica». El abogado, además, subraya que la querella quiere dejar claro que «la minoría nacional catalana no renunciará a defender su dignidad también en los tribunales». Con motivo de esta acción, la entidad ha abierto una campaña de micromecenazgo para cubrir los gastos del procedimiento, incluida la eventual fianza para ejercer la acusación popular.
