La asociación Acció Cassandra ha iniciado una búsqueda urgente de testigos directos para apuntalar la querella presentada contra mandos de la Policía española y Mossos d’Esquadra por la expulsión y encapsulamiento de cerca de 600 cantantes durante el acto de bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Família del pasado 10 de junio. El colectivo, que ejerce la acusación popular, advierte que la viabilidad de la causa judicial dependerá directamente de la colaboración de las personas afectadas, incluidos los menores de edad que vivieron los hechos. La entidad jurídica impulsada por Lluís Gibert y Josep Rosell ha realizado este llamado coincidiendo con la comparecencia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 29 de Barcelona para ratificar la querella criminal interpuesta por los hechos antes mencionados, paso previo antes de que el juez decida si la admite a trámite.
Desde la asociación consideran que el operativo policial fue «gravemente lesivo para los derechos fundamentales» y califica la actuación policial de «coactiva, arbitraria y de una gravedad extraordinaria contra ciudadanos catalanes que participaban legítimamente en un acto religioso y musical de gran relevancia pública”. De hecho, el escrito de la querella, que actualmente se encuentra pendiente de que el juzgado cite a la asociación para su ratificación formal, señala indicios de delitos graves. Entre estos, destacan los de detención ilegal, prevaricación, delitos contra los derechos fundamentales y delitos de odio o discriminación ideológica y nacional, un último punto especialmente agravado por el hecho de que había menores de edad implicados.
Acció Cassandra insisten en que ve claramente obtener un «refuerzo probatorio» con testimonios directos de los hechos y hacen un llamado a los integrantes de los coros afectados para que se pongan en contacto con su equipo jurídico y den el paso de testificar ante el juez. «Sin este refuerzo probatorio, la querella tendrá muchas más dificultades para prosperar», deja claro la entidad jurídica impulsada por los dos abogados. De hecho, el abogado y presidente de Acció Cassandra, Lluís Gibert, ha advertido que «esta causa no se puede ganar sin cantantes valientes dispuestos a explicar qué vivieron».
Campaña de micromecenazgo para cubrir la fianza
Más allá de la necesidad de testigos, la entidad prevé otro obstáculo a corto plazo: la exigencia de una fianza económica por parte del juzgado para poder ejercer la acusación popular, una medida habitual en este tipo de procedimientos. Para afrontarlo, Acció Cassandra ha activado una campaña de micromecenazgo destinada a cubrir tanto el importe de la fianza como el resto de gastos legales y de gestión. Gibert ha pedido a la sociedad civil que «ayude a superar la barrera económica de la fianza» porque «la dignidad de los 600 cantantes y de la minoría nacional catalana merece que hagamos este esfuerzo colectivo». La asociación se ha comprometido a aplicar criterios estrictos de transparencia y destino finalista de los fondos, siguiendo la línea de otros casos gestionados anteriormente por la organización.
