Mercedes García Aran y Francisco Muñoz Conde son dos grandes catedráticos de derecho penal. De hecho, fueron los tótems de generaciones de penalistas que fueron capaces de sintetizar de manera clara y funcional, los fundamentos de esta disciplina. Ambos partían de la idea de que hablar de derecho penal es hablar, de una u otra manera, de violencia. Pero también advertían, para que la ideología no deformara los hechos, que «no toda la violencia es juzgada o valorada de la misma manera». Posiblemente, ninguno de los dos eminentes juristas habría imaginado jamás tener un ejemplo tan claro de su tesis como el que se ha vivido estas semanas en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona.
Ha sido el caso de Roger Español contra los cuatro policías acusados de vaciarle un ojo durante la operación policial para detener el referéndum del Primero de Octubre de 2017. Una vista oral intensa, larga, un poco caótica pero interesante para analizar cómo el monopolio de la violencia que se reserva el Estado se juzga a sí mismo sobre si hizo un uso legítimo y legal de su fuerza aquel día. Los policías juzgados, defendidos por abogados del Estado y especialmente por el ministerio fiscal, en una inédita función de defensor, luchaban contra una víctima, un ciudadano que ha quedado mutilado de un ojo, y entidades como Irídia, Òmnium Cultural y la ANC -sociedad civil, ciudadanía a quien la policía en principio debe proteger. Todo esto para convencer a un tribunal, a priori y por sus formas, muy refractario a las demandas de los catalanes y de la víctima.
Este viernes al mediodía, el juicio ha quedado visto para sentencia, con un alegato especialmente intenso de la representante del ministerio fiscal, que no solo ha defendido la legalidad del disparo sino que ha refregado por la sala el falso relato de que en Cataluña, el Primero de Octubre, hubo un escenario casi de toma del Palacio de Invierno a sangre y fuego. «El escopetero cumplía órdenes que salían de este mismo Palacio de Justicia«, en referencia a la interlocutoria de Mercedes Armas del 30 de septiembre de 2017, que ha usado para justificar la actuación policial para abortar el referéndum. La misma tesis que han expuesto los abogados del Estado y el abogado particular que también defendían a los policías.
¿No es un asunto político?
En la exposición de ayer por la tarde, la defensa de Español y el resto de acusaciones particulares fueron lo suficientemente cuidadosos de separar los hechos concretos que se juzgaban y el contexto político. De hecho, lo usaron como preámbulo, dejando un campo de juego difícil para la fiscalía. Concretamente, centraron la pelota del caso, que no es otra que si se podían disparar balas de goma donde se dispararon y cómo se dispararon y si había suficiente justificación para hacer uso de un arma de fuego difícilmente controlable. En definitiva, si hubo un comportamiento doloso eventual de los agentes, es decir, si asumían que podían mutilar o lesionar a alguien.
El ministerio fiscal, en cambio, buscando separar los hechos políticos y sociales del caso concreto juzgado se ha metido de lleno, al otorgar al contexto un valor que las acusaciones han querido desde el primer momento separar. Incluso, el ministerio fiscal ha mencionado la ley de amnistía, con una sorpresa evidente por parte del tribunal. El ministerio público ha pedido la libre absolución porque, según la fiscal, los policías actuaron legalmente en un ambiente hostil protagonizado por este concepto recuperado de la «masa». Es decir, catalanes que querían votar o que protestaban por la cantidad abrumadora de policía que se destinaba a retirar unas urnas.
Para la fiscalía, los agentes dispararon cumpliendo los protocolos: ha menospreciado los peritajes técnicos de armamento aportados como prueba, e insistido en que los agentes cumplían órdenes. De hecho, ha concluido que disparar era necesario ante el riesgo inminente que suponía la situación, sobre todo para los policías, y que en ningún momento consideraron que hubiera un «alto grado de probabilidad» de lesionar a alguien. «Cumplieron una orden dictada desde este mismo Palacio de Justicia», ha cerrado su intervención. En la misma línea se han expresado los abogados defensores de los policías para avalar la petición de libre absolución, culpando a la «masa» de la intervención policial que interpretan ajustada a derecho y necesaria para ejecutar la orden de la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba a suspender el referéndum. El juicio ha quedado visto para sentencia y la sala convenientemente desalojada.
