Los vecinos de Nou Barris exigen explicaciones por una actuación policial que sorprendió a decenas de familias en una fiesta vecinal el pasado 28 de agosto en el Parque del Turó de la Peira. Participaban en una de las actividades del programa Turó Amunt, una iniciativa vecinal para “reducir las desigualdades” en el barrio que desde hace meses forma parte del Plan de Barrios del gobierno municipal. La fiesta se desarrollaba en un ambiente lúdico, pero una treintena de agentes de Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Urbana irrumpieron “de forma repentina” y registraron a algunos vecinos. El Ayuntamiento ha admitido que fue una actuación “inoportuna”, pero la ha justificado porque el parque donde se realizaba la jornada “es un punto de intervención prioritaria” de la policía. Los vecinos no tienen suficiente y piden ahora una reunión “urgente” con los mandos “para que no vuelva a suceder”. Fuentes municipales recuerdan que es un operativo liderado por los Mossos y matizan que, de recibir la petición, se les comunicará una respuesta internamente.
El teniente de seguridad, Albert Batlle, justificó la intervención en la última comisión de seguridad con datos: el concejal remarcó el “compromiso” del ejecutivo “con la promoción cultural y de ocio, construida con corresponsabilidad con el tejido vecinal”, pero aseguró al mismo tiempo que ha habido 56 incidentes en dos meses en este parque, algo que “justifica plenamente” las intervenciones policiales. Los vecinos discrepan. “No decimos que no deba haber policía en el barrio, porque hay muchos vecinos que la piden, pero es intolerable que entren de cualquier manera, a cualquier acto, con los caballos por encima”, critica en conversación con este diario, Pep Martí, de la Coordinadora de Entidades de Nou Barris.
Las reuniones posteriores con el distrito tampoco han ayudado a mitigar la frustración vecinal. En un comunicado difundido por la FAVB, las principales asociaciones aseguran que el concejal Xavier Marcè les dijo que este tipo de acciones pretenden encontrar armas blancas y que son habituales en “zonas y barrios conflictivos”. Una afirmación que ha levantado polvareda entre las entidades. “Sabemos que en el Turó de la Peira puede haber delincuencia, pero él me puede asegurar que en el Eixample o en Sant Jaume no la hay?”, se queja Martí, que tampoco entiende que el responsable del distrito no tuviera constancia de una actuación que, recuerda el líder vecinal, se hizo en una actividad “que programa el mismo Ayuntamiento”. “Hace dos años que hacemos la actividad y el consistorio la ha incorporado al Plan de Barrios. Los últimos carteles, de hecho, ya no salían los logotipos de las entidades, solo los del Ayuntamiento y del Plan de Barrios”, añade Martí, para remarcar la incoherencia de la acción.
Denuncia de “racismo institucional”
A pesar de que diferentes vecinos se han quejado en los órganos de participación ciudadana de una sensación de inseguridad, el tejido vecinal lamenta que estas propuestas sirvan para “estigmatizar” el barrio. Las entidades usan datos de la Encuesta de Victimización del año 2023 para justificar que Nou Barris es “uno de los distritos más seguros”. El informe expone que el 23,9% de los entrevistados en Nou Barris fueron víctimas de uno o más hechos que han considerado delictivos a lo largo del año, 2,8 puntos menos que en el conjunto de Barcelona (26,7%). “Por lo tanto, lo que pasó fue más que una redada coordinada: fue un acto de racismo institucional, de xenofobia, clasismo y de aporofobia. Señalar los barrios trabajadores de la periferia como “zonas conflictivas” y asociar la migración con delincuencia e inseguridad ciudadana es una práctica peligrosa, injusta y profundamente discriminatoria”, dice el comunicado.
En este sentido, Martí explica al TOT que los agentes “comenzaron a pedir documentación exclusivamente a los asistentes a la actividad que eran sudamericanos y africanos”. El líder vecinal asegura que esta acción generó tensión y que una vecina se enfadó con los agentes y dio “un golpe con la mano en un coche”. Martí también lamenta que la policía detuvo “a un vecino que lleva 16 años viviendo con nosotros” y que ahora enfrenta “una orden de expulsión”. “Criminalizar a nuestros vecinos y vecinas por su color de piel o apariencia atenta contra los derechos humanos y contra los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española, el Estatuto de Cataluña y la Carta Municipal de Barcelona”, recuerda al mismo tiempo el comunicado de la FAVB. Martí también lamenta a quién iba dirigida la acción y recuerda que aún no tienen respuesta sobre si podrán reunirse o no con los jefes de la policía.
