El Ayuntamiento de Barcelona ha expulsado a dos agentes de la Guardia Urbana por haber robado 4.000 euros en efectivo. Concretamente, la sentencia judicial habla «de un delito menos grave de hurto con la circunstancia de prevalencia de carácter público», según los datos que ha facilitado el consistorio a TOT Barcelona. Fuentes municipales han explicado que una vez la sentencia es firme, el Ayuntamiento retomó el expediente disciplinario que había quedado suspendido mientras se resolvía la causa penal. «La instrucción concluyó con una propuesta de separación del servicio, la sanción disciplinaria más grave prevista para funcionarios, que conlleva la pérdida de la condición de funcionario».
Las expulsiones de los dos agentes figuran en los acuerdos de la comisión de gobierno del 23 de julio (puntos 39 y 40) publicados este viernes en la Gaceta municipal. El texto dice que se impone «la sanción de separación del servicio» a los dos funcionarios. El Ayuntamiento considera que el delito cometido es una infracción disciplinaria de carácter muy grave, de acuerdo con el artículo 48.1 e) de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales de Cataluña, que tipifica como falta muy grave cualquier conducta o actuación constitutiva de delito doloso.
Denuncia a los Mossos y expediente disciplinario
Los hechos se remontan a febrero de 2018, cuando dos personas de nacionalidad china quedaron en Barcelona para realizar una operación de cambio de divisa. La investigación determinó que durante una actuación policial los dos agentes de la Guardia Urbana se quedaron 4.000 euros que llevaba una de las personas implicadas, han detallado fuentes municipales. El delito fue denunciado a los Mossos d’Esquadra «y, a raíz de esta denuncia, la Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI) de la Guardia Urbana inició una investigación que permitió identificar a los dos agentes y se comenzó un expediente disciplinario».
Después del procedimiento judicial, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó el 26 de febrero de 2026 a los dos agentes como autores de un delito menos grave de hurto con la circunstancia de prevalencia de carácter público. La resolución supone para los dos expolicías una pena de seis meses de prisión, la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la obligación de indemnizar a los perjudicados.
Así que el Ayuntamiento conoció la sentencia firme, retomó el expediente disciplinario suspendido hasta que se hubiera resuelto la causa penal. La instrucción del expediente disciplinario ha terminado con la expulsión de la Guardia Urbana de los dos agentes.
