Última jornada, accidentada, del juicio de Roger Español contra los cuatro policías acusados de dejarle ciego de un ojo. Debía comenzar a las diez de la mañana, pero la indisposición de uno de los acusados hizo posponer el inicio hasta la una de la tarde. Todo en medio de una polémica porque ni la abogada del Estado que lleva la defensa del policía había tenido la cortesía de explicarlo a las acusaciones y porque no había acreditado documentalmente la baja. El abogado de Español, Benet Salellas, incluso pidió al tribunal poner al inspector de policía que no compareció en busca y captura. Finalmente, fue dado de alta a las 11:20 horas y el presidente del tribunal, José Carlos Iglesias, con la documentación aportada por su defensa, que confirmaba que había sido atendido en un centro médico, decidió permitir la continuación de la vista a la una de la tarde.
La vista se reanudó con la intervención del inspector jefe de los subgrupos del Camel 50 que actuaron en los alrededores del instituto Ramon Llull y de quien dependía Israel Ramos, el escopetero acusado de disparar la bala de goma que mutiló a Español. El interrogatorio comenzó con las preguntas de Benet Salellas, abogado de Español, que como un viejo zorro sabía muy bien cómo llevar el compás y con oficio puso muy difícil las repreguntas a la defensa de los policías donde se incluye la fiscalía. La primera declaración sirvió para que los mandos del lugar insistieran en que el disparo fue «legal» y reconocieron que el escopetero podía no haber disparado si consideraba que no se cumplían las medidas de seguridad.

«Fue legal»
El inspector tenía dos jefes de equipo, oficiales de policía, a quienes trasladó la orden de disparar balas de goma siguiendo a su vez la orden del jefe del contingente, que declaró posteriormente. En su declaración, admitió que disparar al suelo supone no tener controlada la trayectoria de la bala porque «los ángulos son aleatorios». Sin embargo, fue sorprendido cuando Salellas, hábilmente, le repreguntó si la escopeta puede tener más o menos inclinación en el momento de disparar y poder intuir que los disparos podrían ir a las partes superiores del cuerpo.
A preguntas de la fiscalía, que pretendían justificar la actuación, por la violencia ambiental y el «riesgo de peligrosidad» que existía y el riesgo para los agentes, el inspector, entonces subinspector, recalcó que disparar era una orden «legal». Es decir, cumpliendo la circular y las circunstancias que los protocolos de la policía le permitían. Otro de los policías reconoció que el policía que disparó podía no haberlo hecho, si consideraba que no se daban las circunstancias de seguridad para disparar. El mensaje de los policías es que no vislumbraron ninguna consecuencia traumática en los manifestantes porque solo debían evaluar si disparar en ese momento «se ajustaba o no al protocolo».
La sesión se suspendió hasta las cuatro de la tarde. Una vez reiniciada la sesión, fue el turno del escopetero. El agente Ismael sentenció que no «apuntó» ni se fijó a dónde iba la bola de goma. «Disparar a la masa no es apuntar», especificó. Insistió en que su disparo era legal, como así resaltaban sus superiores, y disparó a 15 metros. También describió una Barcelona en llamas y apuntó al suelo para que la bala rebotara y con la mínima potencia de fuego del arma, aunque no reconoció que no podía controlar a dónde se dirigiría el disparo. También insistió en que vio dónde disparó exactamente, porque tenía escuderos delante y porque él disparaba y recargaba. Así, dijo que no vio manifestantes con las manos en alto, ni ninguno de ellos cayendo al suelo.


