Cuando Jaume Collboni accedió a la alcaldía de Barcelona el 17 de junio de 2023, lo hizo en un escenario político muy fragmentado. El clásico tripartito de izquierdas habría sumado, pero la victoria de Xavier Trias había introducido inesperadamente el eje nacional, y los republicanos se habían avenido a un acuerdo aprovechando la proclamación automática por ley del ganador de las elecciones si no había un candidato alternativo. Finalmente, como se sabe, el candidato socialista llegó al poder con un pacto que superaba el precedente de Ada Colau, investida de la mano de la derecha de Manuel Valls: un acuerdo PP-Barcelona en Comú-PSC para impedir que Barcelona tuviera un gobierno independentista de Junts y ERC.
Tres años después, su mandato se ha consolidado como un ejercicio constante de equilibrismo: capacidad de gestión y ejecución, pero con dificultades recurrentes para traducir esta acción en grandes acuerdos estructurales. El gobierno del PSC, también condicionado por la política española y catalana, ha funcionado desde el primer momento en minoría, dependiendo de pactos variables con ERC y Barcelona en Comú, y con una oposición que no ha facilitado mayorías alternativas, pero que de tanto en tanto ha ofrecido la mano al alcalde. Con 10 concejales, el PSC entra en el último año de mandato con las encuestas a favor y con algunos triunfos importantes, pero también con carpetas abiertas que probablemente no podrá dejar cerradas antes de mayo de 2027.
Presupuestos: salvado por la ley
La debilidad aritmética y política del gobierno de Jaume Collboni se explica muy gráficamente por la ausencia de una fotografía de presupuestos aprobados. En los tres ejercicios desde 2023, el PSC no ha podido aprobar por la vía ordinaria ni un solo presupuesto, y ha tenido que recurrir a la moción de confianza, la prórroga presupuestaria y, nuevamente, la moción de confianza. Y terminará el mandato en 2027 con una segunda prórroga. El PSC se ha salido con una herramienta excepcional que permite validar las cuentas sin una mayoría explícita, pero que evidencia la fragilidad política del ejecutivo. De hecho, el único aspecto relevante es el apoyo de ERC a las cuentas, convirtiéndose en el gran aliado de Collboni. Ahora bien, a pesar de estas dificultades, el gobierno ha conseguido mantener un alto nivel de ejecución presupuestaria, lo que le ha permitido desplegar políticas públicas e inversiones con relativa normalidad.
Ordenanzas fiscales: una victoria clara
Sin dejar las cuestiones económicas, el principal éxito político del alcalde Collboni en esta carpeta ha sido la aprobación de las ordenanzas fiscales, que se han convertido en el pacto más estable del mandato. El acuerdo con ERC y Barcelona en Comú ha permitido introducir cambios relevantes en la política tributaria municipal con una clara orientación redistributiva. Entre las medidas más destacadas está el incremento del IBI a los hoteles de lujo, el aumento de tasas a los autocares turísticos y una presión fiscal más elevada sobre actividades vinculadas al turismo intensivo. Estas medidas responden a una doble voluntad: aumentar ingresos y modular el impacto del turismo sobre la ciudad.
Además, el acuerdo incorpora compromisos políticos relevantes, como la reducción de terminales de cruceros, un elemento simbólico en el debate sobre el modelo económico de Barcelona. Este pacto fiscal ha sido posible gracias a la coincidencia ideológica puntual entre las tres fuerzas de izquierda en el pleno, pero no ha tenido continuidad automática en otros ámbitos.
Vivienda: diagnóstico compartido, soluciones divergentes
La vivienda se ha mantenido como una de las grandes prioridades del mandato, pero también como uno de los principales focos de fricción política. El gobierno de Collboni ha impulsado medidas parciales, como la regulación de los alquileres de temporada, para evitar su uso fraudulento, y ajustes urbanísticos para facilitar promociones. También ha puesto sobre la mesa una estrategia a medio plazo para reducir el número de pisos turísticos, con el objetivo de recuperar vivienda para uso residencial.
Sin embargo, la gran reforma pendiente es la modificación del 30% de vivienda protegida, una norma impulsada durante el mandato de Ada Colau que obliga a destinar un porcentaje de nuevas promociones a vivienda asequible. El gobierno socialista ha defendido flexibilizar esta medida, por ejemplo, concentrando el porcentaje en otras ubicaciones o introduciendo compensaciones, con el argumento de que la actual regulación ha frenado la promoción privada. Pero Barcelona en Comú se ha opuesto frontalmente, considerándola una línea roja. Este desacuerdo ha impedido una reforma estructural y ha dejado el debate en punto muerto, a pesar de que existe un consenso amplio sobre la gravedad de la crisis de vivienda.
Uno de los puntos fuertes del mandato es la capacidad de mantener el ritmo inversor. El ejecutivo del PSC ha conseguido aprobar proyectos estratégicos como la conexión del tranvía por la Diagonal -con los votos de ERC y BComú- así como inversiones en transporte público, servicios sociales y vivienda. También se han desarrollado políticas en ámbitos como la seguridad, la limpieza o la convivencia, con un enfoque más pragmático que ideológico, en línea con el perfil del PSC.
La ordenanza de civismo: acuerdo con Junts y ERC
Uno de los frentes relevantes del mandato ha sido la aprobación de la revisión de la ordenanza de civismo de Barcelona, una normativa clave que regula comportamientos en el espacio público, ruidos, uso de patinetes, venta ambulante o conductas incívicas vinculadas también a la actividad turística. Y aquí hay una fotografía relevante, en la que el PSC suma ERC y Junts simultáneamente. Veinte años después de la primera normativa, el Ayuntamiento ha actualizado una normativa que consideraba obsoleta por el aumento de turismo masivo, la expansión de los vehículos de movilidad personal y los cambios en los usos del espacio público. Collboni ha conseguido los votos de Junts y de ERC con una propuesta que resiste las presiones a uno y otro lado: la demanda de más control y sanción en situaciones de incivismo (ruidos, uso inadecuado del espacio público, actividades no reguladas), y la necesidad de no criminalizar determinados colectivos vulnerables, como el top manta o ciertas formas de uso social del espacio urbano.
Reformas estancadas y límites del mandato
Más allá de la reforma del 30%, otras iniciativas han quedado estancadas o en fase de negociación permanente. Es el caso de la funeraria pública, de medidas más contundentes para limitar el turismo o de determinadas reformas urbanísticas. Estas dificultades responden a un escenario en el que cada socio potencial impone condiciones difíciles de compatibilizar. Los Comunes han defendido mantener el legado de Ada Colau, mientras que ERC ha adoptado una posición más flexible pero también exigente. Dos piezas del rompecabezas de la mayoría absoluta que no encajan, y que han dado lugar a una gobernabilidad basada en acuerdos puntuales, pero sin una perspectiva compartida a largo plazo. A estas alturas, y pensando en las elecciones de 2027, solo parece dibujada una alianza posible entre el PSC y ERC.
Una alianza que, de no ser por las batallas internas dentro de ERC, ya habría cristalizado este mandato. De hecho, republicanos y socialistas habían hecho públicas las líneas maestras de un acuerdo de gobierno el 12 de junio de 2024. Al día siguiente, la militancia estaba convocada a votar este acuerdo, pero en el último instante la Federación de Barcelona suspendió sine die el Congreso extraordinario y el pacto quedó en un cajón. A partir de entonces, la crisis interna en ERC nacional y también en la Federación de Barcelona, con dos elecciones en solo un año, ha hecho imposible materializar este acuerdo. Ahora, con Elisenda Alamany al frente de la candidatura de ERC y como número dos de Oriol Junqueras, un escenario de pacto con el PSC en 2027 es más factible.
En cuanto a Barcelona en Comú, el mandato comenzaba con una insistencia diaria de Ada Colau de sumarse al gobierno de Collboni con ERC con la fórmula del tripartito, pero el alcalde, y también el PSC, veían justamente en la exalcaldesa el gran escollo para cualquier acuerdo de gobernabilidad. Cuando Colau se retiró, con Janet Sanz al frente, tampoco se produjo un acercamiento relevante, y de hecho, el partido ya tiene nuevo candidato para 2027 y parece que su estrategia pasa por desmarcarse del PSC y no por jugar la carta de la muleta que históricamente había jugado esta órbita antes de Colau.
De cara al tramo final del mandato, el gobierno aún tiene margen para aprobar medidas parciales, especialmente en materia de vivienda o modificaciones presupuestarias puntuales. También podría intentar un último acuerdo de presupuestos, aunque la falta de confianza con los posibles socios -BComú y Junts- lo dificulta mucho. En cambio, las grandes reformas estructurales, como la modificación del 30% o cambios profundos en el modelo turístico, tienen escasas probabilidades de prosperar sin un cambio en el equilibrio político. Y eso pasaría por las urnas en 2027.
El balance de los tres años de gobierno de Collboni se puede resumir en una dualidad clara. Por un lado, un ejecutivo capaz de gestionar, ejecutar y mantener la ciudad en funcionamiento con niveles de inversión elevados. Por otro, un gobierno limitado por su debilidad aritmética, incapaz de consolidar una mayoría estable -ni con ERC y BComú ni con Junts- y de impulsar transformaciones de gran alcance. Esta combinación ha definido un mandato más centrado en la continuidad y la administración del día a día que en la transformación profunda de la ciudad prometida. En cualquier caso, los barómetros y encuestas apuntan a una victoria del partido del alcalde.
