Todo era un ir y venir nervioso este martes por la tarde en el número 10 de la calle Villarroel. Una treintena de personas acudían al llamado del Sindicato de Inquilinas, que había solicitado colaboración para llevar a cabo una primera tanda de brigadas informativas. El objetivo de esta iniciativa era claro: concienciar a los inquilinos de fincas que son propiedad de un gran tenedor o de entidades bancarias sobre la importancia de hacer frente común para evitar abusos inmobiliarios y que se especule con sus viviendas. En una de las salas de la sede de la entidad, una voluntaria ofrecía una pequeña formación a las personas que iban a participar en este puerta a puerta. «Vivimos ahogados. Que la mitad de nuestro sueldo se vaya en el alquiler no es normal. Debéis transmitir esto a los vecinos e intentar convencer a todos para que vengan el día 23 de noviembre a la manifestación por la bajada de los alquileres», señalaba la formadora, que tenía escrito en una pizarra detrás suyo la ubicación de los edificios objetivo y los pasos a seguir.
Esta primera jornada de brigadas se centraba en una veintena de bloques, tres de los cuales de La Caixa y el resto propiedad de una empresa familiar con un largo historial de irregularidades que gestiona más de una treintena de fincas en la capital catalana, la mayoría en el distrito del Eixample. El TOT Barcelona acompañó a uno de los equipos que peina los inmuebles de este segundo grupo, en concreto los que están ubicados en los barrios de Sant Antoni y de la Nova Esquerra de l’Eixample. La alineación titular la conformaban tres miembros del Sindicato y dos vecinos de la zona que han sufrido en su propia piel los efectos de esta especulación y abusos inmobiliarios. El caso más flagrante es el de Josep Torrent. Este hombre de 49 años es uno de los vecinos de la Casa Orsola, un bloque que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la especulación en el Eixample. Él fue el primero de los inquilinos que tuvo que responder ante la justicia después de que su contrato de alquiler venciera el 30 de abril de 2022.
Después de dos lanzamientos suspendidos y un periplo judicial de casi dos años, la Audiencia de Barcelona ordenó finalmente el desalojo del piso donde ha vivido durante más de dos décadas. La sentencia es firme desde hace un par de semanas. «La fecha será en enero o febrero y, si lo queremos detener, tendremos que hacerlo en la puerta», apunta, lamentando que después de su desalojo vienen al menos otros tres de vecinos de la misma finca. A su lado, Lourdes Malla lo escucha atentamente. Esta mujer es precisamente inquilina de uno de los edificios propiedad de la empresa familiar en la que se centraba la brigada de este martes. «A nosotros nos cobraron 1.300 euros en honorarios [una práctica prohibida por Ley]. No podíamos tocar nada del contrato, pero tuvimos que aceptar porque, si no, nos quedábamos sin piso», asegura. Gracias a un folleto del Sindicato bajo la puerta, se enteró de que su caso no era aislado y pudo recuperar el dinero. «Cada uno pensaba que solo le pasaba a él, pero era a todos los vecinos«, recuerda. Ambos casos son ejemplos de la fuerza que pueden ejercer las comunidades de vecinos si hacen frente común contra este tipo de irregularidades.
Una indignación latente
Comenzamos la ruta por una finca de la calle Sepúlveda. Mientras los miembros del Sindicato cuelgan carteles en la calle anunciando la manifestación del 23 de noviembre, Josep y Lourdes se estrenan en este puerta a puerta llamando por el interfono a uno de los pisos del bloque armados con un montón de folletos que aún olían a recién impresos. Hacen falta tres intentos para conseguir que alguien les abra la puerta. Comienzan por el cuarto piso, donde se encuentran con un vecino que ha sufrido las malas prácticas de la compañía propietaria. «Tenemos problemas de humedades y es imposible contactar con ellos«, lamenta. La misma escena se repite con varios de los inquilinos del inmueble y todos se muestran dispuestos a acudir tanto a una reunión específica sobre las irregularidades que sufren las fincas propiedad de este gran tenedor -como la falta de mantenimiento o la aplicación de cláusulas abusivas- como a la concentración por la bajada de los alquileres. «Allí estaremos», responde con entusiasmo otro de los afectados.
El trayecto hacia la siguiente parada del recorrido se convierte en un intercambio improvisado de reflexiones sobre la realidad de la vivienda en la ciudad. «Cuando llegué de Manresa hace seis años, una habitación en Barcelona te costaba 300 euros. Ahora ya no baja de los 600… Es bien cierto que ya no trabajas para tu jefe, sino para el propietario de tu piso«, afirma Lourdes. «Hemos normalizado que un alquiler de 800 euros sea una ganga. Parece que nos quieran condenar a la precariedad», replica Josep. Vivir de primera mano los efectos de la especulación y las malas prácticas inmobiliarias fue lo que llevó a estos dos vecinos a tomar parte en las diferentes acciones que impulsan desde el Sindicato. Este martes, sin embargo, no solo colaboran como voluntarios, sino como prueba fehaciente del poder que se puede ejercer a través de la organización vecinal.
El desgaste y la precariedad son vecinos
Espoleados por el éxito con la primera finca y ya convertidos en unos oradores que abordan en sincronía a su interlocutor como si fueran los mejores de los comerciales, inician la segunda tanda del puerta a puerta. Es un edificio de la calle Tamarit, cerca del Paral·lel. Una entrada de apariencia señorial esconde una serie de desperfectos estructurales en el edificio y una falta de mantenimiento que los diferentes vecinos consultados se encargan de confirmar. «¿Aquí? No han hecho nada de nada [los propietarios]. Tengo grietas por todas partes, humedades… ¿Veis este suelo? -dice señalando un magnífico mosaico de baldosas hidráulicas que se extiende bajo un techo efectivamente lleno de grietas. Si lo tengo como lo tengo es porque me he gastado mi dinero», explica una de las inquilinas veteranas del inmueble. La mujer llegó el año 1981 y, a pesar de tener un contrato de renta antigua, ha visto cómo en los últimos años le subieron más del 12% el alquiler, entre otras cosas por la instalación del ascensor. «Cuando entré pagaba 10.000 pesetas porque no teníamos ni baño completo. Aquí ha nacido mi hija y he vivido los últimos 43 años. He visto cómo se vendían la finca en 2010 a los nuevos propietarios, cómo sufríamos durante cuatro años un piso turístico en el piso de enfrente… Yo ya he batallado bastante y me he llevado muchos golpes. ¿Para qué servirá hacer ahora más ruido?«, reflexiona.
«Precisamente para que todo esto no sea en vano. Nosotros hemos visto cómo si los vecinos nos unimos se pueden conseguir cosas. Si nos ponemos todos de acuerdo, no nos pueden hacer nada», le responde Lourdes. A pesar de las reticencias iniciales, la mujer acaba comprometiéndose a acudir a la manifestación del 23 de noviembre. Un piso abajo, nuestros voluntarios se encuentran con una pareja afectada por el caso de los honorarios a quienes aún no han devuelto el dinero y que gracias a esta visita reclamará el importe que le corresponde. En el mismo rellano, una mujer responde a la llamada asomando la cabeza por la puerta entreabierta. A sus pies, una niña pequeña observa la escena con curiosidad. «Yo no soy la titular, estoy alquilando una habitación«, dice la vecina, que parece tener prisa por terminar la conversación. Lourdes y Josep se miran como si hubieran estado esperando un escenario como este toda la noche y él sin dudarlo toma la palabra. «Es importante que personas en una situación como la vuestra vengan a la manifestación. Ninguna familia con niños pequeños debería vivir alquilando una habitación en un piso«, señala mientras le entrega uno de los folletos.
