El Ayuntamiento de Barcelona considera que la ley de vivienda asequible que la Comisión Europea presentará este miércoles respalda la decisión que ha tomado el gobierno de Jaume Collboni de eliminar los pisos turísticos en la capital catalana a finales de 2028, con el objetivo de que unas 10.000 viviendas vuelvan al mercado residencial. Según la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, primero fue el Tribunal Constitucional quien dio la razón al consistorio y ahora es la Comisión Europea, según la interpretación que hace el consistorio. Justo ahora comienza la tramitación parlamentaria de la ley.
El texto europeo quiere hacer frente a la crisis de la vivienda que afecta a las principales ciudades europeas, a través de la figura de zona tensionada. Esta regulación ya existe en Catalunya y pretende determinar en qué áreas las autoridades podrán intervenir en el mercado de la vivienda. Entre los criterios para definir una zona tensionada está que el precio medio de la vivienda sea igual o superior a ocho veces la renta disponible media de los habitantes de la zona, recoge la agencia ACN.
Zonas tensionadas
Bonet recuerda que la declaración de zonas tensionadas es algo que ya se utiliza en Barcelona. Con la normativa europea, la UE reconoce que en aquellas áreas donde hay más estrés inmobiliario, «las reglas del juego no garantizan el acceso a la vivienda y, por lo tanto, habilita a los gobiernos a poder regular y modificar las reglas del juego para poder garantizar el acceso a la vivienda», ha dicho Bonet. Para la concejala socialista, la ley reconoce que la existencia de pisos turísticos afecta, ya que disminuye la posibilidad de disponer de pisos para vivir. «Es una idea que está en las antípodas de lo que defienden algunos lobbies y de lo que hemos defendido siempre desde Barcelona. Tenemos que poder intervenir para poder garantizar la disponibilidad de pisos, cambiar las reglas del juego y garantizar el acceso a la vivienda».
La ley europea de la vivienda asequible cita los alquileres temporales, y en este caso, para adoptar medidas para limitarlos, las autoridades competentes deberán demostrar que los alojamientos turísticos de corta duración «han tenido un efecto negativo sobre la disponibilidad o la asequibilidad de la vivienda durante al menos los tres años anteriores a la adopción de la medida». Los gobiernos también deberán acreditar una relación entre los alquileres turísticos de corta duración y el deterioro de la disponibilidad o asequibilidad de la vivienda, y demostrar que este efecto se ha producido durante un periodo mínimo de tres años antes de adoptar la restricción, explica la ACN.
Apartur sostiene que Collboni se queda sin cobertura
En opinión de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), la nueva normativa europea cuestiona la eliminación de los pisos turísticos, tal como ha planteado Collboni. La asociación defiende que el texto europeo fija “condiciones muy estrictas” para justificar “cualquier restricción” a los alquileres de corta duración. La directora general de Apartur, Marian Muro, asegura que la propuesta europea “marca un camino muy diferente del que se está siguiendo en Barcelona” y defiende que las decisiones que afecten actividades legales estén basadas en datos, sean proporcionadas y valoren alternativas menos restrictivas. Muro habla en su LinkedIn de “líneas rojas” y que la decisión de Collboni de eliminar los pisos turísticos se ha quedado sin cobertura, “es injustificada, desproporcional y contraria a los principios generales del Derecho de la Unión Europea”.
