El Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona ha aprobado este martes el plan metropolitano de movilidad urbana para el período 2025-2030. En él, los municipios de la región barcelonesa apuestan por avanzar en la mejora de la red de autobuses, ayudar a los ayuntamientos a poner en marcha zonas de bajas emisiones y ampliar el servicio público de bicicletas. Una vez aceptado en el Consejo, el documento entrará en fase de información pública, que durará 45 días. Prevén que será necesaria una inversión de más de 22.000 millones de euros para llevar adelante todas las medidas que recoge; y se fija como horizonte el cumplimiento completo de los objetivos europeos de reducción de emisiones.
En el ámbito de los pedales, el plan metropolitano aspira a extender la red ciclable a varias zonas de las comarcas que limitan con Barcelona: el Maresme, el Baix Llobregat y el Vallès Occidental. También se buscarán fórmulas para integrar los servicios de bicicletas públicas de la región con el Bicing barcelonés. Cabe decir que el contrato actual en la capital finaliza en 2030. Por lo tanto, en adelante, el proyecto del AMB aspira a avanzar hacia un «sistema coordinado a escala metropolitana».
Más allá de la ampliación de la red de bicicletas, el documento pone el foco en las zonas de bajas emisiones para los municipios de la región. Sobre este plan, los Ayuntamientos tendrán más herramientas para desplegarlas o ampliarlas para cumplir con las normativas vigentes. Cabe recordar que quedan menos de dos años para que todos los municipios con más de 50.000 habitantes apliquen restricciones a los vehículos con etiqueta amarilla. El AMB, sobre este calendario, buscará dar apoyo técnico a las corporaciones municipales para homogeneizar tanto los criterios como el tratamiento de las ZBEs, y también para integrar los sistemas de vigilancia y sanción en toda la región. Todo ello, en la línea de unos objetivos ambientales ambiciosos. En el año 2030, de acuerdo con los cálculos del plan, se reducirían al mínimo las muertes atribuibles a la contaminación provocada por el tráfico; y la población expuesta a niveles de contaminación elevados caería del 80% actual a un rango entre el 8 y el 18%, en función de las partículas identificadas.
20.000 millones en transporte público
Para abordarlo, el plan considera que se deberán gastar poco menos de 22.375 millones de euros en lo que queda de década. Un 92% de esta inversión se destinaría a infraestructuras de movilidad y transporte, mientras que el 8% restante -unos 1.700 millones de euros- irían a iniciativas complementarias, como la gobernanza o la digitalización de los servicios. El gran objetivo del plan, en este sentido, es mejorar los proyectos de transporte público, con unas 1.500 actuaciones por valor de 20.600 millones de euros.
Entre las actuaciones más relevantes en términos de mejora de la movilidad pública habrá ciertos cambios en la red de autobuses interurbanos de los municipios de la región metropolitana. Entre otras cuestiones, se cambiará la titularidad de varios servicios, y se reforzarán los trayectos para «hacerlos más eficientes y competitivos».
