Los Mossos d’Esquadra han desalojado este jueves a una familia con contrato de alquiler de un bloque de pisos del Raval. En concreto, los afectados eran los únicos inquilinos que resistían en el número 24 de la calle del Tigre, un edificio de principios del siglo XX que en menos de un año ha quedado completamente vacío después de que el Ayuntamiento de Barcelona advirtiera al propietario que debía tomar medidas para mantener en buen estado el inmueble y evitar derrumbes. El titular mayoritario del edificio, Jordi Gelida, solicitó medidas cautelares para desalojar a los inquilinos alegando riesgo estructural y que las viviendas eran inhabitables, un extremo que un informe municipal niega. Sin embargo, este documento no evitó que siete familias fueran desalojadas el pasado enero y que una más lo haya sido hoy.
Tanto los inquilinos desalojados hace unos meses como la familia de Èlia, los últimos en abandonar el edificio después de vivir allí durante más de cuatro décadas, eran conscientes de que los pisos necesitan una reforma urgente, pero no querían marcharse sin tener una alternativa ni garantías de que luego podrían regresar a sus hogares, tal como marca la ley. Esta negativa de los afectados a abandonar las viviendas sin garantías se entendió como un motivo de ruptura de contrato por parte de la propiedad, que alega que sí les ofreció un piso alternativo y que los denunció. Finalmente, todos los vecinos se han visto en la calle sin una solución alternativa, más allá de los alojamientos de urgencia que ofrecen temporalmente los servicios sociales municipales.
Dos informes contradictorios
El origen del problema de estos vecinos lo encontramos en la muerte de la antigua propietaria del edificio, en mayo de 2025. Tanto este inmueble como otro cercano pasaron a manos de los descendientes, que pusieron a un miembro de la familia como administrador. Es aquí cuando, en cumplimiento del requerimiento municipal, se iniciaron una serie de obras en los pisos que -según denuncian los afectados- no tenían la licencia correspondiente. La intención de la propiedad era vaciar el bloque para hacer una reforma a fondo. Inicialmente, se pretendía realojar a los inquilinos en las viviendas vacías, opción que se acabó descartando.
A principios de octubre, los inquilinos recibieron una notificación informándoles de que debían dejar las viviendas antes del 1 de enero de 2026 por este riesgo estructural alegado. La postura de la propiedad se basaba en un informe de arquitectura privado que determinaba este peligro de derrumbe. Ante esta presión, varias familias optaron por abandonar sus domicilios y buscar alternativas. Las que se quedaron esperando un realojamiento con garantías son las que terminaron denunciadas y desalojadas. Es importante remarcar que un informe de los Bomberos de Barcelona, que concluye que, a pesar de los puntales, no hay peligro de derrumbe inminente del inmueble. En concreto, el documento indica que «se necesitan medidas de reacondicionamiento del inmueble, pero no hay un riesgo inminente en el edificio».
