Un menor de quince años murió a tiros en el parque de la Pegaso, en el distrito de Sant Andreu. Era el titular del pasado día 3 de julio en boca de los barceloneses horrorizados por la noticia. Una situación que desbordaba las continuas noticias de homicidios y, sobre todo, de episodios con uso de armas de fuego. Los Mossos d’Esquadra tardaron pocas horas en detener al sospechoso que habría disparado al menor. El impacto social de la noticia, sin embargo, obligó a la policía de la Generalitat a convocar una rueda de prensa, con el entonces director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, y su mano derecha operativa, el intendente Toni Rodríguez.
Una comparecencia en la que Trapero pidió el endurecimiento de penas por tenencia de armas. “No puede ser que España tenga una de las penas más bajas por tenencia de armas de fuego”. Pero esa medida penal no era la única. Había otra más fácil y evidente que no implicaba reformar o endurecer el Código Penal y que solo dependía de las instituciones catalanas se puso sobre la mesa. En concreto, instalar cámaras de seguridad en un parque con alta afluencia de gente y donde es relativamente sencillo que se celebren encuentros. Pero, la solución tampoco fue tan rápida como el consistorio que preside el alcalde Jaume Collboni habría deseado, porque, de hecho, ya habían hecho la petición mucho antes. La autorización llegó el 8 de agosto, pero las obras para instalar los aparatos aún no han comenzado, apuntan fuentes municipales.

El Ayuntamiento pidió antes la instalación de las cámaras
Concretamente, el Ayuntamiento había pedido instalar cámaras el 18 de mayo, un mes y medio antes del homicidio con arma de fuego. Una autorización que no llegó hasta el 8 de agosto de 2026, más de un mes después de la tragedia. Lo confirma una respuesta parlamentaria de la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, a la que ha tenido acceso el TOT Barcelona. Una contestación en la que no se está de resaltar las dificultades burocráticas para poner sistemas de seguridad preventiva no solo en Barcelona sino en todos los municipios del país. En total, tres meses para poder obtener el permiso de instalación de cámaras de seguridad, en un recinto donde, precisamente, se registró un trágico incidente como es la muerte de un joven por un disparo.
Unas pistas deportivas, el problema
Parlon en la respuesta parlamentaria, en formato de informe, deja claro que es la Dirección General de Administración de Seguridad del Departamento de Interior y Seguridad Pública (DGAS) el órgano competente para autorizar la instalación de cámaras fijas de videovigilancia en espacios públicos, con el informe previo, preceptivo y vinculante de la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña, formada por la presidenta del TSJC, el fiscal superior de Cataluña, representantes de la Generalitat a propuesta de Interior, representantes de la administración del Estado y representantes de las entidades municipalistas. Una obligación normativa para garantizar la funcionalidad y la legalidad de la protección de datos personales de este sistema de videovigilancia.

Según explica la consejera, la Dirección General informó que el 18 de mayo de 2026 el Ayuntamiento de Barcelona presentó la solicitud de instalación de cámaras de seguridad en el parque de la Pegaso. Una petición que fue tratada por la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña en la primera reunión celebrada tras su presentación, el 27 de mayo de 2026. Es decir, nueve días después. Pero la velocidad de crucero de la petición se detuvo de golpe.
Los integrantes de la comisión fruncieron el ceño al proyecto presentado. En su dictamen negativo razonaban que dos de las cámaras proyectadas captaban unas pistas deportivas frecuentadas por menores de edad. Por lo tanto, y siguiendo la ley, son espacios que tienen “la consideración de especialmente protegidos”. En consecuencia, acordó posponer la adopción de un pronunciamiento sobre la solicitud hasta que se “valoraran soluciones tecnológicas que permitieran garantizar un equilibrio adecuado entre los fines de seguridad perseguidos y el derecho a la privacidad de los usuarios”.

Un informe complementario
En la siguiente reunión, del 22 de julio de 2026, la Comisión volvió a analizar la documentación inicial aportada y también un informe complementario presentado por el Ayuntamiento en el que se acreditaba la adopción “de una solución tecnológica” destinada a preservar la privacidad de los usuarios de las pistas deportivas. Es decir, un cambio de orientación. La comisión, finalmente, informó favorablemente la solicitud de instalación de este sistema de videovigilancia en el Parque de la Pegaso. En consecuencia, el 8 de agosto de 2026, la Dirección General de Administración de Seguridad autorizó la instalación.

Parlon, sin embargo, recuerda, en su informe que el régimen jurídico de la videovigilancia policial se fundamenta en un marco normativo integrado principalmente por la normativa orgánica estatal, que regula tanto los principios de utilización de estos dispositivos, como el procedimiento para su autorización. Un hecho que obliga a ser minuciosos donde se disponen estos sistemas.
En todo caso, resalta que este marco normativo tiene por objeto «conciliar las necesidades de seguridad ciudadana con la protección de los derechos fundamentales, especialmente los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales, mediante un sistema de autorización y control que requiere acreditar la existencia de circunstancias objetivas que justifiquen la instalación de los dispositivos». En el caso del parque de la Pegaso, además, de la alta concurrencia se añadía la muerte del menor del mes de julio.

Solo dos desautorizaciones
En la misma respuesta, se añade que desde la DGAS pocas veces se ponen impedimentos o prohíben la instalación de las cámaras. En este sentido, Parlon subraya que de las 100 solicitudes de instalación de nuevos sistemas fijos de videovigilancia examinadas por la Comisión durante el año 2025, solo dos fueron objeto de un informe desfavorable. Asimismo, ninguna de las 142 solicitudes de renovación de sistemas de videovigilancia previamente autorizados fue informada desfavorablemente por la Comisión. Es decir, se renovaron sin problemas y avalaban la necesidad. De hecho, los Mossos admiten que gracias a las cámaras de seguridad, desde la División de Investigación Criminal han resuelto muchos de los crímenes cometidos en la ciudad.
