Hasta noventa fincas de la Izquierda del Eixample sufren en estos momentos procesos de expulsión de inquilinos por parte de fondos de inversión. Estos son los últimos datos del estudio que inició hace casi tres años la Asociación de Vecinos de la Izquierda del Eixample para poner cifras a la presencia de los gigantes inmobiliarios en esta zona de la ciudad, que agrupa los barrios de la Antigua Izquierda y la Nueva Izquierda del Eixample. En solo seis meses, el número de bloques bajo control de fondos e inmobiliarias se ha elevado en una veintena, creciendo en este lapso de tiempo prácticamente al mismo ritmo que lo había hecho desde febrero de 2025 hasta el mismo período de este año. Según los cálculos de la entidad, más de 3.000 vecinos de la zona están afectados por las prácticas especulativas de estos grandes propietarios. La magnitud de la tragedia podría ser aún más preocupante si tenemos en cuenta que en este lugar de la capital catalana hay al menos 859 inmuebles de propiedad vertical –con un solo propietario-, un «caramelo súper atractivo para los inversores».
«Esto es solo la punta del iceberg. Con tantos edificios de propiedad vertical, la cosa puede continuar […] Si las administraciones no lo detienen, puede ser un desastre. Este modelo nos está destrozando los barrios y la ciudad», ha señalado en Xavier Riu, portavoz de la entidad vecinal, en la rueda de prensa de presentación de los datos, celebrada este martes a las puertas del llamado Bloc Tarragona. En este informe, no aparecen una cuarentena de inmuebles también de propiedad vertical para los cuales ya habría acuerdos de compraventa cerrados. Cabe recordar que más del 47% de los vecinos de la zona viven de alquiler y que en más de un tercio de las viviendas solo reside una persona. La gran cantidad de inmuebles de propiedad vertical y de inquilinos responde a una dinámica que se remonta a los inicios de los dos barrios afectados, cuando los constructores de los edificios se quedaban como titulares y, en muchos casos, vivían en el principal de la escala. Dejando de lado los fondos, muchos de estos actuales propietarios son los herederos de los promotores.
Unas herramientas de control que se usan a medias
Desde la asociación vecinal denuncian la falta de actuación por parte de las administraciones, que a su parecer no utilizan todas las herramientas que tienen para detener estos procesos y prácticas especulativas. Aseguran que el Ayuntamiento sí ha abierto algunos expedientes por la falta de licencia para obras mayores que han acabado en sanción, pero ha dejado caducar aquellos iniciados por el incumplimiento del 30% de vivienda asequible, que podrían comportar multas de hasta 900.000 euros.
