Última jornada, accidentada, del juicio de Roger Español contra los cuatro policías acusados de vaciarle un ojo. Tenía que comenzar a las diez de la mañana, pero la indisposición de uno de los acusados ha hecho posponer el inicio hasta la una de la tarde. Todo en medio de una polémica porque ni la abogada del Estado que lleva la defensa del policía había tenido la cortesía de explicarlo a las acusaciones y porque no había acreditado documentalmente la baja. El abogado de Español, Benet Salellas, incluso ha pedido al tribunal poner al inspector de policía que no ha comparecido en busca y captura. Finalmente, ha sido dado de alta a las 11:20 horas y el presidente del tribunal, José Carlos Iglesias, con la documentación aportada por su defensa, que confirmaba que había sido atendido en un centro médico, ha decidido permitir la continuación de la vista a la una de la tarde.
La vista se ha reanudado con la intervención del inspector jefe de los subgrupos del Camel 50 que actuaron en los alrededores del instituto Ramon Llull y de quien dependía Israel Ramos, el escopetero acusado de disparar la bala de goma que mutiló a Español. El interrogatorio ha comenzado con las preguntas de Benet Salellas, abogado de Español, que como un viejo gato sabía muy bien cómo llevar el compás y con oficio ha puesto muy difícil las repreguntas a la defensa de los policías donde se incluye la fiscalía. La primera declaración ha servido para que los mandos del lugar insistieran en que el disparo fue «legal» y han reconocido que el escopetero podía no haber disparado si consideraba que no se cumplían las medidas de seguridad.
«Fue legal»
El inspector tenía dos jefes de equipo, oficiales de policía, por debajo a quienes trasladó la orden de disparar balas de goma siguiendo a la vez la orden del jefe del contingente, que ha declarado posteriormente. En su declaración, ha admitido que disparar al suelo supone no tener controlada la trayectoria de la bala porque «los ángulos son aleatorios». Sin embargo, ha sido sorprendido cuando Salellas, hábilmente, le ha repreguntado si la escopeta puede tener más inclinación o menos en el momento de disparar y poder intuir que los disparos podían ir a las partes superiores del cuerpo.
A preguntas de la fiscalía, que pretendían justificar la actuación, por la violencia ambiental y el «riesgo de peligrosidad» que existía y el riesgo para los agentes, el inspector, entonces subinspector, ha recalcado que disparar era una orden «legal». Es decir, cumpliendo la circular y las circunstancias que los protocolos de la policía le permitían. Otro de los policías ha reconocido que el policía que disparó podía no haberlo hecho, si consideraba que no se daban las circunstancias de seguridad para disparar. El mensaje de los policías es que no avistaron ninguna consecuencia traumática en los manifestantes porque solo tenían que evaluar si disparar en ese momento «se ajustaba o no al protocolo». La sesión se ha suspendido hasta las cuatro de la tarde.
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