Una vecina del barrio de Vallcarca, la Dolores, de 64 años y con una discapacidad del 82%, denuncia que ya hace más de catorce años que está a la espera de poder entrar en un piso protegido, y que, por estos motivos, «se ha visto obligada a ocupar». La barcelonesa critica el «trato inhumano» que ha recibido por parte de los Servicios Sociales y la Oficina de Vivienda de Barcelona: considera que «han fracasado» en la hora de garantizar sus «derechos básicos». De hecho, en los últimos tres años la Dolores ha sufrido 2 desahucios y continúa sin haber recibido el piso de protección social que tenía adjudicado segundos afirma el Sindicato de Vivienda de Vallcarca.
Desde la organización sindical denuncian esta situación y la tildan de «violencia y abandono institucional»: «En estos años me habéis jodido la salud y la vida y continúo esperando», sentencia con contundencia Dolores esta mañana en una concentración que se ha hecho a las puertas de la sede de Distrito de Gracia. Ahora bien, el mensaje de la vecina del barrio de Vallcarca no se corresponde con la visión del Ayuntamiento. Fuentes municipales afirman que se le concedió un inmueble en 2014, pero que lo perdió porque «surgieron dificultades para tramitar el expediente».
Una vida de inconvenientes
La Dolores, que llegó al barrio de Vallcarca a finales de los años 90, alquiló un piso en el barrio el 2004. En este piso vivió 15 años, pero antes, el 2009, ella ya se inscribió a la lista de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial porque el piso donde vivía era «pequeño, antiguo y sin cédula de habitabilidad». Durante estos años, su salud fue empeorando hasta el punto que, actualmente, tiene reconocido un grande de discapacidad del 82%.
Según han explicado desde el Sindicato de Vivienda del barrio de Vallcarca, a la Dolores le adjudicaron un piso protegido el 2014, pero que ella no pudo visitar el piso y hacer las gestiones pertinentes para aceptarlo porque estaba ingresada en el hospital en estado convaleciente. «A pesar de que sus asistentas sociales estaban al corriente de la situación, la administración desestimó su caso por no haber formalizado el contrato», afirman desde el Sindicato. “Esta vulneración de los derechos básicos de la Dolores fue la primera de una serie de carencias y maltratas sufridos durante casi diez años que le han causado graves problemas de salud mental y física”, concluyen.
