El conflicto laboral que afecta a diferentes servicios municipales desde hace algunos meses se atrinchera un poco más. Junts per Barcelona, Barcelona en Comú y ERC han forzado un pleno extraordinario para intentar que el gobierno de Jaume Collboni recapacitara y abriera un diálogo con los sindicatos que protestan. Pero tras la intervención del teniente de alcaldía, Albert Batlle, el acuerdo está lejos de alcanzarse. Batlle ha acusado a la Intersindical, CGT y Abacos, los sindicatos convocantes, de conductas intimidatorias, atacar sedes de otros sindicatos, boicotear actos y perseguir cargos públicos.
El foco del conflicto es la aprobación, el pasado enero, del nuevo convenio laboral del Ayuntamiento, que fija en 35 horas la jornada semanal. El acuerdo fue ratificado por CCOO, UGT y CSIF, pero otros, como CGT, la Intersindical y Abacos, se oponen. Muchos de los servicios que están en huelga lo hacen por un empeoramiento de sus condiciones laborales, según han denunciado. Se trata de las bibliotecas de la ciudad, EAIA, escuelas infantiles, los servicios sociales, el CUESB y los servicios de feminismos, con la mayor parte de las plantillas formadas por mujeres. En su momento, la CGT mencionó que la “precariedad de la plantilla” se traduce en una “degradación de los servicios hacia las personas más vulnerables”. Y desde la Intersindical se afirmó que el nuevo convenio colectivo “es un ataque frontal a nuestros derechos y a la calidad de los servicios públicos”. “Nos han recortado medidas de conciliación y flexibilidad que eran vitales para el día a día de la plantilla”.
La oposición pide diálogo
Junts, BComú y ERC han forzado un pleno extraordinario, que el gobierno socialista ha tardado más de treinta días en convocar, en el cual se ha planteado activar un «plan de choque» de refuerzo de recursos humanos para reducir la sobrecarga laboral, así como resolver todas las dudas e incertidumbres generadas por el nuevo acuerdo de condiciones laborales, dice el texto. Además, Junts, BComú y ERC han pedido que se abran «diálogos para analizar y aprobar medidas, a medio y largo plazo, para mejorar la organización y la disponibilidad de recursos económicos de cada uno de los servicios afectados, entre otras medidas.
Aunque el texto se ha aprobado con los votos de Junts, Barcelona en Comú, ERC y PP, la propuesta no seguirá adelante. El gobierno se ha posicionado en contra, al igual que Vox. Batlle ha recordado que los sindicatos que firmaron el convenio en enero -CSIF, UGT y CCOO- representan el 80% de la plantilla, 12 de los 15 representantes de la Mesa General, y el resto son minoritarios. El teniente de alcaldía ha asegurado que los convocantes de las huelgas no han hecho ninguna propuesta a la Mesa, pero la intención del ejecutivo socialista es “continuar escuchando” lo que plantean. De hecho, como recordó después la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, en una atención a los medios, solo CGT tiene representación en la Mesa.
Bonet dice que es un convenio «histórico»
En opinión de Bonet, el convenio aprobado es «histórico», con «avances» que afectan a cerca de 16.000 personas de la plantilla del Ayuntamiento de Barcelona. Bonet ha destacado que el convenio fue aprobado por la mayoría de los representantes sindicales y también validado en el pleno por la mayoría de los concejales. La primera teniente de alcaldía ha insistido en que CGT, el único sindicato con representación en la Mesa General, no ha hecho ninguna propuesta. También ha defendido que semanalmente hay espacios de diálogo y ha reivindicado que se utilicen estos espacios. «Cuesta mucho entender la actitud de algún sindicato», ha dicho en relación a la CGT, y también la actitud que grupos municipales que aprobaron el acuerdo y ahora se suman «a hacer ruido».
Desde Junts per Barcelona, el concejal Josep Rius ha reprochado al gobierno que no ha sido capaz de anticiparse al conflicto y ha remarcado que los trabajadores y trabajadoras de los servicios que protestan se sienten “saturados y cansados”. Rius, que se ha retirado de la carrera para ser el alcaldable de Junts, ha recordado que también el síndico de Barcelona, David Bondia, ha pedido “diálogo y capacidad de entendimiento”.
El concejal Marc Serra, de Barcelona en Comú, ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el gobierno haga un giro de 180° para abordar las protestas y “salir del negacionismo”. “El gobierno está solo”. Serrat ha cargado contra las palabras de la teniente de alcaldía Maria Eugènia Gay, que en una comisión de este mayo, cargó, con el micrófono abierto, contra el personal docente de las escuelas infantiles: “En manos de quién están nuestros niños, desde luego”.
Las protestas afectan a la ciudadanía vulnerable
Jordi Coronas, edil de ERC, ha criticado que se hayan aplicado cancelaciones selectivas para asistir al pleno, en referencia al hecho de que se ha negado la entrada a representantes de los sindicatos convocantes, pero sí del resto. Coronas ha subrayado que las plantillas piden una carga de trabajo asumible y más recursos. Las movilizaciones afectan a la ciudadanía vulnerable. “Es necesario ofrecer un servicio mejor y más amplio a los usuarios, y eso implica mejorar las condiciones laborales”.
El PP, a través del concejal Antonio Verdera, se ha sumado a la petición de que el gobierno no «ignore» las huelgas y ha argumentado que ellos ya se posicionaron en su día para pedir que se revise el acuerdo y se dialogue para corregir los anexos de colectivos que tienen reticencias, como pueden ser las infantiles, las OAC o la Guardia Urbana. Y desde Vox, el edil Liberto Senderos, ha calificado la sesión plenaria de «cinismo político» porque los mismos grupos que han impulsado el pleno son los que permitieron la aprobación del convenio laboral.
