El último as en la manga de Pedro Sánchez no ha dejado indiferente a nadie. Tras unas negociaciones que se han prolongado durante la noche del lunes y hasta minutos antes del Consejo de Ministros de este martes por la mañana, que comenzó con casi una hora de retraso por esta cuestión, la Moncloa anunciaba que se había llegado a un acuerdo con Sumar por el decreto de vivienda. En concreto, se detallaba que la propuesta gubernamental consta de dos textos separados. El primero incluye medidas como la ampliación de la protección frente a los desalojos hasta 2030, la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, la prohibición de la compra de pisos por parte de fondos buitre hasta 2028 o la prórroga de dos años de los contratos vigentes que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. El segundo se refiere únicamente a la renovación automática de los alquileres. La intención es que ambos vayan a votación en un pleno extraordinario convocado este mismo viernes en el Congreso.
Las primeras reacciones no se hicieron esperar. El Sindicat de Llogateres comparecía a las doce y media para aplaudir el pacto alcanzado, mostrando prudencia a la espera de conocer la “letra pequeña” de los textos y ante los posibles “agujeros” que encuentren los fondos buitre para continuar su actividad. En una atención a los medios a las puertas del edificio histórico de la Universidad de Barcelona (UB), la portavoz Carme Arcarazo aseguraba que el acuerdo no habría sido posible sin las movilizaciones de los últimos días a raíz del caso de Maricarmen, la mujer octogenaria de Madrid que fue desahuciada la semana pasada después de toda una vida viviendo en el piso de su familia sin dejar de pagar ni un céntimo, y mantenía el llamado a la movilización para “cambiar el sistema de vivienda”. «Lo que ha pasado con Maricarmen ha encendido una chispa que ahora es imparable y los partidos deben escuchar a la gente. Llevamos muchos años de políticas de parches y moratorias que terminan en grandes decepciones. Ahora necesitamos medidas que funcionen y vayan a la raíz del problema«, subrayaba.
A pesar de señalar que la separación en dos decretos «no tiene sentido», sobre todo porque la finalización de contratos sin una razón de peso es la principal causa detrás de muchos desalojos, Arcarazo sí reconocía que el pacto contempla muchas de las medidas demandadas y es un punto de partida. El tono más alentador de la portavoz catalana difería del discurso de sus homólogos del Sindicat de Llogateres de Madrid, promotores de la acampada en la Puerta del Sol. «Atreverse a trocear el decreto es hacer campañas partidistas, y eso enfada al pueblo. Cuanto más dividan, más nos harán enfadar y más responderemos», alertaba Alícia del Río, una de las portavoces. «Esta táctica de romper en pedazos una medida para que queden solo migajas es hacer campaña electoral […] Si permiten que haya dos decretos ley, nos estarán fallando una vez más. No es la política que queremos aceptar», añadía Valeria Racu, otra de las caras visibles del movimiento.
En la misma línea que las activistas madrileñas se pronunciaban este martes por la tarde las portavoces de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), Marta Espriu, y del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), Gisela Bermúdez. «Es un decreto lamentable que ni siquiera se acerca a las demandas mínimas. Las instituciones públicas vuelven a dar la espalda a la clase trabajadora […] El derecho a un techo digno solo lo conseguiremos si nos organizamos para plantar cara a todos los especuladores y pensamos estrategias para ir más allá», apuntaba la primera. «¿Qué es este circo? Ya basta de jugar con la crisis de la vivienda. Después de ocho años en el gobierno, el PSOE ha presentado dos decretos redactados a última hora y uno de ellos, el de los contratos indefinidos, es puramente simbólico porque saben perfectamente que Junts no lo ratificará en el Congreso. Así tienen la tranquilidad de que no se aprobará, pero pueden deshacerse de su parte de responsabilidad«, indicaba la segunda, que sí admitía que «no todo son malas noticias» porque el primero de los decretos incluye medidas que son «conquistas de la clase trabajadora» después de años de lucha.
Una ventana de oportunidad «histórica»
Independientemente del resultado de la votación en el Congreso del acuerdo entre el PSOE y Sumar, el movimiento pro vivienda coincide en la necesidad de mantener la chispa de la movilización que encendió el caso de Maricarmen. «Esto apenas comienza. La historia cambia porque la gente se organiza y pedimos que esto continúe. Vamos hacia un escenario de movilización constante. Si continuamos aumentando la presión, podemos cambiar un sistema de vivienda dominado por la especulación y el rentismo», afirmaba este martes Arcarazo. Se sumaban al llamado tanto el Sindicat de Llogateres de Madrid como la COSHAC y el SHSC. «Convocamos a todas a seguir movilizadas para mantener el pulso las próximas semanas. Este sábado desbordemos las calles, pero, sobre todo, continuemos debatiendo para detener todos los desalojos y caminar hacia la huelga general«, remarcaba Espriu. «Cuando la clase trabajadora se organiza y lucha, puede imponer mejoras en sus condiciones de vida. Necesitamos medidas de emergencia realmente ambiciosas como las expropiaciones a grandes tenedores, bajar los precios a la mitad o los contratos indefinidos», insistía Bermúdez.
En un comunicado conjunto hecho público este martes por la tarde, el Sindicat de Llogateres y su homólogo madrileño piden prudencia a la espera de conocer con certeza el redactado de los decretos y hacen un llamado a la movilización de la ciudadanía a través de las grandes marchas que este sábado se organizarán en las principales ciudades del Estado. «Más allá de lo que diga el decreto, se ha abierto una ventana de oportunidad histórica para revertir décadas de mercantilización de la vivienda y los próximos días serán clave. Por eso es necesario aumentar la presión […] Hay que dejar claro que esto es solo el principio y que necesitamos reformas estructurales mucho más profundas para solucionar el enorme conflicto por la vivienda que se ha ido gestando durante décadas», instan en el comunicado.
¿Qué dice la clase política?
Tras la validación del acuerdo en el Consejo de Ministros, comienzan tres días de tira y afloja político para conseguir la aprobación de los dos decretos. En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apelaba ya este martes a la «inteligencia política» y la «generosidad» de las formaciones parlamentarias para sacar adelante las medidas. «Este viernes todos los grupos políticos tenemos una oportunidad de decir a Maricarmen que su lucha y su sufrimiento han valido la pena», aseveraba. Rodríguez aprovechaba la comparecencia para justificar la decisión de dividir el paquete de vivienda en dos textos, situándolo como una vía para asegurar que las principales modificaciones se aprueben. Preguntada por la posibilidad de ganar el apoyo de Junts, al menos con el primer decreto, la ministra admitía que la situación es «compleja», pero se mostraba convencida de que los independentistas votarán a favor en el momento que conozcan el contenido. «Sé que ellos, como nosotros, quieren ayudar a los catalanes con su problema de acceso a la vivienda, y espero que este decreto sirva para dar la respuesta que ellos quieren dar a los catalanes», concluía.
Por su parte, desde Junts señalan precisamente que no darán a conocer su posición sobre los decretos hasta que lean los textos definitivos. Cabe recordar que sus votos -igual que los del resto de socios parlamentarios del gobierno español- serán determinantes para convalidar los dos decretos. A su vez, la portavoz del gobierno de la Generalitat y consejera de Vivienda, Sílvia Paneque, calificaba la propuesta del ejecutivo español como «imprescindible» para que pueda hacer de «paraguas» de las competencias catalanas y así protegerlas contra los recursos de inconstitucionalidad. Paneque hacía referencia tanto a la regulación catalana de los usos temporales de las viviendas como a la del precio de los alquileres. La portavoz considera que no ha sido una negociación «a la carrera» para cerrar el texto y defiende que llevaban «muchos meses» trabajando el decreto hasta que no consiguió los apoyos necesarios para ser aprobado.
