El debate sobre la situación del catalán en el comercio y la restauración de Barcelona ha sumado un nuevo capítulo en las redes sociales. La creadora de contenido Marta Robli ha difundido un vídeo en el que comprueba directamente la presencia de la lengua catalana en los establecimientos de la avenida de Joan de Borbó, en el barrio de la Barceloneta, y los resultados han vuelto a encender las alarmas sobre el retroceso del catalán en la atención al público en la capital. La joven propone en la grabación el reto de recorrer un kilómetro por cada establecimiento donde encuentre información o atención en catalán. Sin embargo, la trayectoria y las primeras visitas evidencian la dificultad para encontrar menús, rotulación o personal capacitado para atender en la lengua propia del país en la principal arteria del barrio marinero de la capital catalana.
Su ronda de reconocimiento incluye multinacionales como Alehop Sixt o Burger King, además de otros negocios de restauración, tiendas de fundas de móvil o supermercados. Uno de los momentos más ilustrativos del vídeo es cuando pregunta al trabajador de un local de restauración si dispone de carta en catalán, y la respuesta es fulminante: «¿Qué, qué quieres de catalán? Estamos en España». Una frase que resume la resistencia o el desconocimiento directamente instalado en muchos comercios de zonas con una alta presión turística. Este tipo de respuestas contrastan con el marco legal actual. El Código de Consumo de Cataluña establece claramente que los consumidores tienen el derecho de ser atendidos en catalán y que la información de carácter fijo (como las cartas, menús o rótulos de los establecimientos abiertos al público) debe estar disponible, al menos, en lengua catalana.
«Las chicas no entendían el catalán, pero el etiquetado está en catalán», «el Sixt de alquiler de coches: español, alemán, inglés, francés, italiano y neerlandés», son algunos de los comentarios que hace la influenciadora después de entrar a establecimientos. Robli lamenta que «ninguno de estos negocios de la Barceloneta están pensados para que los consumamos la gente de aquí», y después de su ronda de reconocimiento por la Barceloneta concluye que «menos de la mitad de los negocios que hemos entrado ofrecen o tienen un servicio en catalán». En total, solo 8 de los 19 negocios visitados ofrecen o tienen el servicio en lengua catalana. «Tocará correr muy poco y con mucha pena», admite la corredora, y asegura que repetirá este experimento en otros barrios de Barcelona.
Indignación en las redes y colaboración de Plataforma per la Llengua
El vídeo ha acumulado miles de reproducciones y decenas de comentarios de usuarios que han expresado su indignación por la vulneración de derechos lingüísticos que padecen diariamente los catalanohablantes en Barcelona. Muchos de los comentarios denuncian la falta de inspecciones y el poco celo de la administración por hacer cumplir las normativas de consumo existentes, lo cual favorece que muchos comercios incumplan los derechos lingüísticos de la ciudadanía sin ninguna consecuencia. «Lo que se debería hacer es no dar licencia de apertura si no se demuestra que la rotulación, externa, interna y de la carta está en catalán. Tantas leyes que hacen para poner trabas al pequeño comerciante y a estos no les prohíben nada», lamenta un usuario, y otro añade: «¿Sabéis cómo se podrían recaudar bastantes dinero? Exacto, multando todos estos negocios».
El coordinador de Empresa y Consumo de Plataforma per la Llengua, Xavier Dengra, ha ofrecido a la creadora de contenido ir un paso más allá con su acción. En un comentario, la invita a enviar los audios «de las empresas que se han mostrado catalanófobas» con detalles sobre los establecimientos a la ONG del catalán para hacer un «requerimiento legal previo a la denuncia administrativa». Preguntada por qué no ha emprendido ninguna acción, la creadora de contenido alega que no lo hizo porque acabó “agotada de tener que batallar en cada restaurante». Con todo, detalla que les informó que la ley obliga como mínimo a rotular en catalán y lamenta que «muchos no conocían la ley». «También comenté que pasaría en una semana para ver si habían aplicado lo que había dicho», concluye.
