El Departamento de Interior se ha desvinculado de las actuaciones relacionadas con la expulsión de seiscientos cantantes y la intervención de esteladas durante la visita del Papa a la Sagrada Família para la bendición e inauguración de la Torre de Jesucristo, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. En una respuesta parlamentaria por escrito a la pregunta formulada por el diputado de la CUP Dani Cornellà, la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, sostiene que las tareas de los Mossos d’Esquadra se limitaron a su ámbito de actuación y a criterios «exclusivamente técnicos» de seguridad.
Según recoge la respuesta, a la que ha tenido acceso el TOT Barcelona, la Dirección General de la Policía argumenta que el despliegue de seguridad para la visita del Santo Padre se realizó bajo un marco de coordinación permanente entre las diversas administraciones y organismos competentes. La consejera insiste en que las operaciones de los Mossos d’Esquadra se enmarcaron en las funciones asignadas dentro del dispositivo general, orientadas a “garantizar la protección de las autoridades, de los participantes y de la ciudadanía, así como a prevenir y gestionar los riesgos inherentes a un evento de gran afluencia de personas”.
En este sentido, el departamento justifica la práctica de controles de acceso y registros preventivos como medidas de evaluación del riesgo necesarias para la protección de las zonas de seguridad. La titular de Interior remarca explícitamente que estas medidas «responden exclusivamente a criterios técnicos de seguridad» y niega categóricamente que se fundamentaran «en la naturaleza, el contenido o la simbología de los objetos o elementos» que pudieran portar los asistentes, como las esteladas requisadas.
Interior alega que no tenía competencias
Respecto a los hechos vividos en el interior del templo expiatorio, la consejería de Interior pasa la pelota a la organización y al resto de autoridades competentes. Parlon precisa en la respuesta que «las actuaciones desarrolladas en el interior de la Basílica, incluidas las relativas al control de acceso, permanencia y organización de los asistentes, no correspondían a las competencias» de la Policía de la Generalitat. Finalmente, la consejera detalla que los cantantes, una vez acabada su «participación en la celebración litúrgica, dejaron el interior de la Basílica y fueron acompañados por la PG-ME, dentro de un área catalogada como de máxima seguridad, hasta una zona segura del exterior». Una actuación que, según la Dirección General de la Policía, se realizó en el marco de sus funciones de seguridad ciudadana para «preservar su seguridad y garantizar el correcto desarrollo del operativo establecido con motivo de la visita del Santo Padre».
La CUP solicita «amparo a la Mesa del Parlamento
De hecho, la consejera Parlon evita contestar preguntas formuladas por el diputado de la CUP Dani Cornellà como, por ejemplo, quién dio la orden de expulsar a los cantantes y, por otro lado, qué criterios establecidos permitían al público pasar con la bandera española o de cualquier país, pero, en cambio, se impedía acceder a gente que llevaba la estelada. Tampoco detalla quién era el responsable del dispositivo ni quién estableció las directrices seguidas por los Mossos que registraron a la gente en los accesos de las calles cortadas. Ante la falta de respuestas de la consejera Parlon, la CUP, según ha podido saber este diario, ha pedido amparo a la Mesa del Parlamento para que se posicione sobre si la respuesta de Parlon es «coherente» con las preguntas formuladas.
Querella de Acció Cassandra admitida a trámite
Mientras tanto, la actuación policial de aquel día es investigada en el Juzgado de Instrucción núm. 29 de Barcelona, que admitió la querella presentada por Acció Cassandra. En su auto, el magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de detención ilegal cometida por funcionario público, prevaricación administrativa, delitos contra los derechos fundamentales y delito de odio o discriminación ideológica y nacional, con agravamiento por la afectación a menores de edad. El juez ordenó la incoación de diligencias previas y lo primero que ha pedido que la Dirección General de la Policía de los Mossos d’Esquadra y al Cuerpo Nacional de Policía que identifiquen al jefe del operativo y la cadena de mando que habría ordenado el encapsulamiento exterior y el confinamiento de las corales.
