La comisaría de la Policía Nacional de la Via Laietana ha sido declarada oficialmente Lugar de Memoria Democrática. Lo recoge este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, el edificio continuará teniendo los usos actuales, como sede de la policía española en el centro de Barcelona, recoge la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del 13 de julio. La decisión que se tomaría ya se había decidido hace un año, tal como explicó el TOT Barcelona. Las entidades memorialistas consideran «intolerable» que el edificio continúe funcionando como dependencias policiales y reivindican que funcione íntegramente como centro de memoria.
El gobierno español habla abiertamente de que, desde 1941, la comisaría funcionó como centro de la «represión política franquista» en Barcelona y Cataluña. «Por sus celdas insalubres y saturadas, pasaron cientos de antifranquistas que sufrieron toda clase de torturas en los interrogatorios». El ministerio dice que con la declaración se hace «un acto de justicia y reparación hacia todas aquellas personas que sufrieron detenciones arbitrarias, maltratos, torturas o incluso la muerte a consecuencia de su defensa de la libertad y de los derechos fundamentales o por ser consideradas contrarias al modelo social impuesto por la dictadura franquista». La declaración responde a una reivindicación histórica de entidades memorialistas y partidos catalanes.
«La declaración como Lugar de Memoria Democrática no altera el uso actual»
De todas maneras, el texto decía muy claro que los policías españoles continuarán en Via Laietana, 43. «La declaración como Lugar de Memoria Democrática no altera el uso actual». En todo caso, cualquier uso que se dé al edificio «deberá ser compatible con las medidas propuestas de preservación de la memoria de las violaciones de los derechos humanos para que no vuelvan a repetirse, el reconocimiento y reparación moral de las víctimas y la defensa de los principios de justicia, verdad y reparación», subraya el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. La resolución del ministerio dice que no se prevé ninguna medida especial de protección para el edificio, pero sí se realizará un trabajo de difusión e interpretación.
Críticas de las entidades memorialistas
Una larga lista de entidades memorialistas han criticado la decisión del gobierno español. Ven del «todo intolerable» que el edificio continúe funcionando como dependencias policiales y lo califican de «cortina de humo». «Un espacio de memoria democrática no puede convivir con las funciones que convirtieron la Prefectura de Via Laietana, 43 en el principal centro de represión del franquismo en Cataluña. Para muchas víctimas y familiares, su uso actual representa una forma de continuidad institucional del silencio, el olvido y la impunidad», dicen en un comunicado. Y añaden: «Tampoco aceptamos que el gesto memorialista se reduzca a colocar una placa o a un reconocimiento simbólico. Via Laietana, 43, sede histórica de la Brigada Político-Social, debe convertirse en un espacio dedicado íntegramente a la memoria y a la interpretación de la tortura. Debe ser un lugar donde las personas que fueron torturadas puedan volver a entrar con dignidad y con una vocación pedagógica, dirigida a las nuevas generaciones y al conjunto de la sociedad. Nada de esto es compatible con la propuesta del gobierno español que mantiene los usos policiales».
Las entidades memorialistas que firman el comunicado son Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo, Asociación Catalana de Personas Ex Presas Políticas del Franquismo, Ateneu Memòria Popular, Comisión de la Dignidad, Comisión de la Memoria Histórica –ICAB, European Observatory on Memories – EUROM, Fundación Cipriano García – CCOO de Catalunya, Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos, Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes y Òmnium Cultural. Estas también denuncian que la resolución del ministerio ha ignorado todas las enmiendas presentadas. «Una desatención que no es nueva y que forma parte de una dinámica que arrastramos desde 2017, cuando el Congreso de los Diputados aprobó pedir al gobierno -español- la reconversión del edificio en un centro de memoria».
