Las pancartas volverán a los balcones del número 84 de la calle de Tarragona. Siete meses después de conseguir la prórroga de la decena de contratos de alquiler que vencían este 2026, los vecinos del inmueble conocido como Bloc Tarragona recuperarán las protestas en la fachada en los próximos días para presionar al propietario, la inmobiliaria Gallardo. Lo harán después de que esta haya prescindido de los servicios del abogado que la representaba, de manera que ha roto cualquier contacto y negociación con los inquilinos de este edificio del Eixample de doce plantas y 120 pisos, 33 de los cuales turísticos y nueve más que son de alquiler de temporada. Una situación que deja en el aire la renovación de la otra decena de contratos de alquiler que caducan en 2027 y que hace unos meses se encaminaban a una prórroga como la de sus vecinos. Cabe recordar que la pugna judicial entre el Ayuntamiento de Barcelona y la inmobiliaria mantiene paralizadas 81 licencias turísticas que los propietarios obtuvieron en 2023 a través de una grieta judicial en el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), impulsado por el gobierno de Ada Colau y que limitaba esta tipología de usos.
«Un piso turístico cuesta 300 euros al día y nosotros 1.000 al mes. Eso son más de 100.000 euros al año contra 12.000 euros. No quieren que los señalemos como especuladores, pero no se me ocurre otra palabra […] Si todo esto pasa es porque la ley se lo permite», señala Melanie Andrada, una inquilina que lleva seis años viviendo en el bloque y tres luchando por poder quedarse en su domicilio. Su contrato era uno de los que vencían este año y que pudieron prorrogarse tres años. Ahora lucha por conseguir que sus vecinos logren el mismo acuerdo, mientras continúan sufriendo las molestias derivadas de convivir pared con pared con más de una treintena de pisos turísticos. «Siempre digo que esto es como un hotel encubierto. Es imposible la convivencia, ellos vienen a hacer lo suyo y eso es incompatible con nuestra vida«, indica Andrada. La inquilina tiene muy presente que las viviendas ahora destinadas a turistas fueron antes los domicilios de familias que llevaban un montón de años residiendo en el edificio. «Creo que no nos lo esperábamos… Son familias que se fueron a la calle, cada semana había mudanzas», recuerda la inquilina, que después tuvo que soportar una treintena de obras simultáneas en las viviendas.
Supervivientes de un modelo especulador
Andrada fue una de las afectadas que tomó la palabra esta semana en la rueda de prensa donde se presentaron los últimos datos del estudio iniciado hace tres años por la Asociación de Vecinos de la Esquerra de l’Eixample para poner cifras a la presencia de los gigantes inmobiliarios en esta zona de la ciudad. Los resultados apuntan que al menos noventa fincas de los barrios de la Antiga Esquerra y la Nova Esquerra de l’Eixample sufren procesos de expulsión de inquilinos por parte de fondos de inversión, lo que afectaría a un total de más de 3.000 personas. Entre estas está Rosario Castillo, la última vecina de toda la vida que resiste en el número 69 de la calle de Entença, que también estuvo presente en la comparecencia. Los otros diez apartamentos de su inmueble han sido convertidos en colivings donde viven jóvenes estudiantes, principalmente estadounidenses, que vienen a pasar una temporada en la ciudad. Su contrato venció en diciembre de 2023 y la propiedad ya ha interpuesto una demanda para desalojarla.
Otra de las inquilinas afectadas es Marga Aguilar, vecina de la centenaria Casa Fajol –rebautizada popularmente como bloc Papallona– y la primera de las inquilinas que ha respondido ante la justicia por querer quedarse en la que ha sido su casa durante más de tres décadas. Ella accedió al piso en 1992 con un contrato de cinco años y pagando 45.000 pesetas mensuales. Ha conseguido superar dos intentos de desalojo y ha visto cómo seis familias de su edificio se vieron forzadas a abandonarlo desde agosto de 2024. «Las demandas [de desalojo] son a inquilinos que firmaron un contrato por cinco años pero nunca ninguna prórroga, fueron reconducciones tácitas (nuevos contratos automáticos) […] Pido humanizar las causas porque no hablamos de delincuentes, sino de familias con contratos, que han pagado puntualmente y que incluso pueden haber pedido créditos para poder mantener el piso, como es mi caso», remarca.
«Cada vez hay más bloques en riesgo de especulación y esto es un paso más para convertir la ciudad en un decorado y perder vecinos […] No es fácil hacer una ley, pero lo más grave es cuando se hacen y luego no se aplican«, criticaba en la rueda de prensa Gerard Mena, portavoz del Sindicat de Llogateres, en referencia, entre otras, al nulo control del cumplimiento de la norma del 30% de vivienda asequible por parte del gobierno de Jaume Collboni. «Todos los avances en este sentido, como la regulación de las compras especulativas, son positivos, pero el problema es que no se aplican. Tenemos que conseguir que su modelo de negocio sea inviable y no tenga consenso social», añadía Xavier Riu, portavoz de la Asociación de Vecinos de la Esquerra de l’Eixample.
¿Un nuevo Bloc Tarragona?
El caso del Bloc Tarragona está en manos del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), que apoya y asesora a los vecinos en su cruzada contra la inmobiliaria Gallardo. Una de sus portavoces pide al Ayuntamiento que opte por expropiar el inmueble y denuncia que el caso de este edificio del Eixample no es único: «Vemos este mismo patrón con muchos otros bloques. No podemos normalizar que un fondo quiera echarte de tu casa para hacer más dinero alquilándolo a turistas. Estudios como el de la Asociación de Vecinos de la Esquerra de l’Eixample desmantelan su imperio y envían un mensaje muy claro a los afectados: organizarse es la única opción que tenemos».
En este sentido, la entidad pro vivienda ha detectado otro bloque de pisos propiedad de la misma inmobiliaria, ubicado en el número 496 de la calle Muntaner, donde se ha vivido un proceso similar al del Bloc Tarragona. Según ha podido saber el TOT Barcelona, solo quedan tres familias en el edificio, una con un contrato que vence este año, a la cual ya se le ha informado que no se le renovará, y dos más con contratos vigentes hasta 2028. Como en el caso del inmueble de la calle de Tarragona, los propietarios también tienen licencias turísticas en marcha en el bloque. Ante la posibilidad de que estos últimos inquilinos tengan que marcharse, Andrada tiene claro cuál es el camino para plantar cara a la inmobiliaria: «Cuando consigues que este miedo desaparezca, tienes una fuerza que ellos no calculaban en la operación. Aquí en el Bloc Tarragona sabemos que nadie debe marcharse».
